Isapres: Las horas clave que sellaron el incierto acuerdo entre oficialismo y oposición

“Pareciera que vamos a tener que buscar a otros interlocutores, como (Luis) Cordero o (Mario) Marcel”.

Eran las horas más tensas de la negociación por la ley corta de isapres y la advertencia que hizo el senador Javier Macaya (UDI) la tarde del miércoles 8, en la sala 10 del tercer piso del Senado, así lo graficaba. Las tratativas llevaban dos intensos días y no había avances. Y seguía la cuenta regresiva para cumplir -este domingo 12 de mayo- con el plazo fatal fijado por la Corte Suprema para aplicar el fallo sobre la nueva tabla de factores y la restitución de los cobros en exceso.

Consciente de la presión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, optó por distender el asunto. En broma, según afirman quienes estuvieron presentes, comentó que estaba acostumbrada a que le pidieran la renuncia. La alusión se refería a los dichos del senador UDI Sergio Gahona, quien el lunes planteó en La Tercera que “si la ley corta no sale, la ministra de Salud debería renunciar”.

La salubrista -quien llegó a la jefatura del Minsal el 6 de septiembre 2022, dos días después de la derrota del plebiscito constitucional del 4-S- está consciente de que con la larga negociación que empezó en 2023 -y que culmina este lunes con la votación de la ley corta en la sala de la Cámara Baja y el Senado- enfrenta el desafío más complejo de sus 20 meses a la cabeza del ministerio. La franja por la que transitó Aguilera y el gobierno se movía entre dos ejes. Por un lado, evitar un “perdonazo” a las isapres, lo que era permanentemente acusado desde la izquierda. Y, por el otro, impedir el colapso de estas y la afectación de más de dos millones 600 mil afiliados. Ambas eran las líneas rojas de La Moneda.

“El triunfo y la derrota tienen un mismo rostro, el de la ministra Aguilera”, dice un parlamentario de Chile Vamos.

El equilibrio no fue fácil. No solo por las férreas posturas de la oposición, sino que también por las de un oficialismo que sigue dividido ante la sobrevivencia de las aseguradoras. De ahí que el ambiente fuera de tensión. Diputados, senadores y gobierno no dejaban pasar ni un punto. Hubo acusaciones cruzadas y hasta algunos gritos. El más increpado fue el senador Juan Luis Castro (PS) -por no avalar que los recursos se entregaran en 13 años y no en 10, lo que trabó el acuerdo-. “¿Alguien sabe si van a existir las isapres en 13 años más?”, replicó molesto.

“Es un tema delicado e incómodo”, admiten en La Moneda.

El propio Presidente Gabriel Boric -cuando era diputado- había tenido recurrentes cuestionamientos al sistema. El más bullado fue el de 2019, cuando arremetió en su cuenta Twitter en contra del entonces presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, por haber afirmado que “no puede, el sistema isapres, darse el lujo de recibir gente enferma, por el estrecho margen per cápita”. La respuesta de Boric -en su cuenta Twitter, hoy X- fue que Caviedes “nos da el mejor argumento de por qué hay que terminar con las isapres”, ya que “están pensadas para ganar plata, no para otorgar seguridad social. Lo que necesitamos es un seguro único universal y público de salud sin fines de lucro”. La polémica escaló. Y, a las pocas horas, Caviedes terminó presentando su renuncia.

Ese precedente y la llegada a La Moneda de Boric, tras el amplio triunfo que logró en las presidenciales de 2021, notificó a las aseguradoras que el asunto no venía bien para ellas. De hecho, en su primera cuenta pública, el Jefe del Estado no dudó en afirmar que “el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado”. El guion parecía escrito.

Pero la posición del Gobernante -como en muchas otras áreas de su administración- tuvo un tránsito. Básicamente por razones de pragmatismo ante la crisis, pues está consciente de que si colapsa el sistema de salud privado va a provocar un efecto dominó sobre el público. De ahí que su administración esté corriendo la cerca, aunque sea a contrapelo. De hecho, en la cuenta pública de 2023, el Gobernante -aunque insistió en que “Chile no podría entender ni perdonar un nuevo perdonazo”, expresó la voluntad del gobierno de no poner en riesgo las prestaciones para las personas.

Esos principios no han variado. Y en esos márgenes se manejó la ministra Aguilera en las maratónicas jornadas de la comisión mixta, que la noche del miércoles 8 -a pesar de los tiras y aflojas- terminó con un acuerdo.

Pero ni el oficialismo ni la oposición se declaran ganadores.

La oposición no insistió en el recálculo de la deuda estimada en US$ 1.580 millones. Y el oficialismo accedió a congelar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) por tres años y ampliar el plazo para saldar el total de la deuda de 10 a 13 años. Antes, además, se había acordado un reajuste extraordinario del 10% en los planes, los que, sin excepción, no podrán costar menos del 7% de la cotización de cada persona.

“Si alguien sintiera que venció, no sería un buen acuerdo”, afirma el senador Gahona. Igual postura tiene el diputado Andrés Celis (RN), para quien “primó la sensatez”.

Pero hay resistencia.

El problema para La Moneda es que se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 26 votos en el Senado y 78 en la de Diputados, donde hay más dispersión.

En la Cámara Alta el más resistente con la fórmula sigue siendo el senador socialista Juan Luis Castro, a quien adjudican haber puesto en jaque el acuerdo. Quien lo marcó de cerca -para que cediera posiciones- fue la presidenta del partido, Paulina Vodanovic. Pero para el histórico parlamentario PS -quien se declaró en proceso de reflexión sobre lo que votará el lunes en la sala del Senado-, “el gobierno cedió más de la cuenta” y permitió -según su visión- que se traspasara el costo a las personas, lo que podría generar nuevas judicializaciones y una migración creciente.

“El fantasma del plazo del 12 de mayo, que ya no se cumplió, porque se va a votar el lunes 13, terminó siendo una espada de Damocles para el propio gobierno”, precisa.

A él se sumó el senador Iván Flores, de la DC, para quien “el arreglo fue un traje a la medida de las isapres. Un perdonazo y punto”.

Las voces levantaron alertas en La Moneda, donde el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, llamó a votar a favor del informe despachado por la mixta.

“Si es que esta norma no se aprobara tendría consecuencias catastróficas para quienes hoy día están afiliados a las isapres y para todo el sistema de salud, con impacto también en el sistema público. Por eso esperamos que finalmente el informe de la comisión mixta sea respaldado por todas las bancadas”, afirmó, al admitir que el acuerdo genera visiones contradictorias.

Durante toda la negociación, el papel de Aguilera no fue fácil. Su condición de independiente fue -para algunos- uno de sus flancos débiles a la hora de negociar un asunto tan delicado como la ley corta de las isapres. No obstante, tiene apoyos.

Los nueve años que estuvo en el Minsal, como jefa de Epidemiología -durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos (1999 a 2008)-, la ligan con la ex Concertación. Ahí es donde mantiene sus redes más fuertes, especialmente en el Socialismo Democrático, quienes en público y privado la han apuntalado en los episodios más críticos, los que no han sido pocos.

Uno de ellos fue en abril del año pasado, cuando el comité político le dio un portazo a su primera propuesta de ley corta, hecho que dejó nuevamente al descubierto los choques que hay entre las dos almas del gobierno. Ahí Carolina Tohá (PPD) y Álvaro Elizalde (PS) fueron sus puntales, tal como lo ha sido Michelle Bachelet, con quien estrechó relaciones cuando fue nominada como ministra de Salud (2000-2002).

Días después, el propio Presidente Boric tuvo que salir a respaldarla. “Quiero destacar -sostuvo- la tremenda labor que está cumpliendo nuestra ministra de Salud, Ximena Aguilera, en momentos que han sido complejos”.

Ese gesto le dio el piso a Aguilera para tomar el control de la ley corta.

Para ello, en el Congreso tiene el respaldo de gran parte del Socialismo Democrático. La diputada Helia Molina (PPD) -calificada como una “Minsal lover” en el Parlamento- es una de sus más cercanas, pues trabajaron juntas en el ministerio. “La ministra es muy técnica, no es política, pero en este proceso tan severo ha tenido un manejo político ejemplar”, dice.

Aunque, en esta pasada, hay varios dispuestos a desmarcarse. Entre ellos, Tomás de Rementería (PS), para quien “si las isapres tienen que quebrar, buscaremos la forma de apoyar a sus afiliados, pero no podemos apoyar a los dueños de las isapres, que son los que están buscando ayuda en este caso”. Y Marcos Ilabaca, también socialista, quien adelantó que “no voy a aceptar una solución de estas características cuando se les mete nuevamente la mano al bolsillo a los ciudadanos”.

Hasta ahora ha recibido más apoyos de Chile Vamos, con quienes mantiene una buena comunicación por el aporte que hizo en la administración de Sebastián Piñera, como presidenta del Comité de Expertos por el Covid-19. Quien la llevó fue el exministro Jaime Mañalich, ya que había sido su alumna en la Universidad de Chile. “En el trabajo que se hizo para la pandemia, ella constató la importancia de contar con un sistema mixto de atención de salud, que fue capaz de dar una respuesta exitosa a una tremenda crisis sanitaria. Y ahora está haciendo un trabajo especialmente relevante en la tramitación de la ley corta”, dice.

Cercana a Aguilera también es Paula Daza, quien integró el Comité de Expertos convocado por el Senado para ver salidas a la situación de las aseguradoras. Pero con motivo de esta tramitación, las posiciones se han distanciado.

Quien se ha convertido desde fines del año pasado en un aliado clave ha sido el superintendente de Salud, Víctor Torres, a pesar de que el año pasado tuvieron públicos roces. Incluso, en una reunión en el Minsal, Torres -según se confidencia- llegó a decir que la propuesta que entregó la secretaria de Estado era un traje a la medida de las isapres y que él no había sido considerado en la redacción del borrador. Aguilera le habría respondido que sus cálculos estaban mal hechos y que había hecho mal la pega.

Pero ambos optaron por dar vuelta la página. En el Congreso se hace ver que Torres -exdiputado DC- le ha abierto muchas puertas a la ministra, por el manejo legislativo que tiene, lo que ha sido fundamental en esta recta final de la ley corta.

Uno de sus detractores era el diputado Tomás Lagomarsino (Ind. Radical). “Pero nobleza obliga y tengo que reconocer que esta vez la templanza de la ministra fue clave para el acuerdo”, dice.

Y aunque se cuestiona de Aguilera su falta de experiencia política, no es una novata en estas lides. En 2002 y 2003 sufrió junto al entonces ministro Osvaldo Artaza los avatares por la reforma a la salud y el Auge, plan que fue muy criticado en ese momento. Hoy, el exministro y decano de la Facultad de Ciencias de la UDLA defiende el rol cumplido por Aguilera. “A la ministra -dice- le ha tocado enfrentar un zapato chino, con un rango de acción muy limitado. Y, la verdad, es que nadie puede mirar para el techo y decir: ‘Yo no tengo algo de responsabilidad’, porque han pasado varios gobiernos desde el fallo del Tribunal Constitucional”.

Si bien Aguilera sorteó con éxito la mixta, se apresta a enfrentar este lunes su verdadera prueba de fuego, como negociadora política, cuando las salas del Senado y de la Cámara voten por separado el paquete de indicaciones. Un asunto que para muchos -en La Moneda y en el Congreso- tiene signos de interrogación.