Los días finales de Procultura

La fama de ProCultura nunca fue la misma después del 16 de junio. Ese día, el medio Timeline abrió la caja de pandora detrás de los traspasos del Ministerio de Vivienda a la fundación Democracia Viva en la Segunda Región. Luego vinieron los cuestionamientos a todos los convenios con fundaciones. Ahí también entraban ellos por los que tenían con el Serviu de Antofagasta por $ 460 millones.

La noticia golpeó fuerte. Así lo dicen trabajadores de la fundación en reserva. El directorio, encabezado por el psiquiatra Alberto Larraín, tomó medidas para aplacar la crisis. Lo primero, en lo legal, fue acusar que fueron engañados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y que ellos solo siguieron “recomendaciones” para postular a esos convenios. Eso fue lo que sustentó una autodenuncia de la fundación al Ministerio Público. Lo otro fueron las comunicaciones que iban desde el directorio a sus funcionarios, dice en reserva una trabajadora de ProCultura en el Biobío.

-Nos pidieron que colaboráramos en todo en las investigaciones.

El problema -dicen los empleados- fue que el coletazo noticioso fue tan fuerte, con exposición a diario en medios de comunicación nacionales, que algunos contratos se empezaron a caer. Esto provocó, entre otras cosas, que algunos equipos se quebraran desde adentro. También detallan que se redujo la cantidad de personal y se dejaron de renovar contratos con algunos trabajadores.

Eso lo vio Margarita Valenzuela, dirigenta vecinal de Antofagasta que iba a colaborar con ProCultura.

-Al principio nos decían que el proyecto iba igual, que estuviéramos tranquilos. Pero después nos empezaron a aplazar las fechas de las capacitaciones, que nos servían mucho.

Los trabajadores dicen que el contacto con la fundación se fue perdiendo paulatinamente: primero les pedían cancelar idas a terreno, para evitar el contacto con la prensa. “Pero después ya nos dejaban el visto en los grupos de WhatsApp”, relata Juan Godoy, otro trabajador reclutado en Antofagasta.

El ambiente dentro del equipo de la fundación -añaden- no era de los mejores

-Se sentían mal porque les pidieron revisar los computadores -dice Valenzuela-. Una asistente social se puso a llorar en una reunión. Estaban muy tristes porque ese convenio no se iba a llevar a cabo.

Los empleados en Antofagasta no supieron más del proyecto, a pesar de que tenían contratos firmados. Además, nunca recibieron remuneración por el tiempo que estuvieron contratados. Por la falta de respuestas, 21 de los 38 empleados se agruparon y pusieron una demanda laboral en contra de la fundación.

-Yo con mi esposo estábamos esperando esa plata. Y varios más también -lanza Valenzuela-. Tuve que vender cosas de mi casa. Porque usted entenderá que si uno tiene hijos, ellos no van a comprender que por culpa de otras personas no hay pan en la mesa.

La situación había llegado a un extremo. El jueves 16 de noviembre por la noche, la dirección de la fundación envió un correo masivo a sus colaboradores citándolos a una reunión por Zoom para ese viernes.

-Pero nunca nos juntábamos los viernes -dice una funcionaria del Biobío-. Siempre era el primer martes de cada mes. Ahí supimos que algo andaba mal.

Cerrar durante una crisis iba en contra de la propia historia de ProCultura que, desde su inicio, convirtió crisis en oportunidades.

La fundación nació en 2009, liderada por Alberto Larraín y la gestora cultural Ilonka Csillag. Tras el terremoto 8,8 en febrero de 2010, que dejó graves daños en el Maule y Biobío, se dieron cuenta de que había una oportunidad: restaurar edificios patrimoniales. Así lo contó Larraín en una entrevista a El Mercurio el año 2019. “Partimos con una oficina móvil llevada en un maletín” -dijo Csillag en ese mismo reportaje-. En ese momento, el equipo estaba formado por cuatro personas.

Los primeros proyectos que ganaron fueron durante el primer gobierno de Sebastián Piñera a través del Consejo Nacional de Cultura y las Artes -actual Ministerio de las Culturas- entre el 2010 y el 2012: una escuela en Calera de Tango; una capilla en Los Lingues; una iglesia en Pichidegua. Esos convenios no superaban los $120 millones.

El crecimiento hacia otras áreas fue posible, dice en reserva un funcionario de la fundación en Magallanes, por la insistencia de la organización para postular a los proyectos y la fama que se hicieron: eran ordenados y cumplían dentro de los plazos.

“Funcionaba como un relojito”, dice el mismo trabajador. “Además, el ambiente laboral era muy bueno. Por ejemplo, contratamos embarazadas: eso es súper difícil, nadie lo hace”.

Todo esto trajo cosas positivas. La fundación se pudo expandir por todo Chile. Pero también trajo costos: empleados grafican financieramente a ProCultura como una “bicicleta”. Explican que cuando se adjudicaban un nuevo proyecto, destinaban ese capital fresco al pago de sueldos y para reforzar la puesta en marcha del resto de los proyectos, sobre todo los más grandes.

Años después, la fundación pegó otro salto: llegó un proyecto en Lota para mejorar la infraestructura del recorrido turístico de las antiguas minas de carbón y del Parque Cousiño. Según una periodista de la fundación, eso fue un salto y permitió afianzar la presencia de Procultura en el Biobío.

Hasta 2019 eran 40 personas las que trabajaban en la fundación. Pero desde ese momento, debieron hacerse cargo de los 50 contratos de los trabajadores que ya formaban parte del proyecto de Lota. Entonces, pasaron a ser 90 funcionarios. A comienzos de 2023, ProCultura ya contaba con 220 empleados que se especializaban en áreas tan distintas como educación, investigación, arquitectura, salud mental, desarrollo social y patrimonio. También había recibido $ 4.200 millones de pesos en 67 convenios distintos en todo el país.

Ese crecimiento sería, paradójicamente, una de las cosas que empujaron a ProCultura hacia su fin. Lo que marca el inicio de esa etapa fueron los primeros convenios que suscribió la fundación con el Minvu, en 2021, en el segundo gobierno de Piñera. El primero fue con la Seremi de Vivienda del Biobío para la elaboración de un “diagnóstico territorial” para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Lota. De ahí en adelante comenzaron a recibir fondos del Programa de Asentamientos Precarios. Uno consistía en 14 meses de trabajo para levantar información para mejorar la calidad de vida en campamentos de Villa Alemana por 248 millones de pesos. Otro, requería hacer “diagnósticos socioterritoriales” en campamentos en Coronel, Cañete y Talcahuano.

Pero el que desató la tormenta fue el de Antofagasta. En junio de 2022, el gobierno regional de esa región adjudicó a ProCultura un convenio para la “recuperación de fachadas” en el centro de esa ciudad. Necesitaban gente para pintar edificios. Salieron a buscar y encontraron 38 personas dispuestas a trabajar en eso. La mayoría de ellas eran residentes de campamentos de Antofagasta. Una de ellas es Margarita Valenzuela, dirigenta del Campamento Moisés.

-El sueldo base era de 750 mil pesos y quedaba en $ 930 mil después de todo. Era media jornada al día, y además te ponían transporte. Todo eran maravillas -cuenta.

Eso, hasta el 16 de junio pasado. El día del titular de Timeline.

Según sus mismos trabajadores, lo que terminó por sepultar a ProCultura fue el fin de la bicicleta financiera que llevaba corriendo durante 13 años. Dentro de la fundación hoy preocupa que esta práctica sea considerada ilícita. Su defensa, argumentan, es que era una modalidad extendida en el rubro.

Aunque no es lo único que los mantiene alerta. El Ministerio Público puso bajo la lupa a la fundación y alertó algunas cosas. Lo primero, que suscribieron un convenio con el Gore de Santiago sobre salud mental y el convenio de asentamientos precarios, pese a tener un giro de actividades distinto. Lo segundo, por lo alto de los montos del convenio para pintar en Antofagasta: $ 629 millones para tres fachadas. Por esto último, la Fiscalía local ordenó allanar tanto la gobernación como las oficinas de ProCultura en Antofagasta. A ello se agregó las acusaciones de conflicto de interés que se le hicieron a Larraín por su cercanía con el Presidente Boric, con quien empujaron con fuerza una agenda en salud mental hace dos años. El siquiatra lo negó.

El terremoto en la ONG empezaron a sentirlo también desde otro lado: el fin de contratos que ya estaban suscritos. En la interna calculan que, entre convenios y licitaciones adjudicadas, dejaron de recibir un aproximado de $ 2.500 millones.

La situación se agravó cuando el Consejo de Defensa del Estado ordenó retener los fondos de la cuenta bancaria de la fundación. Ahí, el organismo encontró un saldo de cero pesos.

Susana Borzutzky, abogada de ProCultura, descarta que el dinero fue retirado. Dice que este era redistribuido en otros proyectos. Y tras el escándalo, sus ingresos se desplomaron. “Por el terremoto que causaron las irregularidades de funcionarios del Minvu, Seremi y ciertas autoridades, se puso en duda el trabajo de todas las fundaciones -dice-. A ProCultura se le puso término anticipado a convenios sin justificación. Se retrotrajeron fondos adjudicados y se cerraron todas las vías de financiamiento, incluyendo recibir donaciones. Es decir: se le impidió seguir trabajando”.

Borzutzky agrega algo más: “Los rechazos de gastos sin justificación, cierres unilaterales y un exceso de requerimientos imposibles de cumplir en tiempo y forma significaron gastar más de lo rendido para cumplir con los beneficiarios”.

Según fuentes en la interna de la fundación, lo que más dolía era el trato de los medios de comunicación y de la opinión pública hacia la fundación. Esto repercutió en lo financiero también. La falta de contratos era evidente. El colaborador de Magallanes dice que incluso el roce con autoridades se volvió áspero. Gente que antes les hablaba con normalidad los miraba raro. “Parecía que teníamos lepra”, lamenta.

En la reunión del viernes 17 de noviembre, Alberto Larraín e Ilonka Csillag explicaron todo esto y que ya no había vuelta atrás: no había plata. Tenían que cerrar.

Alrededor de 150 personas quedaron sin trabajo después de ese Zoom. Larraín justificó su decisión. Dijo que no era justo mantener a sus empleados en la incertidumbre de si iban a tener trabajo o no el próximo mes. Ese día, por la tarde, llegaron las cartas avisando el término de contrato, junto con los montos a indemnizar en cada caso.

El de Antofagasta no fue el único proyecto que quedó abandonado tras el cierre. Hay varios otros. Entre ellos “Quédate”, de prevención del suicidio: un programa de salud mental impulsado junto al Gobierno Regional Metropolitano y otras fundaciones. Según informan desde el Gore, otras fundaciones lo seguirán impulsando.

Lo otro que dejaron inconcluso fue la restauración de una propiedad ubicada en Abate Molina 602, en la comuna de Santiago. Era un trabajo que contaba con el patrocinio del fondo de patrimonio del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes.

El viernes 24 de noviembre por la mañana, en la página web de ProCultura ya no figuraban los nombres de sus trabajadores ni los cargos. Algunos lo leyeron como una forma de proteger a sus extrabajadores por el trato que recibió la fundación.

“A ProCultura se le aplicó una pena anticipada haciendo caso omiso a la presunción de inocencia”, dice Borzutzky. Y cierra: “Acá, pagaron justos por pecadores”.