Los 500 días de Brahm: El voto dirimente que dio un triunfo al Gobierno y volvió a aquietar las aguas en el TC

Un gendarme que custodia el edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario debe, de vez en cuando, desatornillar los pernos que sujetan la placa enclavada en el frontis de este edificio -monumento histórico emplazado en el Paseo Huérfanos- y que identifica que en ese lugar funciona el Tribunal Constitucional (TC). La decisión obedece a motivos de seguridad y el temor de que sea blanco de protestas e incluso de un ataque.

Su actual presidenta, la abogada María Luisa Brahm –exdirectora del Instituto Libertad y exjefa de asesores en el primer gobierno de Sebastián Piñera- llevaba sólo seis semanas en el cargo cuando se produjo el estallido social del 18 de octubre. Y entre los múltiples cuestionamientos a las instituciones y a la clase política, el Tribunal Constitucional no quedó fuera de la lista. Recordada es la sentencia en contra del proyecto que daba mayores atribuciones al Servicio Nacional al Consumidor (Sernac) y que tras su paso por el TC quedó, metafóricamente, “como un león sin dientes”. Y recordada también, pero dentro del TC, era la golpiza que había sufrido un año antes el expresidente Iván Aróstica al salir de una votación del tribunal. Con esos antecedentes sobre la mesa, los miembros del organismos optaron por poner una placa movible para “no tentar a los manifestantes”.

Una de las primeras gestiones que le atribuyen a Brahm a nivel interno –cuando aún no llegaba la pandemia y el trabajo era presencial- fue la compra y reforzamiento de implementos antiincendios. Incluso, los propios ministros y funcionarios han hecho simulacros de ataques y lo que deben hacer en el caso de que una turba ingrese al edificio. “Hay unas especies de búnker, o zonas de resguardo”, comenta un ministro, y deja caer el verdadero lío del TC: “El fuego está encendido acá adentro hace tiempo -ironiza- con la pésima relación entre ministros, el mal ambiente que se vive y ahora con nuestro futuro lapidado con la resolución de esta semana con el tema del retiro del 10% de las AFP”.

El mismo integrante hace ver que el arribo de Brahm a la presidencia fue por un pacto que contó con el apoyo de ministros del ala “progresista” que no querían que llegara a la presidencia el abogado de la UC Juan José Romero. Y que pese a que lo que se buscó fue “dar gobernabilidad” a la institución, en los 506 días que lleva la administración Brahm, las alianzas se han roto y las confianzas entre los miembros del organismos nunca habían estado tan débiles. El punto se vino a acentuar esa semana, cuando la abogada le otorgó un triunfo al gobierno en la revisión del proyecto del 10%.

-¿Cuál es el resultado de la votación, señor relator?

-Es empate, presidenta, y con su voto dirimente se acoge entonces el requerimiento presentado por Su Excelencia el Presidente de la República respecto del proyecto que modifica la Constitución para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales.

-Queda en el acta, doy por cerrada la sesión.

Eran pasadas las 14 horas del lunes 21 y tras cuatro horas de deliberación se daba por cerrado el pleno extraordinario vía telemática que otorgó un triunfo para el gobierno de Sebastián Piñera, que acudió hasta el TC impugnando las facultades del Congreso para, a través de proyectos de ley, regular el mecanismo de retiro de fondos de las AFP. Algunos de los que apoyaron a Brahm en su llegada a la presidencia se sintieron decepcionados y molestos. Apagaron su computadora y no volvieron a hablar con ella. En su visión, su voto conlleva un costo irreversible de cara a la convención constitucional.

Desde hace años, críticos al poder que tiene el TC han polemizado sobre la facultad que tiene de ir en contra de las mayorías. Ha sido tildado de “Tercera Cámara” por su capacidad de modificar, en el control preventivo de las leyes, acuerdos logrados por amplias mayorías en el Legislativo. Hay quienes plantean por devolver a la Corte Suprema las inaplicabilidades de leyes cuando son inconstitucionales, elevar los requisitos de quienes componen el TC -en la actualidad ni siquiera es requisito que sean expertos en Derecho Constitucional- e incluso hay grupos más radicales que apuestan a su eliminación.

En ese sentido, los ministros molestos con el voto de Brahm en el tema del 10% vieron en su voto la reactivación de un conflicto en el Congreso.

La decisión de Piñera de acudir al TC para que declarara inconstitucionales las iniciativas parlamentarias más populares de los últimos años no era fácil, ya que él mismo había promulgado el primer retiro, sin veto y sin cuestionar su legalidad al no llevar el tema al TC. Por eso, al producirse el empate de cinco votos por acoger y cinco por rechazar, el voto dirimente de Brahm -en su calidad de presidenta- concedió una victoria que fue festejada en La Moneda, pero abrió un vendaval de críticas en el Congreso por su relación con el Presidente. Brahm, dicen sus cercanos, sabía que ese sería el costo, pero teniendo la convicción de acoger, no podía sino hacerlo. De hecho, fue la primera vez que hizo uso de esta atribución, el voto que dirime, en un requerimiento de este tipo en todo lo que va de su mandato.

Hasta antes de la pandemia fue ella quien intentó recomponer los lazos del TC con otras instituciones. Con la Corte Suprema, por ejemplo, logró apagar “el choque de trenes” con la Tercera Sala del máximo tribunal, y mejoró los vínculos con el Congreso, cortados durante el período de Aróstica. Una serie de firmas de convenios lograron que la abogada tendiera puentes en el Senado y la Cámara, los que esta semana fueron algo debilitados.

Al interior del TC algunos ministros reconocen su poder de gestión y que tiene al tribunal al día en muchas materias. Esta semana, sin ir más lejos, firmó la resolución de ingreso número 9.997, es decir, antes de que termine el año habrá 10 mil causas en manos del TC. En lo que va de su periodo no se ha tomado vacaciones y desde que comenzó la pandemia sólo un día no ha acudido al edificio institucional. Fue el 6 de noviembre, aunque trabajó igual en forma remota. Algunos plantean que ese perfil obsesivo y trabajólico ha provocado el reclamo de sus pares por la sobrecarga de trabajo y críticas internas por una supuesta baja en la calidad de las sentencias. A veces en tabla se ven 20 causas, y las quejas cunden, porque se acortó el tiempo que se les da a los abogados para intervenir y se ejecutan fallos masivos.

Claro está que Brahm no quiere cargar con el estigma de la administración anterior y los retrasos en las tramitaciones. “Antes de que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, dijo en abril de este año, en la única entrevista que ha dado durante su gestión, desatando una de las mayores crisis internas que ha vivido el TC en su historia. Como nunca antes, se filtraron audios de un pleno en que uno de sus principales contendores, el ministro José Ignacio Vásquez, la acusaba de ser “operadora política” y hasta se abrió una investigación penal que hoy es liderada por la fiscal Ximena Chong.

La persecutora investiga si las suspensiones de causas en casos por violaciones a los derechos humanos fueron intencionales o existe, incluso -como plantean las querellas presentadas-, un negocio para acudir al TC y detener tramitaciones de casos durante meses. La denuncia le costó una enemistad pública con Vásquez y Aróstica, quienes en los cientos de plenos que ha encabezado se han negado a darle su estatus de líder del organismo. Una vez, cuenta uno de los integrantes del TC, Vásquez se refirió a ella como “ministra”, a lo que Brahm interrumpió y le corrigió “presidenta”, recibiendo de vuelta la misma una réplica y con un tono aún más duro por parte del abogado: “Le dije ministra”. Ambos jueces, cuentan cercanos a ellos, están esperando que el Ministerio Público cierre el caso para querellarse en contra de Brahm. Lo más probable, dicen esas mismas fuentes, es que esto suceda cuando ya casi todos estén fuera del organismo.

En marzo de 2022 terminan su periodo cuatro ministros: Gonzalo García, Juan José Romero, Brahm y Aróstica. Esa será una oportunidad para “renovar” un tribunal que siempre es objeto de críticas y no sólo de la oposición. A mediados de noviembre, el TC rechazó el requerimiento de parlamentarios de Chile Vamos para cesar en el cargo al diputado comunista Hugo Gutiérrez y también se desestimó el libelo en que parte del oficialismo buscaba dejar sin efecto el indulto para sacar presos de las cárceles a causa de la pandemia.

En general se reconoce, en la interna, que los fallos del TC no son populares, pero que bajo la presidencia de Brahm han sido diversos. Se declararon inconstitucional los principales artículos de la ley que sancionaba el negacionismo en Chile, se rechazaron requerimientos de jueces por recursos de protección que buscaban el retiro total de fondos de las AFP, se declaró inaplicable la ley que impedía a médicos extranjeros ejercer en el sector privado, declaró inconstitucional las normas que favorecían en Isla de Pascua a agresores sexuales y, en fallo dividido, rechazó el requerimiento de una pareja de lesbianas que se había casado en España y buscaba inscribir su matrimonio en Chile. Esta sentencia generó molestia en el mundo LGTBI+ cuando los jueces de mayoría, entre quienes no se encontraba Brahm, ya que ella estuvo por acoger, se sostenía que al permitir lo que pedían estas mujeres se podría llegar a replicar legislaciones foráneas “que aceptan vínculos matrimoniales sui géneris, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, de niños en países africanos o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta Moon, en Corea del Sur”. Uno de los fieles defensores de Brahm replica entonces: “Si estamos condenados a desaparecer, no es por culpa de su voto dirimente. Mira esa atrocidad que escribió Cristián Letelier y ella estaba en la vereda contraria, por permitir la inscripción de ese matrimonio”.

Aún faltan dos escollos más por sortear a la presidencia de Brahm que dura hasta fines de agosto y que se auguran desde ya que serán complejos. El Presidente Piñera buscó una vez más al TC para impugnar nueve glosas que no comparte del Presupuesto 2021 y, a su vez, la oposición ingresó un requerimiento para declarar inconstitucional la Ley de Migraciones. Ambos conflictos se resolverán en las próximas semanas y es probable que la presidenta Brahm -por segunda vez- deba usar su voto dirimente. Son los dos casos más ardientes que el TC resolverá este verano, antes de que el proceso constituyente lo vuelva a poner en el foco de la discusión.