Efecto Llaitul: el costo de un período vacilante

La detención de Héctor Llaitul podía leerse como una victoria. El miércoles, cuando dos detectives de la PDI lo arrestaron en el restaurante “Cocinería del Sur”, de Cañete, concluían dos años de trabajo policial que terminarían en su formalización por robo de madera, usurpación de tierras, amenaza contra la autoridad y llamados a la desestabilización del gobierno.

La investigación de la Fiscalía Regional de La Araucanía no era nueva. Se enmarcaba dentro de una querella interpuesta el 8 de enero de 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera, en la que se invocaba la Ley de Seguridad del Estado (LSE), tras declaraciones de amenazas por parte del líder de la CAM, luego de enterarse de la condena al comunero y también miembro de la CAM Daniel Canío Tralcal.

Estos dichos dieron origen a la indagatoria penal que más tarde se entrelazó con otras investigaciones que llevaron a intervenir sus comunicaciones. La ampliación de la querella por LSE realizada en julio de este año por la cartera de Interior sirvió para imputarle más hechos a Llaitul. Tenían que ver con amenazas y declaraciones en contra de la actual administración de Gabriel Boric. Fue un vuelco doloroso para un gobierno que desde la instalación buscó diferenciarse de administraciones anteriores, mostrándose dispuesto a conversar con todos. Incluso con la CAM.

Mientras eso pasaba en Cañete, la ansiedad se instaló en La Moneda. Ese miércoles, luego del arresto, empezaron los llamados entre personeros de gobierno. La preocupación era una: qué podía aparecer dentro de las escuchas interceptadas por la PDI.

La respuesta a esos miedos se concretó en un artículo publicado por Ex-Ante el jueves, en el que se daba a conocer un contacto telefónico entre una asesora de la ministra de Desarrollo Social, la PPD Jeanette Vega, y el propio Llaitul. El diálogo, que se produjo el 11 de mayo de 2022, dejaba en evidencia la intención del gobierno por establecer una conversación con quien, ese mismo día, en una entrevista del sitio Werkén Noticias, había llamado a “organizar la resistencia armada”, tras criticar a la administración de Gabriel Boric por querer avanzar a un estado “intermedio” en la Macrozona Sur, debido a la seguidilla de hechos de violencia realizados por la CAM y otros grupos armados. Sin ir más lejos, desde 2020 la CAM se había adjudicado 54 atentados.

Luego de la publicación de Ex-Ante los ministros del comité político, Izkia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, decidieron reunirse de urgencia en La Moneda. En una de esas conversaciones para evaluar medidas, también participó la ministra Vega: su cartera tiene sede en el palacio presidencial. Pese a que algunos, como Siches, buscaron matizar un poco los efectos de la filtración, la conclusión fue que había que tomar decisiones drásticas. Lo mismo opinaban los presidentes de los partidos del oficialismo, quienes seguían el accionar del gobierno desde sus teléfonos.

El Presidente Boric estaba de gira en Tierra Amarilla cuando se enteró de la filtración. Recién después de una reunión con autoridades de la zona pudo hablar con Vega, con quien también se había comunicado en la mañana en un encuentro interministerial sobre el plebiscito. En conjunto tomaron la decisión de anunciar lo que a esa altura varios exigían. Pasadas las 16.30, en un punto de prensa en la Región de Atacama, Boric aseguró: “He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra”.

La severidad de la medida no cayó bien en el PPD. Encontraron que hubo sobrerreacción desde La Moneda y que Vega estaba siguiendo una directriz que el mismo gobierno había publicitado durante su instalación: ofrecer diálogo a todos.

Por lo mismo, algunos en la coalición interpretaron la resolución de Boric como una jugada adelantándose al cambio de mando que se pronostica para después del plebiscito.

Así al menos lo plantea un parlamentario del PPD:

“Si esto le hubiera pasado a un ministro de Apruebo Dignidad, ¿tú crees que hubiera salido? Muchos creen que aquí se le presentó al gobierno una oportunidad de dejar espacios que se necesitan después del 4 de septiembre. Y Desarrollo Social no es cualquier ministerio”.

Mucho antes de asumir como Presidente, Gabriel Boric había mostrado cierta sensibilidad hacia la figura de Héctor Llaitul. El 9 de julio del año pasado, cuando se presumía que su hijo Ernesto había muerto en un enfrentamiento con carabineros, tuiteó en solidaridad con el líder de la CAM. Sobre ese grupo armado también se había referido antes. En agosto de 2016, durante una entrevista con el diario El Austral, el entonces diputado por Magallanes remarcó el punto de que la CAM no reivindicaba atentados contra personas y que su actuar se enmarcaba dentro de “la usurpación de tierras por parte del Estado y, en particular, de las forestales”.

La viabilidad de la lucha armada como una herramienta para combatir el despojo, pobreza e invisibilización del pueblo mapuche fue un discurso que permeó en cierta intelectualidad de izquierda y debatido en facultades de derecho y ciencias sociales mientras Boric fue líder estudiantil. Si a eso se le suma el montaje por parte de Carabineros que Llaitul y otros comuneros sufrieron en 2017, durante el caso Huracán, no es extraño, como asegura el exencargado de la Macrozona Sur Pablo Urquízar, que “la percepción inicial de parte de la izquierda sea la de ver a Llaitul como una víctima y no como un victimario”.

Esa mirada política explicaría que el 30 de diciembre, luego de ganar la segunda vuelta presidencial, Izkia Siches asegurara que incluso había que dialogar con la CAM. El equipo de la doctora para el plan wallmapu, un concepto que repitieron varias veces durante su instalación y que llegó a traerles problemas con autoridades argentinas, estaba integrado por el abogado Salvador Millaleo y el jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía. Un día más tarde, Boric tuvo que salir a precisar que conversarían con todos aquellos que buscaran la paz.

La apuesta por un nuevo trato frente a la CAM continuó el 6 de enero pasado. Ese día se votaba en el Congreso un proyecto de la UDI que buscaba que los gobiernos no pudieran negociar con esa agrupación. RD lo aprobó y después se arrepintió. Convergencia Social, el PC y Comunes lo rechazaron.

A pesar de que no se conocen diálogos políticos de esta administración con Llaitul previos a la llamada de la asesora de Desarrollo Social, las escuchas de la PDI contenían una conversación entre él y la exdiputada PS por el Biobío Clemira Pacheco, luego de la muerte de Pablo Marchant, el 10 de julio de 2021. Un cercano a Llaitul agrega que fueron varios los llamados que le llegaron al líder de la CAM, de gente del PS y el PC. Pero que él no les daba mayor atención. “Él sentía que cada persona que le hablaba lo quería usar. Yo creo que no tenía mucha confianza en el gobierno Boric”, dice la misma fuente. Una muestra de ello es la conversación del 23 de diciembre de 2021 que interceptó la PDI. En esa llamada Llaitul se refirió en duros términos al compromiso de izquierda del entonces presidente electo y agregó que “en el contexto del gobierno de ese cu... me van a matar a mí, acuérdate hueón”.

El historiador Fernando Pairicán cree que esa desconfianza cruzaba a toda la CAM: “Ellos nunca mostraron muchas expectativas con el nuevo gobierno y siempre generó una crítica política a esta nueva izquierda. Nunca generó puentes de diálogo. Su reflexión era que se continuaba haciendo una matriz colonial y que era un gobierno pro derechista más que de izquierda”.

El primer gran quiebre entre las buenas intenciones del gobierno de Boric y la realidad de La Araucanía fue la visita de la ministra Siches a la comunidad de Temucuicui el 15 de marzo, que terminó con la jefa de gabinete repelida a balazos, pero, aún así, emitiendo vocerías donde hablaba de “presos políticos mapuches”.

La terminología, que durante los días siguientes provocó una serie de aclaraciones y rectificaciones por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra Vallejo, fue refrendada por Giorgio Jackson. En una entrevista con Radio Agricultura le preguntaron por el concepto. En su respuesta el titular de la Segpres contestó que era una situación delicada y se aventuró aún más. “Cuando se ejerce la potestad del Estado -haciendo referencia a la participación del gobierno a través de querellas- es privar de libertad a las personas”.

La ministra Jeanette Vega tenía una buena evaluación en el gobierno. Eso, hasta el 15 de mayo: cuatro días después de que su asesora de prensa llamara al líder de la CAM. Esa noche, en Tolerancia Cero, confirmó que el gobierno se iba a querellar contra Héctor Llaitul: “Se va a concretar y se van a concretar además una serie de medidas de mejoría de la seguridad, que van a ser anunciadas probablemente mañana o pasado mañana por el Ministerio del Interior”. Esa información debió ser descartada por el subsecretario del Interior y también por el Presidente. “Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, dijo Boric. Sus palabras fueron revividas esta semana luego del arresto de Llaitul.

Sólo que los errores de Vega, que desde marzo integraba una mesa de ministros enfocada en la Macrozona Sur, no acabarían ahí. El 17 de mayo, el mismo día en que fue decretado el estado de excepción en la Macrozona Sur tras el anuncio de Siches, fue publicada una entrevista de la ministra de Desarrollo Social en la Revista Ya, donde opinó de la medida constitucional.

“No es una solución para el wallmapu, lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”, dijo, evidenciando la contradicción evidente que se desataba con el gobierno anunciando la medida. Y que una ministra del propio gabinete de Boric saliera abiertamente en el sentido contrario les daba piso a los parlamentarios del Frente Amplio y el PC que se oponían al cambio de opinión del Ejecutivo en esta materia. Incluso antes de la instalación, el Presidente y sus ministros se manifestaron contrarios a la medida.

Desde entonces que el estado de excepción sigue vigente en la zona. Y así también el gobierno comenzó a condenar las acusaciones y amenazas de Llaitul. Hasta el 28 de julio de 2022, cuando el gobierno anunció la ampliación de la querella contra el líder de la CAM.

“Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves, porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada, porque hay, justamente, nuevos antecedentes”, dijo el Presidente Gabriel Boric, luego de que el líder de la CAM amenazara, en Werkén Noticias: “La prioridad de la CAM es canalizar la violencia hacia el sabotaje”.

La condena no sólo llegaba tarde, sino que derrumba el nuevo trato con el que habían intentado diferenciarse de gobiernos anteriores. Llaitul, en seis meses, había hecho retroceder a La Moneda al punto de tener que desechar su tesis del diálogo con todos. Por lo mismo, valía la pena replantearse, ¿es el líder de la CAM un problema para este gobierno?

“No creo que Llaitul sea un problema, sino lo que piensa y representa. El desafío para el gobierno es cómo lograr un avance hacia una paz justa en La Araucanía. Hay que dejar de lado las personas y pensar en un pueblo. La prisión preventiva de Llaitul no resolverá el conflicto y tampoco su eventual condena. Llaitul expresa un conflicto, no lo produce. Son las causas del conflicto las que hay que atacar”, cree el excandidato presidencial del PC y autor de un libro sobre Llaitul, Jorge Arrate.

Pablo Urquízar, piensa distinto.

“El gobierno cometió el error de ver siempre a Llaitul como un ‘líder’ o ‘más que un guerrero’, como lo dijo el propio abogado querellante del Ministerio del Interior, y negó completamente su rol delincuencial. Por eso la ministra Siches pretendía dialogar con la CAM, la ministra Vega buscaba contactarse con él, el Presidente Boric afirmaba que los llamados a la violencia de Llaitul eran meras ideas y no delitos, no decretaba estado de emergencia, entre otros. Pero esa completa ambigüedad e inacción frente a lo evidente en la mayor crisis de seguridad que tiene el país le termina pasando la cuenta”.

Aún es demasiado temprano para saber qué nuevo enfoque aplicará La Moneda en el sur.

Aunque Fernando Pairicán sí adelanta una consecuencia:

“En cuanto al diálogo del gobierno con la CAM, esta detención va a cerrar esa posibilidad”.

Después agrega algo más.

“Aunque tampoco nunca estuvo abierta”.