Mario Rozas: Los flancos externos e internos que complican al general

"¿Están en condiciones de asegurar que los perdigones son 100% de goma?", preguntaron el ministro Gonzalo Blumel y el subsecretario Rodrigo Ubilla. Las dos cabezas de Interior tenían al frente al general director Mario Rozas y a su jefe nacional de Orden y Seguridad, general inspector Ricardo Yáñez. Eran las 13 horas del martes 19 de noviembre. El jefe de gabinete recién había concluido una ronda de reuniones con el director del INDH, Sergio Micco, y poco antes de la cita con Carabineros había estado con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

A esas horas el tema de los derechos humanos se mantenía presente en La Moneda. La presencia de los expertos se sumaba al categórico análisis divulgado el sábado 16 por la Universidad de Chile, que revelaba que los perdigones extraídos de algunos manifestantes con trauma ocular no eran de goma, sino que estaban compuestos solo en un 20% de caucho, mientras que el 80% restante era de diversos metales, entre ellos plomo. Antes de eso, el 4 de noviembre, Interior había oficiado a Carabineros para que informe, entre otras cosas, las características de las municiones que se estaban utilizando para mantener el orden público, y fecha en que se comenzó a usar cada tipo de munición.

La sucesión de estos episodios empujó a Blumel a exigir, ese martes 19, una respuesta de Carabineros. Rozas y Yáñez habían llegado a esa reunión con un informe del Labocar y con la idea de recurrir a peritajes internacionales, pero reconocieron que no podían asegurar tajantemente que esas municiones no contaran, al menos, con trazas de metales. "¿Cuál es la propuesta si ustedes no son capaces de asegurar que los perdigones son de goma?", preguntó el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla. Fue entonces cuando se solicitó, ante la duda, la suspensión indefinida del uso de armas antidisturbios.

"Como una conducta de prudencia se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, en consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema, y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya peligro inminente de muerte", anunció Rozas, algunas horas más tarde. Lo que el jefe de la policía uniformada no sabía era que la fiscalía, a esas alturas, ya había centrado pesquisas en la composición de los perdigones y balines, un escenario que lo podría complicar.

El uso de armas antidisturbios y las 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos que la fiscalía tramita hoy en contra de funcionarios de Carabineros finalmente alcanzaban a Rozas, el tercero en ocupar el cargo de general director en dos años. Sus antecesores, Bruno Villalobos y Hermes Soto, tuvieron que dimitir acorralados por escándalos institucionales; el primero, por su responsabilidad de mando en la fabricación de pruebas falsas para incriminar a mapuches en la denominada Operación Huracán, mientras que el segundo debió hacerlo por las mentiras urdidas por un grupo de suboficiales del Gope para ocultar las verdaderas circunstancias del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En La Moneda cierran filas con Rozas, aunque reconocen la importancia de acelerar los proyectos de modernización y profesionalización de las policías. Aún así, saben que el flanco abierto -y ya judicializado- sobre delitos de violencia institucional está cercando a Carabineros y Rozas será uno de los probables fusibles.

"Se dispuso que la referida munición sea analizada por un laboratorio externo y una universidad extranjera", dijo Rozas el domingo 17, un día después de que el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile centrara las dudas en los componentes de los balines que la policía estaba utilizando en las manifestaciones.

No pocos al interior de Carabineros recordaron, como una especie de déja vù, que la última vez que se solicitó a una institución foránea que auditara procesos internos fue en enero de 2018, cuando pidieron al FBI revisar si el software Antorcha podía o no interceptar mensajería de Telegram y WhatsApp como sostenía su creador, el recordado "profesor" Álex Smith. Seis meses después de ese anuncio, la fiscalía formalizaría y dejaría en prisión preventiva, hasta el día de hoy, al entonces general de Inteligencia Gonzalo Blu, acusándolo de tramar desde el alto mando un "montaje", fabricando pruebas falsas para incriminar a personeros mapuches de ataques terroristas en la Región de La Araucanía. Del informe del FBI nunca más se supo.

Al interior de Carabineros hay quienes aseguran que todo lo que ocurre hoy, en cuanto al manejo del orden público que la institución ha tenido, se veía venir. Y es que el arribo de Rozas como general "cuatro estrellas" fue tan impensado como resistido. Tuvieron que pasar 50 generales a retiro -entre el megafraude de Carabineros, Operación Huracán y el crimen de Camilo Catrillanca- para que el destino pusiera al periodista de 52 años al mando de la policía uniformada. En sus 11 meses de mando, este oficial -hijo de carabinero, con hermanos carabineros y casado con una carabinera- no solo ha debido enfrentar las peticiones de renuncia de los últimos días por parte de parlamentarios de oposición, sino que también cuestionamientos de sus propias huestes, que no logran ver en él a un líder. Por eso, el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera el martes 12, acerca del posible reintegro de carabineros que hayan tenido una conducta intachable para reforzar las labores de orden y seguridad, encendió las alertas. Varios generales de generaciones anteriores a Rozas habían sido afectados por las contingencias, pero gozaban de liderazgo innato. ¿Qué pasaba si uno de ellos decidía volver? Era una interrogante que se repetía. Otros responsabilizan a Hermes Soto por haber descabezado las unidades de Inteligencia. Con el peso de la Operación Huracán sobre sus hombros, decidió desarticular la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), que contaba con secciones y agentes que durante años siguieron el fenómeno de los violentistas insertados en manifestaciones. Muchos de ellos están ahora en distintas comisarías de la capital.

En círculos de Carabineros rondó un supuesto audio de Soto en que alababa al director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por haber salido en defensa de sus subordinados ante el director del INDH, Sergio Micco. El entorno de Soto desmiente que sea su voz, sin embargo, no pocos oficiales comparten esa postura y dicen que Rozas no los ha defendido. Que llevan más de un mes con horarios extensos, que muchos han tenido que salir desde las comisarías a realizar labores de Fuerzas Especiales, que están en riesgo de ser juzgados por los tribunales por delitos de lesa humanidad y que esperaban de su superior una actitud similar a la del mandamás de la policía civil. Un alto funcionario policial lo explica así: "Cuando se acotó el uso de balines a situaciones de riesgo, el 10 de noviembre, lo único que se hizo fue ordenar que se cumpliera lo que ya estaba en el protocolo, es decir, se reconoció que se estaba actuando de forma indiscriminada con la escopeta, pero ¿qué pasó? Al día siguiente un estudiante perdió uno de sus ojos. Eso te da cuenta de que hay sectores en Carabineros que no reconocen en Rozas a un líder y que cuestionan la poca defensa en los primeros días del estallido". A la fecha hay 1.790 carabineros heridos, según ha informado la propia institución.

A diferencia de Hermes Soto, Rozas -dicen en el gobierno- no tiene una relación tan fluida con Interior. Con el exministro Andrés Chadwick tampoco la tenía. No era de mandar mensajes cuando había algún éxito policial, un contacto que siempre mantenían los antiguos jefes de Carabineros con el Ejecutivo. "Es un tema de carácter", dice uno de sus cercanos, quien lo defiende. "Al principio estuvo bajo, y nos habría gustado que hubiera salido como el director de la PDI a defendermos, pero cuando dijo que 'no iba a dar de baja a nadie' en ese audio que se filtró, era el apoyo que se necesitaba y hay quienes se reconquistaron con él". En los últimos días, de hecho, para dar señales en el país ha viajado por el día a visitar a los carabineros de regiones y darles apoyo. "Es un líder que está aprendiendo de la forma más compleja, si supera esto va a salir muy fortalecido", dijo ese alto oficial.

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Foto:  Ailen Díaz/ Agencia Uno[/caption]

Otros le reprochan su "falta de calle". Antes de llegar al máximo cargo estuvo en el Depto. de Bienestar, como agregado en España y en Comunicaciones de Carabineros. "No sabe lo que es enfrentar a 1.000 personas dispuestas a quemar y destruir todo", le reprochan quienes aseguran que le ha faltado ímpetu para defenderlos. Por lo mismo, dicen algunos, fue que se filtró un audio de una reunión con oficiales -en que los respaldaba con fuerza-, lo que jamás le habría pasado a un "número uno" , aseguran las mismas fuentes.

Sobre la permanencia de Rozas, en La Moneda cierran filas, aunque reconocen la importancia de acelerar los proyectos de modernización y profesionalización de las policías que ya estaban en curso. Aun así, saben que el flanco abierto -y ya judicializado- sobre delitos de violencia institucional está cercando a Carabineros y uno de los probables fusibles será Rozas, quien ya es blanco de querellas declaradas admisibles, por lo que su calidad en esas causas indagadas por el Ministerio Público será de imputado.

Y hay un punto que hace más complejo el horizonte para la institución. En noviembre de 2016 se promulgó un nuevo catálogo de delitos de lesa humanidad incorporando la tortura y actualizando los tipos penales de apremios ilegítimos y a qué funcionarios públicos hace responsable ante la ley.

Cuando Rozas suspendió el uso de armas antidisturbios, la Fiscalía Centro Norte ya había dirigido diligencias para establecer judicialmente de qué estaban hechos los perdigones usados por Carabineros. Anteriormente, el Colegio Médico había detectado el uso de balines de pintura que provocaron lesiones oculares severas en un par de manifestantes. En esa ocasión, el entonces ministro Chadwick prohibió su uso de inmediato.

Las municiones ocupadas en la actualidad se licitaron en 2017. Xavier Armendáriz, fiscal regional, decidió esta semana abrir de oficio una investigación para establecer si el proveedor de estas municiones, TEC Harseim SpA, estaba cumpliendo con los requerimientos técnicos que ya a esas alturas -por la gravedad de las lesiones que investiga el Ministerio Público- hacían dudar que se tratara de perdigones de goma. El hecho, en términos investigativos, no es menor y será una situación que complicará más a Rozas.

En el episodio de Gustavo Gatica, quien recibió perdigones en ambos ojos, la fiscalía indaga su caso no como lesiones graves gravísimas, sino como un delito de lesa humanidad: apremios ilegítimos. En el Artículo 150, letra D, del Código Penal se responsabiliza no solo al que dispara y provoca este acto, sino también a aquel funcionario público que "ordenare, consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos, tratos crueles, infrahumanos o degradantes". Asimismo, castiga a quien "conociendo de la ocurrencia de estas conductas no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo". Las interrogantes que despeje la fiscalía, en ese sentido, determinarán si la suspensión fue decidida a destiempo por Rozas. Aunque su prueba de fuego, dicen, y el flanco abierto por el cual será evaluado una vez la crisis amaine es cómo, en 38 días de manifestaciones, no se ha logrado controlar el orden público y seguridad, rol constitucional de la policía que dirige.