Diferencias bajo la mesa: la intensa convivencia oficialista en medio de la tragedia

Hace una semana, La Moneda y los equipos de los ministros no ocultaron su decepción ante los resultados de la encuesta Cadem que reveló la percepción ciudadana de la reacción de las autoridades ante la emergencia de los incendios forestales, la primera de gran envergadura que enfrenta la administración Boric.

Las felicitaciones internas que se intensificaban en La Moneda -varios ministros recibieron llamados en esta línea del propio Presidente y también de la ministra del Interior, Carolina Tohá- no se condecían con la opinión pública y, para peor, uno de los resultados fue que el “68% cree que el gobierno no adoptó las decisiones de forma oportuna”.

El despliegue ha sido particularmente desgastante para los secretarios de Estado -varios debieron suspender sus vacaciones-, pero ello no se tradujo en mejoras significativas en los niveles de conocimiento ni aprobación de los integrantes del gabinete.

Un reporte interno difundido el martes por la Secom sobre redes sociales y medios de comunicación, además, concluyó que la encuesta “ha cohesionado y reactivado a las comunidades opositoras en redes sociales”, según se lee en el documento.

La frustración pegó fuerte, ya que el diseño elaborado buscaba posicionar en particular a los ministros sectoriales (en general de bajo conocimiento) y a los de áreas políticas peor evaluados, como Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Juan Carlos García (Obras Públicas), Antonia Orellana (Mujer), Diego Pardow (Energía) y la subsecretaria Francisca Perales (Servicios Sociales).

El despliegue de los ministros enlace -encargados de coordinar a los distintos actores en una zona determinada- ha sido seguido minuto a minuto en La Moneda y los de mejor apreciación en las evaluaciones internas, según señalaron en Palacio, han sido García, Jackson, Orellana y Pardow. Un punto bajo lo marcó el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien abrió la polémica por el royalty a las forestales.

En la vereda del frente -en tanto-, los secretarios de Estado resienten lo que califican como cierta improvisación en las bajadas comunicacionales que les presenta la Secom y consideran que los análisis de redes y medios que han recibido son superficiales. Prueba de ello, señalan miembros del gabinete, es la minuta de la Secom aludida anteriormente, en la que se lee que “usuarios adherentes, sin tendencia política explícita y de centro, han manifestado que el gobierno ha tenido una buena conducción de la emergencia. Estas interacciones difunden la opinión del periodista Juan Manuel Astorga y comentarios de analistas políticos que abordan la gestión positiva del gobierno, y este contenido es usado por estas comunidades digitales para reforzar su postura”.

Con todo, en La Moneda confían en que el respaldo ciudadano a la gestión se evidenciará en las semanas que vienen.

El miércoles 15 el subdirector de la Secom, Sebastián Fierro, envió un mensaje de WhatsApp, a los jefes de prensa de los distintos ministerios.

“Importante: sobre regulación y royalty forestal, solo se referirán las vocerías directamente habilitadas. Por favor, consultarnos directamente si tienen dudas. Los ministerios con que ya estamos trabajando la salida, ignorar este mensaje. Abrazos”, se leía.

Fierro no lo explicitaba, pero las “vocerías habilitadas” eran Hacienda, Interior y Economía. Además, se había dado una orden explícita al titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien había abierto la polémica para rectificar sus dichos en los que se había manifestado a favor del gravamen. “Jamás dije que el Ministerio de Agricultura estaba preparando un royalty forestal”, afirmó el viernes 17.

En La Moneda se había instalado rápidamente el temor de que florecieran las dos almas de las coaliciones oficialistas respecto a materias de esta naturaleza y se terminara por abrir un nuevo capítulo en la relación con los empresarios (ver Pulso Domingo).

No estaban equivocados.

Las palabras de Valenzuela -atizadas por la declaración del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien en el marco de las indagaciones sobre el origen de los incendios que azotan el centro-sur del país había asegurado que “en la actual investigación la industria forestal es víctima”- activaron a un sector de Apruebo Dignidad que está lejos de dar el tema por cerrado. Prueba de ello es que en una reunión en la Escuela Gabriela Mistral de Galvarino, donde participaron la ministra Tohá, el ministro Carlos Montes, la encargada de la Reconstrucción, Paulina Saball, y parlamentarios de la zona, la diputada Ericka Ñanco (RD) planteó que está a favor de exigir impuestos adicionales a las forestales y que está trabajando en un proyecto en ese sentido.

La parlamentaria ha estado en conversaciones con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza (RD), y alcaldes de la zona, para evaluar alternativas.

Y en el Frente Amplio creen que los partidos deberían sumarse al debate. “Los momentos de crisis sirven para impulsar cambios y el royalty es algo que debe ser discutido a nivel de los partidos. Si hay un daño o alteración de lugares, es lógico que las empresas tengan que pagar algo”, dice Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social, partido del Presidente, al ser consultada por el tema.

De todas formas, en el Socialismo Democrático también han marcado algunos puntos, pese a que no están de acuerdo con el royalty. En la reunión del martes, el senador Jaime Quintana (PPD) también se mostró partidario de pedir mayor regulación a las forestales y aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención a las autoridades que estaban coordinando ayudas privadas en paralelo a las entregadas por el gobierno: “He aprendido que en tragedias así el mando es uno solo”.

Para seguir profundizando sobre el tema, el jueves de esta semana los senadores Quintana y Huenchumilla cenaron en Temuco junto al ministro Nicolás Grau.

El tema genera inquietud en cierto sector del oficialismo que recuerda que la polémica no fue iniciada por Valenzuela, sino que la había abierto el propio Presidente Boric luego de ser interpelado por vecinos durante su paso por Quillón, en la Región del Ñuble. “No me cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular de la industria forestal”, afirmó el Mandatario. A partir de eso, en los informes de la Secom acusan recibir una presión mediática sobre el tema.

Cuando el debate generaba comentarios cruzados en las filas de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intentó dar por superada la polémica, subiendo la apuesta y remató -el miércoles 15- que no hay antecedentes, ni en 2017 ni en 2019, “de un despliegue de tanta capacidad público-privada para enfrentar los incendios”.

El sábado 4, en un almuerzo realizado en la delegación presidencial de Temuco (ensalada César más una botella de agua), la senadora del Partido Republicano Carmen Gloria Aravena agradeció a las autoridades de gobierno presentes haber decretado toque de queda en las regiones afectadas por los incendios. Mirando al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien dejaría su rol de enlace en la Región de La Araucanía en los días siguientes, le señaló que esta experiencia “se la llevaría en su corazón y difícilmente olvidaría su paso por ahí”. “Así es, no se me va a olvidar”, replicó Jackson.

El ministro de Desarrollo Social quedó a cargo de la coordinación de las ayudas sociales para los damnificados, en un rol complementario del que va a desempeñar como delegada presidencial para la reconstrucción de la zona la exministra PPD Paulina Saball.

En la designación de Saball, afirman en La Moneda, el Presidente buscó no improvisar, consciente de que la reacción ante los incendios forestales que han arrasado el centro-sur del país el mismo gobierno lo ha transformado en un verdadero test de gestión.

La asistente social desempeñó cargos públicos en todos los gobiernos de la Concertación y mantiene estrechos lazos con la expresidenta Michelle Bachelet. Además debió liderar las acciones para reconstruir Valparaíso tras el incendio en los cerros de la comuna en abril de 2014; dirigió el Plan de Reconstrucción tras el terremoto en Coquimbo en 2015; y cumplió la misma función luego del incendio forestal en Santa Olga en 2017.

Aunque la designación de Saball no ha sido criticada desde Apruebo Dignidad, tanto en el PC como en algunos sectores del Frente Amplio reconocen que en conversaciones privadas se ha manifestado la inquietud respecto a que las apuestas del gobierno para enfrentar cada crisis vienen desde el mundo del Socialismo Democrático. Esto ha reflotado la preocupación de que el gobierno de Boric se transforme en lo que llaman en reserva una “Nueva Mayoría 2.0″, en que se impongan los sectores más conservadores a los que tenían una mirada más reformista.

En el Ministerio de Defensa cuentan que uno de los objetivos –no escritos en el programa- encargados por el Presidente Gabriel Boric a la titular de esa cartera, Maya Fernández (PS), fue acercar a las Fuerzas Armadas a su gobierno. Ello, considerando el distanciamiento ideológico que existe entre el Frente Amplio y las instituciones uniformadas, que llegaron a un punto de tensión máxima durante el estallido social.

Cercanos a la ministra aseguran que se estaba avanzado silenciosamente en ese objetivo, pero que no ha sido fácil debido a la constante resistencia que el mundo militar genera en Apruebo Dignidad, como lo han manifestado en las discusiones sobre el estado de excepción en la Macrozona Sur.

Por esto, para la ministra de Defensa los incendios fueron una oportunidad para afianzar las confianzas y relevar ante la ciudadanía el rol del Ejército, la Marina y la Aviación (y también los Bomberos). Por lo mismo, Fernández ha viajado dos veces a las tres regiones afectadas por la catástrofe, acompañando a los militares en Concepción, Talcahuano, Chillán, Quillón, Yumbel, Lumaco, Los Sauces, Capitán Pastene, Purén, Mulchén, Angol y Galvarino. En su entorno aseguran que -a diferencia de otros ministros- su estrategia ha sido darles reconocimiento y notoriedad al trabajo y salidas comunicacionales de las Fuerzas Armadas y ella mantenerse en segundo plano.

Pero también la contingencia ha sido un punto de inflexión para la coalición del Presidente, porque en este debate la presión ciudadana ha anulado cualquier cuestionamiento a la aplicación del estado de catástrofe y del toque de queda.

Un ejemplo de esto es que el miércoles 8, el día en que el gobierno anunció el toque de queda, la directiva de Comunes, partido del Frente Amplio, se acercó a ministras del comité político de La Moneda para solicitar la activación del toque de queda. “Tenemos militantes que lo han perdido todo, hasta sus casas, y esa medida los ayuda a tener más seguridad”, plantearon. La decisión, de todas formas, estaba tomada desde antes y fue anunciada minutos después.

Pero eso no ha neutralizado -por ejemplo- que la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro -en el contexto de la crisis habitacional que tiene el país-, dijo que los terrenos de las FF.AA. y Carabineros que no estén siendo utilizados debieran volver a la administración de Estado.