Aunque no hay una comunicación por escrito, ni nada por el estilo, desde La Moneda han hecho ver a sus partidos que la prescindencia del Presidente Gabriel Boric -y de todo el gobierno- es, hasta ahora, la mejor opción para enfrentar el próximo plebiscito de salida, en el que los chilenos votarán por una nueva Constitución o mantener la actual.

La estrategia es muy simple, explican fuentes de gobierno. Si Boric apoya la opción “En contra” del nuevo texto -como todo indica que lo harán sus partidos-, en Palacio calculan que la votación del 17 de diciembre podría transformarse en un plebiscito al gobierno, cuyo apoyo oscila hoy en las encuestas en torno al 35%.

“Boric mueve la aguja. Si él dijera que está por rechazar, aumentará el ‘A favor’”, afirma un dirigente de la UDI, que ha estado muy cerca de este proceso.

Justamente, José Antonio Kast ha buscado -sin éxito hasta ahora- sacar al Mandatario y a sus ministros al ruedo, a través de constantes emplazamientos. El miércoles, el líder republicano se lanzó contra el titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC), a quien acusó de “buscar instalar una agenda ideológica en los niños”, a diferencia de “la libertad de enseñanza que asegura el nuevo texto constitucional”.

En el cónclave oficialista realizado hace dos semanas en la sede de Convergencia Social, los partidos coincidieron en que esta no es una carrera resuelta, a pesar de la ventaja que muestran las encuestas, y que cualquier error que ellos cometan podría influir en el resultado.

En esa oportunidad, cuenta un jefe de partido presente en la cita, estuvieron de acuerdo en que Boric no debe “pisar el palito” que le mantendrá puesto Kast hasta el final para que entre al ruedo. Y que lo mejor es que no diga cómo votará, tal como lo hizo el entonces Presidente Sebastián Piñera en el plebiscito de entrada de 2020, en que casi el 80% de los chilenos se manifestó a favor de iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución.

“Ojalá que Boric tenga total prescindencia. Yo lo invitaría, incluso, a que se quede calladito y no diga nada, que no hable del tema”, dijo el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, el lunes, en su programa en redes sociales Barba Roja.

Consultado al respecto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), dice que “nuestra tarea es gobernar y la prioridad es resolver los problemas que afectan a los chilenos. Eso no quita que se harán todas las tareas de difusión para que la ciudadanía concurra informada a las urnas”.

Otro argumento que alimenta la posición de la prescindencia en el debate ante el referéndum -en el que coinciden todos los partidos, oficialistas y de oposición-, es que la agenda del país que viene por delante juega en contra del proceso constitucional.

No sólo los sondeos han mostrado una y otra vez -desde el inicio del proceso- que la ciudadanía está, en su mayoría, indiferente al proceso. En los próximos 15 días la atención del país estará puesta en los Juegos Panamericanos, el evento deportivo más importante en Chile en los últimos 60 años, y la semana siguiente -del 6 al 11 de noviembre- estará marcada por la 45° versión de la Teletón, evento que tradicionalmente une al país y obliga a congelar las discusiones políticas. Inmediatamente, vienen las graduaciones y las compras navideñas.

“Para cualquier gobierno, el hecho de que haya actividades que atraen tanto la atención de la opinión pública es algo positivo, pero en este caso en particular el problema es que hay una decisión muy importante por delante y los estudios de opinión revelan que la ciudadanía está muy indiferente al tema constitucional “, comenta el exministro José Antonio Viera-Gallo (PS), quien ha seguido de cerca este y el anterior proceso constituyente.

El analista de la U. de Talca Mauricio Morales afirma que hoy, a poco menos de dos meses del plebiscito, los sondeos más reputados indican que el “En contra” es “irreversible”. Y cita a la encuesta Cadem, en que sólo un tercio de los votantes dice confiar en los expertos y en los consejeros constitucionales; la de Pulso Ciudadano, donde el 63% respondió que no confía en este proceso constituyente, y Criteria, que indica que la mayoría de los chilenos cree que la nueva Constitución beneficiaría más a la élite (políticos y grandes empresarios) y no a los trabajadores, mujeres o “gente como yo”.

Por ello, en el gobierno quienes defienden no pronunciarse ante el proceso relevan que hacerlo los llevaría a entrar a un terreno que hoy no comulga con el interés ciudadano y que los muestra distraídos de las prioridades centrales de los electores.

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, llama a La Moneda a que se informe correctamente en los meses que vienen. “Esperamos que se gasten los mismos recursos que en la campaña anterior, en que se imprimieron 900 mil copias de la propuesta de Constitución -que finalmente fue rechazada-”.

La decisión de Boric de no involucrarse en la recta final de este segundo proceso -aseguran en el oficialismo- también sería beneficiosa si es que la derecha logra dar vuelta al electorado en favor de la nueva propuesta, como Kast aseveró que ocurriría hace un par de semanas.

En ese escenario, el Mandatario estaría blindado ante el impacto de una nueva derrota electoral, como la que sufrió en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en que él y su gobierno se la jugaron por el texto emanado de la polémica ex Convención Constituyente. El hecho le asestó un duro golpe al Presidente, lo obligó a realizar un profundo cambio de gabinete y a resignar gran parte de su programa de campaña.

Por ello, la apuesta hasta este momento es que sean los partidos quienes se pongan al frente de la campaña y asuman como principales voceros y actores de la misma.

En el gobierno apuestan también al rol que jugarían por el “En contra” los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Aunque hasta ahora no ha dado señales de revelar públicamente su postura, Lagos, señalan altas fuentes oficialistas, tiene la autoridad moral de habérsela jugado durante su mandato -en 2005- por cambiar la Constitución de 1980 y haber tomado distancia del trabajo de la ex Convención.

La exmandataria, que tampoco ha dado luces de referirse al tema, podría alinear a un electorado femenino, que se sienta afectado en sus derechos, como varias dirigentas han advertido. “Para muchas mujeres serían un retroceso algunas de las enmiendas”, dijo en agosto al exponer ante la comisión de Sistema político del Consejo.

En contraparte, quienes sostienen que el Ejecutivo debiera manifestar una postura plantean que la prescindencia y el no sumarse al “En contra” podría tener un costo para él y su administración: perder parte del voto duro, que hasta ahora ha sido fiel, pese a sus autogoles y “vueltas de carnero”, y que podría sentirse “traicionado”.

Este es un factor que estará presente, señalan, a la hora de tomar la decisión definitiva. “El dilema es hacer lo que conviene o lo que dicen las convicciones”, reconoce una fuente de gobierno en off al cuestionar las normas sobre huelga, aborto, salud y pensiones.

“Estamos en alerta máxima”, advierte la diputada comunista Karol Cariola, quien formó parte de la delegación que esta semana acompañó al Presidente en su visita a China. “Nosotros jamás vamos a aprobar algo que signifique un retroceso en los derechos fundamentales para las personas, pero el proceso aún no se ha agotado”, precisa.

Aunque comunistas y frenteamplistas se cuadraron con la decisión de La Moneda de esperar hasta el término del trabajo del consejo (7 de noviembre) para tomar una definición, en forma privada han hecho saber la inquietud y malestar expresada por sus bases ante el nuevo texto.

Y aunque por ahora sea una posibilidad muy poco probable, siempre está latente el riesgo de un quiebre entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, que hasta ahora han competido por la hegemonía del gobierno.

En las últimas reuniones de jefes de partidos, más de un dirigente ha advertido que en sus bases resulta incomprensible seguir dilatando la decisión en contra de la propuesta constitucional, mientras republicanos y Chile Vamos ya han desplegado la campaña por el “A favor” en TikTok, por ejemplo.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien en su momento apostó por un acuerdo en la comisión de expertos, reconoce que hoy la posibilidad es remota. “La fe que yo tenía puesta en esta última etapa la he ido perdiendo, porque finalmente nos damos cuenta de que la estrategia de republicanos es tensionar el proceso. Aunque siempre puede ocurrir un milagro de último momento”. “Se ve difícil un acuerdo”, concuerda su par del PPD y compañero en el Senado, Jaime Quintana.

Desde el oficialismo señalan que, resuelta la postura, se viene otro debate complejo: ¿cómo afrontar la campaña?

Mientras los sectores del ala izquierda (PC y FA) propondrán salir a atacar la propuesta con fuerza, asociándola al mundo republicano y conservador, desde el Socialismo Democrático pedirán modular el mensaje ante un contrincante (Chile Vamos) que será necesario para aprobar las leyes de seguridad y la reforma previsional, a la salud y tributaria. El gobierno tiene la intuición que, de ganar el “En contra”, tendría mejores condiciones de negociar en el Congreso, afirma un dirigente.

A la espera del documento final, los jefes de partidos ya encargaron a sus secretarios generales que comenzaran a delinear la campaña y a organizar encuentros regionales.

“Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, afirmó Boric en marzo, cuando este segundo proceso constituyente comenzaba a calentar motores y nadie imaginaba el avasallador triunfo que obtendría republicanos en la elección de consejeros constitucionales el 7 de mayo (se quedaron con 23 de los 51 escaños).

Al contrario. Por esos días, en el oficialismo se hablaba de la oportunidad que podría tener el Presidente al poner su firma a una nueva Carta Magna y quedar en la historia.

Hace semanas que las señales desde el oficialismo plantean que ese optimismo desapareció y que el sector optará por rechazar la propuesta. El experimentado político del PPD, Sergio Bitar, reconoce que son muy bajas las posibilidades de que la izquierda la apoye, aunque aquello “signifique quedarse con la Constitución de Pinochet que siempre hemos tratado de sacarnos de encima”.

“Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet”, confesó el miércoles a Emol la consejera constitucional María Pardo (Convergencia Social).

El analista político Genaro Arriagada (ex DC) resume de la siguiente forma la disputa que viene: “No es la lucha entre el bien y el mal. Es algo quizás peor: es entre dos proyectos distintos, pero ambos muy mediocres”.

Lo que muestra con claridad la imposibilidad de la clase política para llegar a acuerdos en ambos procesos es la similitud de los argumentos usados el año pasado por la derecha para defender el Rechazo, y los utilizados actualmente por la izquierda para justificar el “En Contra”. “Se desperdició la oportunidad de dejar las ideologías de lado, alejarse del fanatismo, de abandonar el deseo de revancha política y de construir una casa de todos”, dijo el martes la consejera del PC Karen Araya, tras el término de la votación de las 210 observaciones hechas por la Comisión Experta.

Un alto funcionario de gobierno señala, sin embargo, que el éxito de la administración de Boric “se va a medir por sus logros, más que por una nueva Constitución”, y que la elección clave serán las municipales de octubre del próximo año.

Un ministro -que pide hablar en off- dice que el plebiscito puede ser una muy buena oportunidad para que Boric pudiera cumplir uno de sus grandes anhelos y “rearticular al mundo progresista” en torno al rechazo de la propuesta constitucional, incluida a la Democracia Cristiana -que se inclinaría por esta opción en su junta nacional de noviembre-.

En forma paralela al proceso constituyente, y por carriles separados, los partidos de gobierno y la DC ya se encuentran conversando la posibilidad de un pacto municipal en alcaldes y gobernadores. Ese fue, de hecho, el anuncio que las colectividades oficialistas realizaron el 9 de octubre, cuando, tras el cónclave que realizaron en la sede de Convergencia, informaron que buscarán enfrentar las próximas elecciones en conjunto con la Falange. Incluso, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo que abogará por una postura única ante el plebiscito de septiembre, que incluya a la DC. En esa tienda, en tanto, no están del todo convencidos.

Desde la oposición señalan, además, que si el “A favor” llegara a perder por un margen similar al del Apruebo en el pasado plebiscito, la izquierda “neteará ambos resultados, buscando establecer un empate” en este largo partido constitucional que partió hace cuatro años como una salida al estallido social.