Dos coaliciones, un gobierno: La prueba de lealtad

–No logro entender cómo nosotros, que somos la coalición basal del gobierno, no apoyamos. Que en Socialismo Democrático sean leales y nosotros no-, dijo Flavia Torrealba, vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que forma parte de Apruebo Dignidad.

El lunes en la noche, antes de que la ministra Izkia Siches anunciara el estado de excepción acotado para el resguardo de las rutas en la Macrozona Sur, se realizó el comité político más tenso desde que el Presidente Gabriel Boric asumió en el gobierno.

La cita, que normalmente se realiza en las mañanas, debió aplazarse hasta la tarde, porque el oficialismo no llegó a acuerdos para aprobar en el Congreso el proyecto de ley de infraestructura crítica, para proteger las rutas.

La molestia venía principalmente de los partidos de Socialismo Democrático, quienes criticaron a sus pares de Apruebo Dignidad por su poco compromiso.

Torrealba apuntó directamente a Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, quien se desmarcó del plan del gobierno.

–Guillermo, se lo digo con respeto, pero me parece impresentable-, le comentó.

También hubo recriminaciones de Natalia Piergentili, del PPD, y de Andrés Santander, del PS.

“Algunos partidos buscan amarrar de manos al Presidente en materias de seguridad”, aseguró Patricio Morales, presidente del Partido Liberal.

Pero no es primera vez que los partidos se enfrentan por su lealtad hacia el gobierno.

El “quinto retiro”, las tensiones con el ministro Giorgio Jackson, las reacciones ante los errores de la ministra Izkia Siches y las diferencias ante el “estado intermedio” que buscó implementar el Ejecutivo han dejado en evidencia que el gobierno no está alineado y que hay grietas profundas entre sus coaliciones, las que hasta les han puesto luz roja a algunas iniciativas.

La postura depende de lo que se discute y la lealtad se ha vuelto en un valor prioritario para un gobierno que no logra alinear a sus filas y que debe luchar diariamente contra díscolos y declaraciones que entorpecen la planificación.

El lunes 21 de marzo, solo 10 días después del cambio de mando, nació la “bancada del quinto retiro” en los pasillos del Congreso. Lo paradójico fue que quienes la crearon pertenecen a Socialismo Democrático - coalición que forma parte del gobierno-, pese a la insistencia del Presidente por frenar la medida que el año pasado, siendo diputado, él mismo apoyó.

La discusión del quinto retiro fue la primera muestra de que ordenar a las coaliciones se venía difícil, incluso dentro de las mismas hubo diferencias entre partidos. Por ejemplo el PS, que estuvo más alineado con el gobierno que el PPD.

De hecho, fueron cuatro diputados del PPD -Marta González, Cristián Tapia, René Alinco y Jaime Araya- quienes contactaron a parlamentarios del Partido de la Gente y de RN para crear la bancada del quinto retiro. Incluso, imprimieron carteles para dar el anuncio.

El PC también enredó las gestiones del gobierno. El 6 de abril, la bancada comunista almorzó con el ministro Giorgio Jackson para sincerar posturas sobre el plan. Ahí Marisela Santibáñez (PC) pidió libertad de acción para aprobar la medida. Su posición era replicada por otros parlamentarios y dirigentes del partido, incluido el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien dijo: “Es impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable”.

La crítica del PC caló hondo en el Ejecutivo, que tenía que buscar soluciones para alinear a sus filas. Tanto, que mientras los ministros Jackson, Camila Vallejo y Mario Marcel entregaban argumentos para frenar la medida en el comité político, el Presidente recibió en su casa del barrio Yungay a la diputada Karol Cariola y a Guillermo Teillier, presidente del PC.

Así se creó el proyecto de retiro acotado del gobierno (que también fue criticado por Jadue) y las negociaciones del Ejecutivo con sus propios partidos se alargaron hasta el día de la votación, el lunes 18 de abril. Algunos parlamentarios, incluso, fueron tratados de traidores por querer aprobar el retiro, como acusó la diputada Emilia Nuyado (PS).

“Aquí hay muchos parlamentarios que buscaban fotitos con Gabriel Boric, nuestro Presidente, pero es oficialista quien defiende el programa, no el que sonríe solo cuando suben las encuestas, esa deslealtad también se paga”, lanzó el diputado Diego Ibáñez (CS).

Y Gael Yeomans (CS), también del partido del Presidente, fue más lejos con su cuestionamiento: “¿Reivindican a Carlos Lorca, pero no son capaces de defender un programa de cambios?”. La pregunta generó mucha molestia en Socialismo Democrático.

Finalmente, la votación demostró poca unidad en el oficialismo: 14 diputados de Socialismo Democrático se desligaron de la petición del gobierno y votaron a favor del proyecto parlamentario. De todas formas, las dos propuestas fueron rechazadas.

La relación con los parlamentarios oficialistas ha sido un dolor de cabeza para el gobierno desde el principio de la gestión de la Segpres de Giorgio Jackson, quien mantenía diferencias con algunos congresistas desde su trayectoria como diputado. Sobre todo con miembros de Socialismo Democrático.

Por eso, el proyecto de amnistía a los denominados “presos del estallido”, uno de los primeros grandes anuncios del gobierno, generó réplicas inmediatas.

“Lo que veo aquí es un acto mañoso del ministro Jackson”, disparó el 22 de marzo el senador Fidel Espinoza (PS) luego de que el ministro anunciara dar suma urgencia al proyecto. El reclamo de los parlamentarios socialistas fue no haber sido avisados de la intención del Ejecutivo sobre un proyecto que les incomoda y que no contaba con los votos para aprobarse.

Las diferencias de Jackson con Socialismo Democrático, sobre todo con el PS, venían desde el proceso de instalación. En enero, antes de asumir, el ministro tuvo una fuerte discusión con el senador Alfonso de Urresti (PS), que terminó en insultos.

Pero las tensiones continuaron. El 22 de marzo Jackson llegó tarde a un almuerzo pactado con la bancada PPD en el Parlamento. Ante eso, el senador Pedro Araya (PPD) reaccionó y aseguró que era “una rotería, una irresponsabilidad y una falta de respeto”.

Esa vez, la respuesta vino de los parlamentarios de Apruebo Dignidad, quienes salieron a respaldar al ministro ante las críticas. “Si creen que solo van a recibir beneficios y no serán solidarios de las decisiones del Ejecutivo, lo lógico es que se cuestionen si amerita ser gobierno en esas condiciones”, dijo el senador Daniel Núñez (PC).

Pero los cuestionamientos no se detuvieron, sobre todo los de algunos congresistas del PPD y el PS, quienes han alegado frecuentemente por el trato “preferencial” que, según ellos, reciben los parlamentarios de la coalición del Presidente.

Por eso fue que el lunes 2 de mayo la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, decidió ausentarse del comité político ampliado en La Moneda, para mostrar el malestar que tenían los parlamentarios de su partido.

No es todo, porque Jackson también sumó un fracaso en su propia coalición. Pese al respaldo inicial del Frente Amplio y del PC, el ministro no logró alinear las posturas en las negociaciones para decretar un “estado intermedio” en la Macrozona Sur. En esa discusión, el 12 de mayo, algunos diputados comunistas alegaron no tener una buena comunicación con la Segpres.

Además, en los últimos días el ministro ha sido llamado a apurar la agenda legislativa del gobierno. De hecho, luego de que se aprobó el proyecto de salario mínimo, Karol Cariola pidió apurar el plan para acortar a 40 horas la jornada laboral.

El rol y los errores iniciales de la ministra del Interior, Izkia Siches, también han puesto a prueba la lealtad de las coaliciones oficialistas con el gobierno.

La jefa de gabinete se sumó con mucho protagonismo al comando desde la segunda vuelta presidencial, lo que despertó diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Además, el hecho de no militar en un partido político -cuestión que entonces era un activo- ha derivado en un acercamiento de Siches con el Socialismo Democrático, para refugiarse en los turbulentos primeros meses de su gestión. Incluso, acudió al “bacheletismo” para reforzar su cartera, con el ingreso de la nueva jefa de gabinete Ana Lya Uriarte.

Los golpes más duros a la ministra han venido del PC. Por ejemplo, el 15 de marzo, luego de que fracasara la visita a Temucuicui, la diputada Karol Cariola fue una de las primeras integrantes del oficialismo en salir a criticar el viaje de Siches. ”No hay que pecar de confiados, acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Poner en riesgo a un equipo ministerial por parte del gobierno es una situación bastante compleja”, dijo entonces Cariola.

Más tarde, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, planteó sus diferencias ante el apoyo de Siches a Carabineros en el Día del Joven Combatiente. “Yo no voy a prestar apoyo a la policía mientras no avancemos en la intervención civil y en su refundación”, dijo el edil, quien se ha convertido en el mayor crítico del gobierno.

Además, en Interior han reaccionado molestos ante la posición de algunos parlamentarios comunistas en los conflictos sociales en los que han tenido que mediar, como por ejemplo el paro de Enap, en el que la diputada Candelaria Acevedo (PC) tuvo un rol en la movilización.

Pero donde más se notó la diferencia en el apoyo de las distintas coaliciones a la jefa de gabinete fue tras el episodio en que Siches, en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, habló de un supuesto avión con migrantes expulsados que habría vuelto a Chile, cuestión que no era verdad. En ese duro momento, los primeros en salir a respaldarla fueron los senadores José Miguel Insulza (PS) y Álvaro Elizalde (PS). También obtuvo apoyos dentro de otros partidos del gobierno, como el diputado Gonzalo Winter (CS). Pero los ministros del comité político optaron por guardar silencio.

De hecho, la vocera Camila Vallejo recién se refirió al tema en la reunión de gabinete del domingo 10 de abril. Ahí ratificó que se iba a realizar un reforzamiento en el Ministerio del Interior, palabras que no fueron bien tomadas por Siches.

Ese mismo día, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), respaldó a la jefa de gabinete. Y, al día siguiente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel (PS), también la defendió.

Así, Siches fue encontrando apoyos dentro de Socialismo Democrático.

La última contingencia que puso a prueba el compromiso de las coaliciones oficialistas con La Moneda fue la discusión sobre el “estado intermedio” -militares comandados por un civil- que propuso el Presidente Gabriel Boric para proteger las rutas de la Macrozona Sur.

Varios integrantes del gobierno se habían declarado y habían votado en contra de resguardar la “infraestructura crítica” con las Fuerzas Armadas, por lo que los parlamentarios, a excepción de los de Socialismo Democrático, se vieron en una encrucijada: apoyar al gobierno o mantener su postura.

“Creemos que los militares no debieran traspasarse al territorio del pueblo mapuche”, dijo el jefe del PC Guillermo Teillier el lunes, día en que el Ejecutivo debió retrasar el comité político y renunciar a la idea de implementar el proyecto de ley de infraestructura crítica en el que trabajaban desde el 5 de mayo.

Las palabras del dirigente comunista no sólo representaban a su partido, sino que también a algunos integrantes del Frente Amplio que, pese a los intentos del Ejecutivo -incluido el propio Presidente-, nunca dio un respaldo sólido a la solución del gobierno. De hecho, diputados de Revolución Democrática manifestaron su negativa al proyecto y en Convergencia Social, el partido de Boric, evitaron transparentar su posición hasta que se presentara el proyecto.

“Ninguna fuerza política tiene derecho a atar de manos al gobierno cuando quiere enfrentar la violencia y todos debemos ponernos a disposición”, dijo el diputado Leonardo Soto (PS) luego de la reunión de su partido con los ministros Izkia Siches y Giorgio Jackson el jueves 12 de mayo. El senador Alfonso de Urresti, por su parte, llamó al PC a no darse “gustitos”.

En esa misma jornada, La Moneda también recibió a parlamentarios del Frente Amplio y luego a los del Partido Comunista, reunión que se prolongó por dos horas y media.

La indefinición y el rechazo de gran parte de ellos obligó al Ejecutivo a buscar una solución por fuera al Congreso. Así optaron por el estado de excepción que anunció Siches a principios de esta semana.

Pero el gobierno, además, ha tenido que lidiar con declaraciones de sus integrantes que han puesto en duda la capacidad del Ejecutivo de alinearlos. “Sí hay presos políticos”, dijo Teillier, quien respaldó las palabras de Jeanette Vega (PPD), ministra de Desarrollo Social, que se vio obligada a retractarse de sus dichos.

De todas formas, en materia de seguridad el gobierno sí logró el apoyo del PPD. Luego de una reunión el viernes 13 de mayo, Natalia Piergentili anunció una “nueva etapa” en su relación con el gobierno.

Esta vez, la luz verde la dio Socialismo Democrático.