Horas críticas en la zona del conflicto mapuche

Primero se escucharon las amenazas. Luego, el sonido ensordecedor de las ráfagas de los fusiles disparando al aire para, acto seguido, ver a una treintena de personas lanzándose de golpe al suelo para protegerse de los tiros. Ese es el recuerdo que aún preserva José Miguel de la Jara, contratista forestal, sobre lo que ocurrió cerca de las 8 de la mañana del 23 de febrero, en el sector de Huillinco, a unos 15 kilómetros de Cañete, Región del Biobío. A esa misma hora, y a solo 170 kilómetros de distancia, en el centro de Temuco, escoltas y policías aguardaban el arribo del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y los jefes de la PDI y Carabineros, quienes habían viajado de emergencia a la región para hacer frente a la escalada de violencia que durante meses ha sacudido a la llamada zona roja del conflicto mapuche, que comprende áreas del Biobío, La Araucanía y parte de Los Ríos.

Boca abajo y con las manos a la vista, De la Jara y sus 30 trabajadores veían cómo, por sexta vez, un grupo de encapuchados comenzaba a prender fuego a maquinarias forestales y dos camiones. La operación, dice, fue limpia y duró apenas 15 minutos. Todo estaba planificado. Al punto, detalla, que al líder de los siete hombres armados le bastaba solo con hacer gestos y señas para fijar los objetivos a incendiar en la faena forestal. “Todos estaban armados y vestidos con ropa militar, como un grupo paramilitar terrorista. Se notaba que eran personas jóvenes, que tenían líderes, que se manejaban y sabían dónde y cómo moverse. Lo tenían todo planificado, se notaba que habían estudiado el sector. Nosotros llevábamos apenas dos semanas trabajando ahí. Y si bien existía la posibilidad de que nos pudieran atacar, nunca pensamos que estando solo a 10 minutos de una prefectura de Carabineros nos iba a pasar esto”, detalla el empresario.

Lejos de ser un ataque aislado, los hechos de violencia que remecen a las regiones del Biobío y La Araucanía ha mostrado un incremento en los últimos meses, según cifras de la Asociación de Contratistas Forestales. Solo entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021 se han cometido 19 ataques incendiarios o atentados contra empresas locales, lo que representa un aumento del 15% respecto del periodo estival anterior, donde 16 firmas forestales fueron afectadas por ataques de desconocidos. Los hechos de violencia, así como también las usurpaciones de terrenos, son catalogados por las policías y el Ministerio Público como “violencia rural”, los cuales, según Carabineros, crecieron más de un 71% en un año en la Macrozona Sur.

Los nuevos atentados también han afectado a personas particulares estos meses. Uno de los últimos casos ocurrió el pasado lunes en el fundo Miraflores, comuna de Lautaro, donde a plena luz del día un grupo de encapuchados ingresó a la fuerza a una casa patronal, encañonó a la propietaria -cuñada del diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina- y quemó la vivienda, para luego huir del lugar. La reiterada violencia en la zona despertó críticas de residentes de la región y, de paso, acrecentó los cuestionamientos en las filas del propio oficialismo, donde algunos partidos pidieron al Presidente Sebastián Piñera decretar un “estado de sitio” en la zona.

El incremento en la violencia tuvo eco en el gobierno y obligó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a cambiar su agenda y darle prioridad a lo que ocurría en el sur. Aun con la llegada de Delgado a La Araucanía -y de las máximas autoridades de la policía- los ataques no cesaron. La quema de dos camiones en Collipulli marcó las primeras horas del jefe de gabinete en la región.

Durante su visita, Delgado anunció las nuevas medidas para intentar frenar la seguidilla de ataques. Una de ellas fue el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona para realizar patrullajes mixtos con Carabineros y la PDI. También, el gobierno anunció una capacitación a los policías para aprender aspectos técnicos y de operaciones militares en los sectores rurales afectados, donde, además, se utilizará nueva tecnología. Los primeros días de estos operativos permitieron, hasta el viernes, detener a cinco personas por diversos delitos, pero ninguno de ellos conectados con los atentados a empresas o viviendas particulares.

Aunque valoraron los anuncios del gobierno, desde la Asociación de Contratistas Forestales aseguran que las medidas “son tardías. Tuvimos que esperar que hubiera 20 muertos, la destrucción y la quema de cabañas, de bosques, de equipos, ataques a trabajadores. Estas medidas se debieron haber tomado hace siete u ocho años”, asegura René Muñoz, gerente de la asociación.

Con más de 250 ataques incendiarios y atentados en los últimos años, surge una interrogante: ¿Qué tan efectivo ha sido el trabajo de la fiscalía y las policías en la zona del conflicto mapuche? La respuesta a esta pregunta está contenida en las estadísticas del Ministerio Público. Aunque los atentados han venido al alza en los últimos meses, la cantidad de personas detenidas, formalizadas y condenadas muestra una tendencia decreciente. Así, por ejemplo, entre los meses estivales de diciembre de 2020 y lo que va de febrero de este año, no existirían registros de detenidos y formalizados por estos hechos.

Según un informe del Ministerio Público de La Araucanía, “en el trimestre que comprende los meses de diciembre 2019 a febrero 2020 ocurrieron 10 hechos de violencia rural de alta connotación, mientras que en el segundo trimestre analizado -diciembre 2020 al 22 de febrero 2021- se tienen 26 hechos de este mismo tipo. Lo anterior en términos porcentuales implica un alza de 160%”, detallan. De acuerdo con el documento, los mayores incrementos de denuncias los agrupan los atentados incendiarios, que pasaron de cuatro durante el verano pasado a un total de 17 hasta los primeros meses de 2021. Las usurpaciones de terreno también muestran una tendencia al alza, al pasar de 23 casos a 60 en lo que va del año; es decir, un 161% de incremento, según las cifras del Ministerio Público.

Para Héctor Leiva, fiscal jefe de Alta Complejidad de la IX Región, una de las principales dificultades que existe para detener a los responsables de los ataques en la zona es la falta de evidencias y testigos, quienes, en muchos casos, optan por el silencio ante la amenaza de ser víctimas de represalias. La organización y planificación de estos grupos, detalla el fiscal Leiva, es otra barrera que deben sortear las policías para intentar anticiparse a la comisión de estos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, el robo de madera y ahora la detección de extorsiones a agricultores para quedarse con una parte de las cosechas.

“Esto significó diseñar una investigación focalizada en la sustracción de madera, con el objeto de ver si esto podía ser utilizado como especie de financiamiento a este tipo de hechos delictuales. Últimamente hemos determinado que hay una nueva modalidad delictiva, consistente en las extorsiones asociadas a las usurpaciones de terreno. Es decir, ocupan terrenos con el objeto de impedir las cosechas o solicitar la entrega de parte de la cosecha para permitir que esta se desarrolle en forma normal. Las distintas modalidades han sido abordadas con equipos y con foco de investigación delictual en el caso de violencia rural”, detalla el fiscal Leiva.

La escalada de violencia llevó a que el Presidente Sebastián Piñera coordinara una reunión con distintos actores del Estado. Entre ellos, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz; de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen; de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, entre otros. Tras el encuentro, el Mandatario reconoció que “en las regiones del Biobío y La Araucanía, y muy especialmente en las provincias de Malleco y Arauco, estamos viviendo una grave situación de violencia y de terrorismo”.

En la Región de La Araucanía el gobierno, a través de la intendencia local, ha presentado solo en lo que va del año 22 querellas por delitos de incendio, colocación de artefactos incendiarios, disparos injustificados, homicidios frustrados e, incluso, por la siembra ilegal de 2.852 plantas de marihuana en la comuna de Nueva Imperial. En el Biobío, la intendencia local ha interpuesto 10 acciones legales en contexto de violencia rural por delitos de incendio, atentados incendiarios y homicidio frustrado.

En este escenario incierto, hay algo en que tanto las asociaciones de contratistas como de víctimas de violencia coinciden: y eso es que estos hechos dejaron de enmarcarse en un contexto de recuperación indígena. Ahora, dicen, ya se han sumado actores ajenos a estas provincias que por años se han mantenido en conflicto.