La Convención puertas adentro: Las negociaciones previas, tensiones, sahumerios y la historia de amor que marcaron un año de trabajo

“¿Por qué no suena el himno?, ¿por qué no suena el himno”, repetía airadamente el entonces ministro de la Segpres, Juan José Ossa, desde su oficina en La Moneda, donde seguía al detalle la ceremonia de inauguración de la Convención Constitucional, la mañana del domingo 4 de julio de 2021.

A esa altura, Ossa –responsable por parte del gobierno de la puesta en marcha de la Convención- se mantenía conectado por teléfono con los encargados del acto y no ocultaba su agitación.

El estado de ánimo del ministro sólo se templó unos segundos después. Por los parlantes instalados en la carpa que reunía a los 155 convencionales electos dos meses atrás –el 15 y 16 de mayo- comenzó a sonar con intensidad la versión del himno nacional envasado y se dio por oficialmente iniciado el proceso constituyente.

Lo de la música envasada había sido una medida de precaución de Ossa y su equipo. Consciente de las intensas semanas de negociación en las que se tomaron diversos acuerdos con los convencionales electos para el desarrollo del acto, el ministro no quería dejar nada al azar y se había asegurado varios respaldos.

La fórmula -además- parecía funcionar. Una vez que el ambiente se inundó de los acordes de la música, los jóvenes y niños integrantes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Foji) se animaron y comenzaron la interpretación en vivo del Himno Nacional –para la cual habían sido convocados- y que estaba a cargo de un cuarteto de cuerdas.

La cara de temor de los jóvenes músicos comenzó a aparecer en las imágenes de TV anunciando que algo estaba saliendo mal. El caos comenzaba a tomarse la ceremonia que ya amenazaba con convertirse en un campo de batalla.

Un grupo de convencionales de los grupos de izquierda más radicales empezó a levantar la voz e interrumpir la actuación de la Foji para advertir de las manifestaciones que se agudizaban en las afueras del Congreso. El grito de “liberar, liberar, a los presos por luchar” contaminaba el ambiente y acallaba la música, mientras representantes de Chile Vamos se llevaban la mano al corazón y entonaban a ojos cerrados la canción nacional. Todo parecía un caos.

A las 11.20, la convencional Elsa Labraña se acercó amenazante a la mesa que lideraba la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares. Los gritos de Labraña -”no sigas, no sigas, para”- a pocos centímetros del rostro de quien desempeñaba la función de maestra de ceremonias del acto tuvieron el efecto de paralizar a la funcionaria, por esos momentos la única que daba un poco de solemnidad al ambiente.

Labraña –representante de la Lista del Pueblo, el movimiento político de izquierda que se había transformado en la gran sorpresa de la elección de constituyentes- estaba fuera de sí. Y logró su propósito cuando con voz pausada la relatora del Tricel señaló que “vamos a suspender hasta las 12.00 para asegurarnos de que el país esté tranquilo y podamos tener la audiencia solemne como corresponde a estas autoridades y a nuestro país”. Habían transcurrido poco más de 20 minutos de iniciado el acto.

Tras la interrupción de la toma de juramento, algunos de los convencionales, representantes de sectores de izquierda, abandonaron la sede del Congreso para inspeccionar si Carabineros estaba reprimiendo a los manifestantes.

A varios metros de ahí, el teléfono de Ossa no paraba de sonar.

El ambiente estaba estresado. La desconfianza campeaba en todos los rincones y se notaba en los rostros de varios convencionales. El principal temor -compartido en las reuniones previas que se desarrollaron entre el gobierno de Sebastián Piñera y representantes de los convencionales electos- era que se desencadenara una disputa en la ceremonia de inauguración. “Sí que se agarraran a golpes”, recuerda uno de quienes participaron en las tratativas.

Ossa y el subsecretario Segpres de ese entonces, Máximo Pavez, junto a Francisco Encina asumieron la interlocución de La Moneda con algunos convencionales electos para acordar el marco en el cual se realizaría la ceremonia de inauguración. Ricardo Montero y César Valenzuela (PS), Beatriz Sánchez y Fernando Atria (FA), Patricia Politzer (INN), Hugo Gutiérrez y Marcos Barraza (PC) y Rodrigo Álvarez, Cristián Monckeberg y Hernán Larraín Matte (Vamos por Chile) fueron sus principales contrapartes.

Las últimas semanas de junio de 2021 se sucedieron una serie de reuniones-zoom para encontrar puntos de encuentro sobre el acto inaugural.

Las suspicacias estaban a ras de piel, especialmente entre los representantes electos de la centroizquierda, que temían que el gobierno intentara boicotear el proceso. Tanto era así que algunos constituyentes se ofendieron cuando en uno de los encuentros por zoom el ministro Ossa apareció con un polerón con capucha. Lo tomaron como una muestra de displicencia. Era un domingo por la tarde.

A cuentagotas se llegaron a generar los acuerdos que -la mañana del 4 de julio de 2021- comenzaron a trastabillar cuando los gritos de los convencionales de izquierda y las protestas que se tomaron las calles aledañas al Congreso en Santiago obligaron a suspender la ceremonia.

-”Voy y vuelvo”, comentaba el convencional Rodrigo Rojas Vade a uno de los funcionarios de la Segpres que estaban desplegados en la carpa para asegurar el normal desarrollo de la ceremonia inaugural. Ante la cara de asombro del funcionario que veía cómo el convencional de la Lista del Pueblo abandonaba el lugar, Rojas Vade lo tranquilizó.

-”Voy a tomarme una selfie y regreso”, aseguró.

Ossa desde La Moneda pedía a su equipo que intentara calcular cuándo se reiniciaría el acto.

Una sola obsesión primaba entre las autoridades del gobierno de Piñera por esas horas: evitar la escena de manifestantes ingresando a la carpa donde se llevaba a cabo la ceremonia. Entre los funcionarios de La Moneda que participaron en las semanas previas de la implementación del acto inaugural la consigna era en esta línea y evocaba el escándalo protagonizado en EE.UU. el 6 de enero de 2021 por partidarios del Presidente Donald Trump cuando irrumpieron en la sede del Congreso mientras se certificaba la victoria del futuro mandatario Joe Biden. “Hay que impedir la toma del Capitolio”, se repetían como mantra.

El ministro del Interior de la época, Rodrigo Delgado, fue el encargado de diseñar junto a Carabineros el plan de seguridad para el 4 de julio. Se dispusieron varios anillos en las calles aledañas al Congreso para contener protestas y la orden a los efectivos policiales era clara: contención disuasiva. El personal de salud fue el asignado en los ingresos al Congreso para evitar cualquier tipo de susceptibilidades. Aún así, al término de la jornada el balance arrojaba una mujer y 30 policías lesionados y 20 detenidos.

En las reuniones previas entre los convencionales electos y el gobierno, la seguridad también era la principal preocupación de los representantes de Vamos por Chile, que temían una agresión. Eso y que La Moneda no cediera a todos los requerimientos de los constituyentes de izquierda fueron las líneas rojas de su negociación.

Fue por ello que se acordó que los 37 integrantes de la bancada de centroderecha ingresaran de los primeros -alrededor de las 9.30- a los jardines del Congreso para instalarse en la carpa para el juramento. El resto de los convencionales lo haría correlativamente por grupo. Todo era una gran coreografía que -al menos al principio- pareció funcionar.

Hasta que las protestas y los gritos de Labraña y otros convencionales obligaron a Valladares a suspender la sesión.

La secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, a esa altura era el gran descubrimiento de la ceremonia. Durante días había entrenado junto a funcionarios de la Cámara de Diputados y el gobierno desde su ingreso a la carpa hasta cómo sería la toma de juramento de los convencionales.

Su nominación -como cada uno de los pasos que se daban en al acto- había sido fruto de una negociación.

Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Piñera una vez elegidos los convencionales fue excluir de la inauguración a cualquier tipo de autoridad. El gran damnificado, a primera vista, fue el propio Mandatario -a quien se quería evitar exponer a un bochorno, dado que el proceso constituyente se había abierto para encauzar el estallido social que hizo tambalear a su administración apenas meses antes. Sin embargo, la más molesta fue la entonces presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien no se resignaba a ser relegada.

La Moneda sintió la amargura de su reacción cuando -apenas cuatro días antes de la ceremonia de inauguración- el Senado cerró con llave las salas que estaban bajo su administración en la sede del Congreso en Santiago, lo que dificultó la instalación del proceso.

La exclusión de todo tipo de autoridad se informó a los representantes de los constituyentes que comenzaron a tomar parte en la ronda de conversaciones en las que se consensuó el acto. Un tema -eso sí- no sería objeto de negociación: debía haber un representante del Estado para liderar la ceremonia hasta el momento en que los convencionales eligieran a su primera directiva.

En principio, el ministro Ossa pensó en el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. El nombre se desechó rápidamente, ya que a las propias reticencias del supremo se impuso la lógica de que el “poder constituyente” no podía aparecer administrado por el “poder constituido”. Todo era susceptible de cuestionamientos y había que ir pisando huevos.

Los mismos convencionales electos tenían sus candidatos. El Frente Amplio y el Colectivo Socialista promovían la idea de “un jefe de juramento simbólico”. Para tales efectos propusieron a Héctor Ponce, un funcionario del Congreso literalmente encargado del manejo de las llaves de la Corporación. Los Independientes No Neutrales, en tanto, impulsaban que quien liderara la ceremonia fuera un “ciudadano respetado”. ¿Su apuesta? La lingüista Adriana Valdés.

El gobierno se resistía a las fórmulas innovadoras -de hecho, pidió unanimidad de los convencionales en torno a un nombre- y buscaban lo que entendían como sello republicano para impregnar el acto. Y se sacó un as bajo la manga: la secretaria relatora del Tricel.

El destacado desempeño de Valladares en la ceremonia fue tal -mantuvo la templanza incluso cuando le gritaban “mija”-, que hoy todos se atribuyen el acierto del nombramiento. Lo claro es que fue Ossa quien la contactó formalmente para pedirle asumir ese rol, y el Presidente Piñera firmó el 21 de junio de 2021 el decreto de instalación de la Convención, donde se produjo su nombramiento.

-”¿Aceptan asumir y ejercer el cargo de convencional constituyente para redactar y aprobar una propuesta de texto para una nueva Constitución para Chile, cargo para el que fueron declarados electos y declaradas electas en sentencia y proclamados y proclamadas conforme al acta del Tribunal Calificador de Elecciones ya referida? ¿Aceptan?”, preguntó la funcionaria.

“Sí”, respondieron al unísono los convencionales, que sellaron su compromiso con un sonoro aplauso.

El rito, que duró casi dos minutos, también había sido foco de intensas discusiones en la previa de la ceremonia.

Y es que la postura de los colectivos de la centroizquierda era facilitar el juramento uno a uno de los convencionales.

El diseño -calculó La Moneda-, además de largo, abría el espacio para que cada quien pudiera aprovechar su turno para enviar un mensaje y poner en jaque la solemnidad del acto. Así que fue desechado.

También corrieron esa suerte varias solicitudes de algunos de los convencionales de los Pueblos Originarios que exigían que no se pusiera la bandera o se entonara el himno nacional durante la ceremonia, o que se cubriera todo aquello que consideraban ofensivo para sus representados, como un mural de Pedro Subercaseaux -El descubrimiento de Chile por Diego de Almagro- que se ubica en la testera del Salón de Honor de la sede del Congreso. A ello se suma la negativa de las autoridades de Palacio a que realizaran en la carpa un rito ancestral -como se demandaba- al inicio de la inauguración.

Los contactos previos de La Moneda con los convencionales de los Pueblos Originarios fueron los más difíciles, según afirma el entonces subsecretario Máximo Pavez. “Querían enfrentarse al gobierno y Francisco Encina -el secretario ejecutivo de la Convención que debió renunciar a los pocos días de la ceremonia- fue el que pagó los costos de ello”, aseguró Pavez.

En buena parte por eso, la elección al término de la ceremonia inaugural de la representante del pueblo mapuche Elisa Loncon, como presidenta de la Convención, auguraba tempestades para La Moneda. Y no equivocaron el presagio.

“Yo voy a seguir argumentando...”, gritó Daniel Stingo una vez que el también convencional Felipe Harboe casi había abandonado la sala visiblemente molesto. La arremetida indignó al exsenador, quien se devolvió a encarar por segunda vez al abogado de la TV.

-”Sé hombrecito, no me grites por la espalda”, le manifestó.

Apenas minutos antes, Harboe había sido advertido de que en una de las comisiones -la de Justicia- Stingo estaba criticándolo abiertamente en su ausencia. El convencional del Colectivo del Apruebo enfiló, entonces, hacia el lugar donde se desarrollaba el debate sobre el futuro del sistema judicial.

El abogado se descolocó cuando vio llegar a Harboe e interrumpió su alocución mientras éste le enrostró que no les atribuyera intenciones a sus posturas, sino que criticara su contenido. Stingo sólo sacó la voz cuando el exsenador se había dado media vuelta para abandonar el lugar. Fue entonces que Harboe se devolvió.

Las tensiones en la convivencia entre constituyentes fueron parte del libreto que marcó a la Convención durante todo su año de funcionamiento. Así, a poco andar se estableció una Comisión de Ética con integrantes externos, encargada de sancionar eventuales transgresiones.

El comité que dirigió la psicóloga Elizabeth Lira recibió 28 denuncias durante su período de funcionamiento, además de ocho solicitudes sobre conflicto de interés, seis solicitudes de acceso a la información y cuatro amparos de acceso a la información. En el registro consignado en un informe que fue publicado por La Tercera el 8 de julio, a días de que la Convención se disolviera, queda establecido que la mayor parte de las sanciones -todas, excepto una- se aplicaron a convencionales de derecha, concretamente a Arturo Zúñiga (UDI), Ruth Hurtado (Partido Republicano), Marcela Cubillos (Ind), Teresa Marinovic (Ind-RN), Martín Arrau (UDI) y Katherine Montealegre (UDI).

El balance hizo que la derecha replicara que lo que hubo fue más bien un “comité de censura y no de ética”, ya que sus sanciones fueron aplicadas principalmente por comentarios respecto del contenido del debate constitucional.

Ya en la ceremonia del juramento se habían producido desencuentros entre los convencionales, entre quienes campeaba la desconfianza, en particular con los representantes de la derecha, quienes acusaban mal trato de la Lista del Pueblo. Ellos, por su parte, señalaban que se sentían los verdaderos anfitriones de la instancia, dado que habían obtenido un sorprendente triunfo electoral, cuestión que más molestaba al resto.

Pero entre ellos, coinciden en los distintos colectivos, había una excepción: Rodrigo Rojas Vade.

El convencional -que tras una investigación de La Tercera confesaría que no padecía cáncer y debió renunciar a la instancia meses después- era, por lejos, “el más cariñoso de todos”, según sostuvieron varios de los consultados para esta serie de Reportajes.

Entre los convencionales de la derecha la popularidad de Rojas Vade rápidamente fue en ascenso. Al principio -coinciden varios- se le temía porque se recordaban sus batallas campales con carabineros en la Plaza Italia, donde a torso descubierto -catéter incluido- lideraba los enfrentamientos con la policía en la denominada “primera línea”. Pero el entonces convencional sabía cómo romper el hielo con una gran sonrisa y a los pocos días Ruth Hurtado (Partido Republicano) rezaba por su salud y Bárbara Rebolledo (Ind- Evópoli) le ofrecía su manta para que no pasara frío. Carol Bown (UDI)- en tanto- intercambiaba frecuentemente WhatsApps y compartió con él la experiencia de uno de sus familiares enfermo de cáncer.

Sobre el descubrimiento de la farsa de Rojas Vade -que debió renunciar a la mesa directiva donde era vicepresidente adjunto y nunca más volvió a sus labores desde septiembre de 2021- no hay dos lecturas: fue el golpe más duro que debió enfrentar la Convención en su año de funcionamiento.

Las polémicas comenzaron a formar parte de la rutina de los 12 meses que el órgano operó y hubo varias públicas atribuibles al comportamiento de algunos convencionales que -por ejemplo- votaban con guitarra en mano o desde la ducha. Pero puertas adentro hay un cierto consenso en que las más provocadoras fueron Marinovic (Ind-RN) y Elsa Labraña (Lista del Pueblo). La primera solía fumar cigarrillos electrónicos en lugares cerrados y se resistía a usar la mascarilla sanitaria, además de crear los “visti-puntos”, unos carteles con puntuaciones que levantaba cuando, según ella, uno de sus pares (por cierto de izquierda) se “hacía la vístima”. Labraña, en tanto, desde el desaire de la ceremonia de inauguración pasó a comentarios agresivos a viva voz, como cuando se acercó a los constituyentes de derecha y les espetó que “si no callan a esta mina, le entierro la bandera en los ojos” para referirse a Marinovic, o la costumbre que tomó de realizar sahumerios por los pasillos de la Convención para “espantar las malas vibras”, como justificaba.

La machi Francisca Linconao (representante del pueblo mapuche y quien estuvo acusada dos veces en la causa del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, aunque luego fue absuelta) también cultivó un perfil polémico, según varios consultados. El exsubsecretario Máximo Pavez revela que en horas previas a la inauguración de la Convención, Linconao tuvo un fuerte altercado con el taxista que la traía desde el aeropuerto, lo que significó un reclamo al gobierno de la compañía de transporte a la que pertenecía el vehículo. Otra queja vino de los arrendatarios del departamento que se le debió alquilar desde su arribo a la Convención -una prerrogativa que no tenían todos sus pares que debían alojarse en un hotel-, ya que, según refrenda Pavez- quemó la cocina. Otros convencionales, en tanto, recuerdan su trato distante. “No te miraba” y “no te respondía”, fueron comentarios recurrentes.

Desaires como el de Alejandra Pérez (Lista del Pueblo) a Arturo Zúñiga (UDI) -cuando antes de saludarlo en la comisión que compartían le espetó “te voy a rechazar todo lo que presentes”- o el de Alejandra Flores (Movimientos Sociales), quien dijo que no iría a almorzar en grupo a un restaurante peruano cercano al ex Congreso porque estaba Raúl Celis (RN), eran comunes en la convivencia diaria.

Y sin embargo, aunque fueron los menos -según coinciden varios convencionales consultados- se abrieron espacios de relación más profundas. Casi todos entre colectivos afines políticamente. Ahí se cuenta la amistad entre Marinovic y Rocío Cantuarias e incluso una historia de amor que terminará en un pronto matrimonio: Damaris Abarca (Ind-FA) y Matías Orellana (PS). La naciente pasión entre los coordinadores de la Comisión de Derechos Fundamentales fue comentario obligado en los pasillos de la convención.

En lo que no hubo alteraciones fue en la distancia que los constituyentes buscaron remarcar desde el inicio con el gobierno de Piñera. Y el primer damnificado fue el entonces secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, quien debió renunciar a días del inicio del trabajo de los constituyentes debido a los problemas de instalación que obligaron la suspensión de la primera sesión de la instancia.

“Este ministro y el Presidente de la República han aceptado la renuncia voluntaria de Francisco Encina Morales y le agradecemos el esfuerzo, trabajo y el tiempo que le dedicó a la instalación de la Convención Constitucional”, fueron las palabras con las que el ministro Ossa anunció la renuncia del funcionario.

La dimisión fue un golpe fuerte para La Moneda, donde desde el comienzo del funcionamiento del proceso constituyente debió convivir con la amenaza de acusación constitucional en contra del ministro de la Segpres. Pero en esos días de instalación hubo un damnificado menos conocido: el ministro de Salud, Enrique Paris.

Apenas asumida en sus funciones la mesa que integraban Loncon y Jaime Bassa como presidenta y vicepresidente, respectivamente, citaron al titular de Salud a una reunión. Ya caía la noche del martes 6 de julio cuando Paris llegó en compañía del subsecretario Pavez a la oficina de la presidenta de la Convención. La idea de los nuevos líderes constituyentes era que el secretario de Estado firmara los protocolos de salud para el funcionamiento del proceso que habían sido diseñados por el Colegio Médico.

La reunión había sido tensa, ambiente que al parecer Paris no había logrado advertir bien. Y es que una vez terminada la cita, las autoridades de La Moneda se disponían a salir cuando el ministro abruptamente retrocedió en sus pasos.

Paris volvió con el rostro desencajado. Y el mismo contó las razones.

-”Fui a pedirle a la señora Loncon una selfie. Pero me dijo que no”, comentó apesadumbrado.