Ignacio Sánchez, rector de la UC: “El texto es razonablemente positivo, no hay un retroceso respecto de la Constitución actual”
"Si se aprueba esta propuesta, el tema constitucional queda más cerrado que si no se aprueba", dice el jefe de la Pontificia Universidad Católica, quien en 2022 defendió el rechazo al proyecto que emanó de la Convención Constitucional. Asimismo, plantea su preocupación por las funas al interior de establecimientos universitarios. "Las autoridades tenemos la obligación de poner los límites", dice.
De “luces rojas” y advertencias en torno a la propuesta de Constitución que emanó de la Convención, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, pasa a subrayar los aspectos positivos que -a su juicio- tiene el texto que se plebiscita el 17 de diciembre.
No se juega por una opción. Sin embargo, el médico se encarga de repetir que el proyecto de nueva Constitución cierra el debate abierto hace cuatro años, que no es partisano y que no implica un retroceso en cuanto a la Carta Fundamental vigente. Sí apunta a que hay varios puntos que se podrían mejorar: quizás el principal es el balance entre la libertad de enseñanza y el derecho a una educación pública de calidad que, en su opinión, quedó desequilibrado.
Sánchez, además, advierte de la falta de diálogo existente en el país y la cuota que de ello se vio no solo en los dos procesos constituyentes, sino que también se está viendo al interior de las universidades.
En mayo del año pasado usted planteó que el texto constitucional de la Convención no produciría unidad. ¿El actual texto consiguió esa meta?
En esa oportunidad opiné porque veníamos de aprobar el tema del derecho a la vida y me parecía importante intentar matizar lo que se estaba aprobando. Finalmente, no hubo cambios en eso. Intentamos que la primera propuesta fuera unitaria. Ya sabemos que no se logró. Intentamos hacerlo en esta. Creo que el texto más unitario que se percibió en el ambiente político fue el de la Comisión Experta, pero, sin embargo, no tenía respaldo ciudadano. Y nunca se va a saber qué habría pasado si ese texto hubiera sido plebiscitado.
El texto final no genera unidad política, y creo que eso es legítimo, porque uno no puede en un texto que tiene 200 y tantos artículos, estar de acuerdo con todo. Ahora, lo que me parece, son dos conceptos. Primero, no veo luces rojas como vi en el proceso anterior. Hay aspectos de derechos sociales importantes que no están en la Constitución actual. Hay protección del derecho a la vida, de la libertad religiosa, que no estaban en la propuesta anterior.
La izquierda ha planteado el temor de que haya retrocesos, por ejemplo, en aspectos como el aborto en tres causales…
Hay mucho temor de que se pueda retroceder en algunos aspectos que se han establecido por ley, pero no puedo encontrar que ese temor sea razonable. Hay, por supuesto, desconfianza y eso uno lo entiende. Chile es un país bastante desconfiado. Pero lo que no veo, y que se ha visto con muchas declaraciones, es que este texto sea un retroceso con respecto al que nos rige.
O sea, por supuesto que, para muchas personas, y están en su pleno derecho, este texto puede haberse quedado corto, puede haber sido muy cerrado, puede no haber sido lo que soñaron. Creo que el texto es razonablemente positivo y no hay un retroceso con respecto al texto actual.
Entonces usted está por la línea de ir a favor.
No. Yo voy en la línea de decir que está perfectamente bien que alguien diga no es lo que yo soñé…, pero no considero que sea razonable decir que es mucho peor que lo que teníamos. Y aquí hay otro aspecto que es el tema de la certeza, el tema del cierre.
¿Le parece que este texto cierra mejor el proceso?
A ver, pongámonos en el caso de que se apruebe. Las constituciones, en general, salvo alguna excepción, son de 40 o más años de duración. Las constituciones no duran cinco o 10 años. Entonces, si se aprobara esta Constitución, uno podría pensar que a lo menos nos acompañará 30 o 40 años. Ahora, si no se aprueba, ya se ha dicho que en los próximos tres o cinco años el tema está cerrado, pero ¿qué sabemos de lo que ocurrirá a seis, ocho o 10? Obviamente, el tema constitucional va a volver recurrentemente. Si no se aprobara, hay un quórum que no es tan alto para modificar algunos aspectos de la actual Constitución y ahí el temor que uno tiene es que tengamos al Congreso Nacional durante los próximos dos o tres años dedicado a esto, cuando el clamor que tiene el país es que el Congreso se preocupe de temas que están siendo muy necesarios desde hace tantos años, como las pensiones, la salud, el tema tributario, etc. Cada persona votará en su conciencia y yo también, pero sin tomar partido por una opción, creo que es claro que si se aprueba esta propuesta, el tema constitucional queda más cerrado.
Si no ve luces rojas en el nuevo texto. ¿Cuáles serían las luces amarillas?
Siempre la bajada puede ser una luz amarilla, porque uno no sabe cómo abogados futuros van a interpretar este texto. Pero eso es común a cualquier Constitución. A ojo de alguien que no es abogado, pienso que tiene exceso de texto y eso ayuda a malas interpretaciones. Hay algunos que han dicho que puede hacer que esto se judicialice mucho. En otros temas, como los derechos sociales, los impuestos territoriales, llámese contribuciones, me parece que no es apropiado lo que está puesto. Pero son luces amarillas, no voy a decir que son rojas.
Y si hay tanto consenso, no me cabe duda de que ese probablemente sea uno de los primeros artículos que se van a modificar en un futuro. Creo que también es positivo lo que se ha hablado de los derechos de la mujer. Me parece que el punto de vista político, el tema paritario está bastante bien desarrollado y destaco el tema de los cuidados, porque la actual Constitución no habla nada de los cuidados. Y esto sí, hay algunas personas, sobre todo de regiones, que dicen que no queda totalmente claro el tema de la descentralización. Bueno, de nuevo, uno podrá decir que si ese es el consenso hacia futuro, me parece que esa luz amarilla podrá modificarse posteriormente.
Parece que su opción es el ‘A favor’ para reformar... Como el PPD estuvo por el aprobar para reformar en el plebiscito de 2022.
No, es distinto. La vez pasada hubo quienes apoyaron un texto que decían, mire, tiene todas estas cosas malas, pero prefiero aprobar y reformar, más que seguir con el actual. Yo creo que esa situación hoy es diferente, porque la calidad de este texto es completamente distinta al anterior. Y obviamente que cualquier Constitución en el mundo, si tiene algunos nudos que destrabar, tendrá que modificarse. Los artículos transitorios son del terror, le da 12 meses al Presidente de la República para mandar un proyecto de ley, 24 meses para este otro proyecto de ley, 36 meses para este otro. Entonces, estoy seguro, conociendo cómo funcionamos en nuestro país, de que muchos de estos mandatos no se van a poder cumplir, porque no se van a cumplir los plazos.
Lo que arriesga que el Congreso también esté dedicado al tema constitucional y no a los problemas...
Claro... Algunos constitucionalistas dicen que para todo texto constitucional su implementación demora 10 años. Ojalá que no nos tome 10…
¿Usted no considera que este texto es un texto partisano o un programa de gobierno, como han señalado voces tanto de la derecha como de la izquierda?
Esos términos golpean y son mediáticos. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Un texto que cumple las 12 bases fundamentales que puso el Congreso y que no se sale de ahí no me parece que pueda ser llamado partisano. Y programa de gobierno tampoco me parece, porque un partido solo, como el Partido Republicano, si no hubiera hecho alianzas para aprobar indicaciones, no hubiera podido tener este texto. O sea, si estamos diciendo que este es el programa de gobierno del Partido Republicano, no me parece, porque si no, el resto de la derecha y muchos otros que concurrieron con su apoyo no hubieran estado presentes.
Vamos a uno de los temas que para usted fue una luz roja en el proceso anterior: la objeción de conciencia. ¿Le parece bien que se consagre a nivel constitucional?
Recuerde usted que nosotros levantamos el punto al Tribunal Constitucional. Cuando se aprobó el aborto en tres causales, nosotros dijimos que esta ley requería la posibilidad de objetar en conciencia tanto del profesional como objetar el ideario institucional de determinada institución. Y se nos dio la razón. Y desde el día uno hasta ahora, nunca ha existido nadie que pida un aborto en nuestra institución. Pero si lo hiciera, y si la persona, está en condiciones de ser aprobada, no está en peligro de muerte -porque esa ya es otra decisión-, tenemos activados todos los canales para el traslado a un servicio público y a un servicio privado. O sea, la idea es facilitar que la persona pueda obtener su prestación de salud, pero no en nuestra institución. Lo único que importa es que el Estado dé la respuesta a lo largo de todo Chile y que la prestación se pueda realizar. A mí me parece que es clave que exista la objeción de conciencia cuando uno, en conciencia, está siendo obligado a hacer algo que uno piensa que atenta contra principios fundamentales. El derecho a la vida, por ejemplo.
¿Y le parece bien que quede en rango constitucional si se aprueba este texto?
A mí me parece bien. Me parece que es al nivel de la libertad religiosa y que no está de más ponerlo en la Constitución.
En general, el debate ha rondado en torno a qué pasaría con la Ley de Aborto en Tres Causales, pero el texto establece una objeción de conciencia en un nivel amplio, sin bordes. ¿No es un riesgo?
Puede haber siempre un riesgo de que la gente empiece a plantear objeción de conciencia frente a situaciones que no son de fondo ni fundamentales. Y entiendo que si eso se planteara así, el Parlamento y la ley que la va a regular deberían hacerse cargo. Si se presenta una objeción de conciencia para una cosa nimia, me parece que es absurdo pensar que se vaya a aprobar o que alguien le vaya a dar la razón.
¿Cree que la protección de la vida de “quien” está por nacer asegura de mejor forma el derecho a la vida? También ello abrió una discusión respecto de la ley de aborto en tres causales…
A mí me parece que no están dadas las condiciones para retrotraer leyes que ya están presentes. Hemos sido críticos de esa ley y no participamos de esos procedimientos de aborto, tampoco participamos de términos de eutanasia o términos de participación de abortos. Hemos estado siempre muy claros en nuestra postura, que ha sido siempre dialogante. Pero no he visto una propuesta que vaya con una segunda intención de retrotraer leyes aprobadas. No creo que tendría apoyo en el Parlamento ni tampoco en la ciudadanía. Me parece que ya está muy asentado al tema del aborto. Tenemos cinco años o cuatro años y medio de ley vigente. Conocemos los números, las causales, cuáles son las solicitudes que corresponden y también todas las instituciones hemos estado preocupadas del apoyo más integral.
Otra de las luces rojas que planteaban del texto de la Convención era el tema de la educación y la libertad de enseñanza. ¿Cómo ve que se desarrolló ese tema en el texto? También ha generado críticas en la izquierda.
Sí, efectivamente, la libertad de enseñanza está bien desarrollada, bien custodiada, en que se repite varias veces en varios artículos la potestad de los padres, de la educación de los hijos. Lo que podría ser razonable, dentro de las críticas, es que la libertad de enseñanza -que es clave- se tiene que poner en una balanza con el esfuerzo por desarrollar una educación pública de calidad.
Si yo no pongo énfasis en una educación pública de calidad, en el fondo estoy apoyando que haya una derivación hacia una educación no pública, más bien particular o particular subvencionada. Y eso es lo que hemos visto en este tiempo, porque la gente está viendo en la educación pública proyectos de menor calidad, o proyectos más inestables en el sentido de más interrumpidos por las movilizaciones, por los paros, como la situación de Atacama.
¿No está balanceado?
Tiendo a pensar que hay un desbalance y que me gustaría que hubiera un común consenso global de que está muy bien el texto, pero que no va a ser completo en educación si es que no ponemos todo nuestro esfuerzo por mejorar la educación pública.
¿Este segundo proceso cumplió con las expectativas de generar un diálogo, al menos entre la élite política?
Yo creo que el debate fue más confinado a la Comisión Experta y después al Consejo. Y lamentablemente, como hay tiempos muy cortos, lo que hemos visto en las últimas dos semanas desde que tenemos el texto disponible, es que el partido A, B o C se reúne para saber si apoya el texto o no, pero no hemos tenido muchos argumentos. Es un diálogo que no ha fructificado. Porque para tener un diálogo fructífero, uno tiene que tratar de encontrar alguna verdad en lo que el otro me está diciendo. Si entramos en una conversación sabiendo que no me muevo de donde estoy parado, entonces ese diálogo es bien poco fructífero.
¿Y cuál es el riesgo ante esta continua falta de diálogo?
Los riesgos son el populismo y polarización. Entonces, al final las personas se dejan llevar por personalidades fuertes que ofrecen cierta seguridad o disminuir ciertos temores. Y generalmente esas personas polarizan para tener esa popularidad y ese arrastre.
¿Se ve también esta falta de diálogo en las universidades?
Yo puedo decir lo que pasa aquí. Nosotros tenemos una universidad que tiene una comunidad diversa. Hay profesores que han afirmado que este texto debiera aprobarse, otros han firmado que sería muy negativo que eso ocurriera. Queremos que todos den su opinión, partiendo de la base de que sea respetuosa, que nos escuchemos, y no participamos de ninguna actitud de cancelación de nombres. A veces hemos tenido amenazas de que algo podría pasar, pero nunca hemos suspendido una actividad por esa amenaza. Hemos tomado ciertos resguardos de tener mayor seguridad y para que no se interrumpa la actividad. Nunca hemos tenido altercados importantes. Las autoridades tenemos la obligación de poner los límites y, si ocurre, tomar las medidas necesarias para que quienes cometan esos actos enfrenten las consecuencias de tipo disciplinarias, porque no podemos dar la impresión de que toda actividad es válida si es que pasa a llevar la libertad de expresión del otro.
¿Por qué ha habido un aumento de esta cultura de la cancelación en los últimos años?
Creo que forma parte de la falta de respeto a la opinión ajena. Yo creo que forma parte del sesgo y de cierto autoritarismo moral que personas creen que pueden ejercer frente a temas variados, frente al tema migrante, frente a la política contingente. O sea, cuando alguien se siente como custodio moral de una situación dice no, esto está fuera de lo que creo. Por lo tanto, no se puede dejar que se exprese. Y ahí mismo empezamos con actitudes autoritarias que no se pueden aceptar, porque están fuera del debate democrático.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.