Las deudas que ahogan a los partidos

“Sin finanzas, no hay partido, sin partido no hay revolución”. “¡Ponte al día y sé comunista!”. “Estar al día en las cotizaciones es parte de la militancia”. Estos son algunos de los eslóganes de la campaña lanzada esta semana por la dirección del PC, para recaudar recursos ante la compleja crisis financiera en que se encuentra.

No es el único en problemas.

La mayoría de los partidos enfrenta deudas de arrastre -tal como lo demuestran los balances entregados a fines de mayo al Servel- y buscan fórmulas de financiamiento para enfrentar los comicios municipales y regionales de octubre, en medio de la discusión por la rebaja del aporte estatal por sufragio en el contexto del voto obligatorio.

El diseño de la directiva PC apunta a recuperar la tradición de que los militantes que son autoridades colaboren con parte de su sueldo al partido o lo hagan en mayor proporción. Más aún si hoy son una pieza clave del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Este tema fue planteado en instancias internas por antiguos dirigentes comunistas, quienes han advertido que -aunque el aporte es voluntario- hoy hay autoridades comunistas que ganan más de tres o cuatro millones de pesos mensuales y, por tanto, están en condiciones de hacer un sacrificio mayor.

Desde el PC hubo total hermetismo sobre las cifras negras, como también para confirmar o desmentir que llevan varios meses con su rendición de gastos rechazada por el Servel, situación que lo ha hecho caer en falta de liquidez y hasta en retraso de pagos de sueldos.

La Democracia Cristiana -uno de los partidos más poderosos en los 90- es uno de los sumergidos en millonarias deudas.

Su momento más crítico se registró el año pasado. Al punto de que el martes 22 de agosto -abrumados por la persistente persecución de más de 15 acreedores distintos- el consejo nacional tomó una drástica decisión. Poner a la venta parte de sus propiedades (hoy son 40) para sanear las deudas que en ese momento superaban los mil millones de pesos: 896 de arrastre, más 219 gastados en la fracasada campaña de consejeros constituyentes.

“La imagen de la DC se ha visto afectada por la crisis financiera. Vender nuestras propiedades para pagar deudas es algo que, sin duda, nos duele”, comenta un parlamentario.

En noviembre, la DC logró vender un inmueble en La Calera y otro en Ñuñoa, con lo que la deuda logró rebajarse a $ 630 millones. Pero de ahí el proceso se estancó, ante un exceso de oferta y falta de compradores.

La debacle se viene arrastrando desde 2017. Ese año, el falangismo no solo perdió la primera vuelta con Carolina Goic, quien salió quinta, sino que pasó de una bancada de 21 diputados a 14. Fue el inicio de una larga agonía que la tiene hoy con solo cinco diputados, tras la escisión de Amarillos y Demócratas, y con una creciente fuga de figuras políticas y de militantes. Bajaron al lugar número 7, según los registros del Servel.

El miércoles recién pasado se registró la última reunión para aprobar la venta de otro inmueble. A las 18 horas llegaron hasta la sede del partido los integrantes del consejo nacional para zanjar el destino de una propiedad en Linares, mientras ya está cerrada la venta de otra en San Felipe y un departamento en Santiago Centro, en calle San Martín.

“La DC ha ido resolviendo sus problemas económicos de forma ordenada. Con las ventas se pagarán las obligaciones de este año, dejando el resto como deuda de largo plazo”, explica Alberto Undurraga, presidente del partido.

En paralelo, sigue en arriendo -desde agosto del año pasado- la histórica sede de la DC, de Alameda 1460, por 471 UF mensuales, unos 17.676.922. El aviso -en Yapo.cl- no hace mención a que se trata de las oficinas centrales de la Democracia Cristiana. Sí describe que se arriendan los tres primeros pisos -de un edificio de 11-, con un set de imágenes en las que aparece hasta la oficina de Undurraga y la sala de consejo, donde cuelgan -entre otros- las fotografías de Bernardo Leighton, Patricio Aylwin, Renán Fuentealba, Jaime Castillo Velasco, Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar. Como posibles destinos se menciona que el lugar sería “ideal para universidades, centros médicos, etc.”.

La compleja situación financiera de la DC aparece en el balance que entregó al Servicio Electoral, el 4 de abril, al que tuvo acceso La Tercera. El documento revela que esa tienda cuenta con un importante patrimonio, de $ 9.769.837.451. Pero también con un pasivo de $ 462.204.585. Un anexo constata la baja en los aportes por parte de los militantes, que se redujeron de $ 6.661.691 en 2022 a $ 2.697.906 en 2023.

“No tenemos un riesgo financiero. Hemos renegociado con nuestros acreedores y estamos con los pagos al día a nuestros funcionarios”, dice Jorge Alzamora, administrador general de la DC.

La mira del partido está puesta en los comicios regionales y municipales de octubre. Especialmente en la figura de Claudio Orrego, quien repostula a la Gobernación Metropolitana como independiente, en cupo DC. Su eventual triunfo podría revertir en parte -dicen- la mala racha. No solo en términos de electores, sino que también en financiamiento, por el monto que se otorga por voto conseguido.

En el PS las razones del endeudamiento son distintas. El balance entregado al Servel, al que tuvo acceso LT Domingo, da cuenta de que el gasto total en 2023 alcanzó a $ 3.748.521.202. Y que los ingresos, según el mismo documento, llegaron a $ 3.001.794.030, lo que deja un saldo en contra de $ 746.727.172.

Estas cifras causaron malestar en algunos dirigentes, que manifestaron sus reparos a nivel interno. Otros, en voz baja, cuestionaron directamente a Paulina Vodanovic, presidenta del partido, por el nivel de gastos.

Fuentes de la directiva precisan, sin embargo, que esa cifra incluye la compra de dos inmuebles -en Providencia y en Iquique- y un plan de restauración de sedes en todo Chile.

Otro número que llamó la atención fue el ítem “gastos generales personas”, que el año pasado alcanzó $ 803.100.638, unido a los $ 481.268.847 destinados a la campaña de consejeros constitucionales.

Vodanovic se defiende. Asegura que ella ha administrado el partido “con austeridad” y que el aumento de gastos obedece a decisiones políticas que no son unilaterales, sino adoptadas en conjunto por la mesa directiva, como el fortalecimiento de la Juventud Socialista -que preside Allan Álvarez-, que les permitió ganar las federaciones de estudiantes de las universidades de Talca, UC, Valdivia y la Facultad de Derecho de la U. Chile. Y reforzar y modernizar los equipos de derechos humanos y el de Comunicaciones.

Hace tres semanas, el administrador de la tienda, Cristián Rubio, dejó su cargo por otra oferta laboral, haciendo un positivo balance de las finanzas del PS, cuyo patrimonio actual -según expuso- alcanza a $ 9.106.873.882.

Vodanovic ha rechazado categóricamente la indicación de La Moneda que busca reducir el financiamiento para los comicios de octubre. Lo paradójico es que la rebaja es defendida por el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, su antecesor en la dirección socialista.

“El financiamiento público de los partidos es una definición que tomó el Estado de Chile y no un gobierno, y que apunta a un mayor control del gasto de los partidos, que no exista financiamiento irregular -con intereses de terceros- ni del extranjero y garantiza una cierta igualdad en el juego democrático”, sentenció la senadora.

Formas prácticas han buscado los partidos para reducir su planilla de gastos. El PPD, por ejemplo, arrienda -junto al Partido Liberal- una sede en calle Londres 43. Su actual financiamiento depende exclusivamente de los aportes públicos, ya que los militantes -que han ido a la baja- prácticamente no hacen contribuciones.

Su lista de costos mensual -que incluye cinco empleados que trabajan desde su fundación en 1987- bordea los 25 millones de pesos mensuales, y mantiene una deuda bancaria de alrededor de 50 millones de pesos de la campaña de 2021, que se está pagando.

José Toro, su secretario general, admite que “los problemas de caja” surgen cuando el Servel no les aprueba en forma rápida los balances, ya que el partido no cuenta con un colchón de recursos para pagar los sueldos. “El financiamiento público pudo permitir la vida de los partidos, pero -como contrapartida- produjo otro efecto: que los militantes no siguieran pagando las cuotas”, afirma Toro.

En el mismo barrio de París con Londres -en el que están las sedes del PS y del PPD- se encuentra la del Partido Radical. Leonardo Cubillos cuenta que al asumir la presidencia del PR, en agosto de 2022, los balances de 2020 y de 2021 habían sido rechazados por el Servel, por no haber sido entregados, situación que denunció ante el Ministerio Público.

El dirigente explica que han hecho todo lo posible para no echar mano al gran patrimonio que aún posee la colectividad, que incluye 20 propiedades en todo el país, entre ellas, la histórica sede de calle París con Londres, donde funcionó por muchos años la Concertación y que está avaluada en cuatro millones de dólares. Si el Servel les aplica una nueva multa, se verán obligados a vender un sitio eriazo que tienen en Quilleco, VII Región.

El punto es que la compleja situación alertó a un grupo de antiguos dirigentes radicales, entre ellos, varios que han renunciado al partido, que buscan que -ante la eventualidad de que el PR pudiese desaparecer- sus bienes sean traspasados a la masonería.

La oposición tampoco se salva de las deudas. Fuentes internas de Renovación Nacional revelaron a La Tercera que en el consejo general del pasado 30 de abril, el presidente, Rodrigo Galilea, consignó un déficit de cerca de $ 500 millones. Aunque no responsabilizó a nadie, fuentes internas afirmaron que los recursos habrían sido gastados por la administración que encabezaba Francisco Chahuán (2021-2023).

Frente al cuestionamiento, la directiva anterior afirmó que las inversiones en infraestructura y los gastos del proceso constitucional explican la situación. Y que “en las elecciones parlamentarias y plebiscitos, especialmente aquel donde ganamos con el Rechazo, valía la pena un esfuerzo extraordinario con cargo a fondos propios del partido, porque estaba la democracia en juego”.

La vicepresidenta Ximena Ossandón admite que, “efectivamente, en el consejo general, se dio a conocer un déficit, que está puesto en el último balance entregado al Servel”. Pero que eso “no significa que el partido esté en números rojos de cara a las elecciones que vienen”, y que han debido hacer ajustes, “para enfrentar una campaña como esta, que tiene un altísimo costo”.

“Es cierto que en RN no estamos en una situación holgada. Y eso se nota. Pero necesitamos todo el apoyo posible, porque estamos en una posición muy distinta a la del PC, que quiere aparentar que es Don Ramón, cuando en realidad es el señor Barriga”, dice Mario Desbordes, candidato a alcalde por Santiago, donde compite con Irací Hassler (PC). Un punto que comparte Felipe Alessandri, candidato por Lo Barnechea, quien afirma que “enfrentamos competencias muy difíciles y, por lo tanto, los partidos también deben hacer un esfuerzo para apoyarnos”.

Pocos son los partidos que enfrentan lo que viene con más tranquilidad. Es el caso de la UDI, donde -confiesan- tienen deudas abordables por unos 180 millones aproximadamente. “No tenemos una situación muy diferente a las elecciones anteriores. De hecho, nos pilla en un escenario financiero con buenas perspectivas. Estamos tranquilos”, afirma Javier Macaya, su presidente.

Sus socios de Evópoli respiran aún más aliviados, pues no tienen deudas ni tampoco bienes raíces. De hecho, la casona de Alberto Magno 1428, en Providencia, es arrendada. “Nosotros no tenemos deudas. Afortunadamente, no tenemos problemas en ese sentido; estamos estabilizados”, dice Gloria Hutt, presidenta de Evópoli.

Pese al mazazo que significó para Revolución Democrática el caso Democracia Viva -donde se vieron involucrados varios de sus militantes-, su tesorera, María José Oyarzún, asegura que hoy “gozan de buena salud”.

La colectividad fundada en 2012 por líderes de la movilización estudiantil, entre ellos Giorgio Jackson, se encuentra al día con sus balances ante el Servel, sin deudas y con militantes que aportan un total de $ 15 millones mensuales. Cada autoridad destina voluntariamente el 0,6% de su sueldo.

Este mes, además, dejaron de generar gastos y emitir facturas, ante la inminente fusión con Convergencia Social -más los militantes de Comunes, partido que terminó siendo disuelto por el Tricel-, que los convertirá en un partido único (Frente Amplio). En todo caso, también para ahorrar costos, desde el año pasado comparten el arriendo de una casona en Esmeralda.

Ante la estrechez económica, la esperanza de los partidos está en la aprobación de los balances -por parte del Servel- para enfrentar los desafíos electorales de octubre. Un rechazo dejaría a algunos al borde del precipicio financiero.