El teléfono sonó repetidamente en el piso 29 de Residencias Tequendama, el céntrico hotel de Bogotá. En aquella suite se hospedaban la esposa y los hijos de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, luego de su fracasado intento de refugiarse en Alemania. Unos pisos más abajo, en una oficina secreta, los especialistas del Comando Especial Conjunto escuchaban las comunicaciones de la familia y en las llamadas reconocieron la voz de Escobar. Después de 18 meses prófugo, el líder narco parecía desesperado, y esa tarde del 2 de diciembre de 1993 llamó insistentemente y rompió una de las reglas básicas de seguridad: hablar corto para evitar ser ubicado. Los agentes del Comando Especial le enviaban información por radio al Bloque de Búsqueda, que rastreaba el escondite del narcotraficante en las calles de Medellín. Y poco después de su última llamada, pasadas las 15 horas, recibieron la confirmación radial: “Misión cumplida, Pablo Escobar ha muerto. ¡Viva Colombia!”.

En aquella oficina secreta del hotel Tequendama se encontraba el general (R) Óscar Naranjo, uno de los especialistas de inteligencia del Comando Especial Conjunto. En su libro El derrumbe de Pablo Escobar describe detalladamente la estrategia que siguieron para acorralar al hombre más temido de Colombia.

Exdirector de la Policía Nacional de su país, Óscar Naranjo participó también en la captura de los líderes del Cartel de Cali, fue negociador plenipotenciario en los diálogos de paz con las FARC y en 2017 el Presidente José Manuel Santos lo designó vicepresidente. Su historia inspiró tres temporadas de la serie El general Naranjo (2019-2020). Hoy preside el Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja, y se mantiene atento a los problemas de seguridad que afectan a la región, entre ellos la violencia del Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana.

Desde su oficina en Bogotá, Naranjo dice que la situación que vive América Latina hoy es inédita, por la forma en que las bandas se han desplegado en el continente, por el tipo de actividad criminal que desarrollan y por sus métodos violentos.

-Nunca América Latina había experimentado una fragmentación de estructuras de crimen organizado tan grande como la que estamos registrando hoy. Eso marca una evolución criminal en relación con estructuras que fueron de alguna manera las más clásicas y comunes, tipo cartel -dice-. Hoy tenemos más de 700 organizaciones de crimen organizado y con una economía criminal muy diversa. Y en el caso particular del Tren de Aragua, creo que es la organización criminal más disruptiva de la región.

¿Por qué?

Digo que es la más disruptiva porque naciendo en una cárcel, la cárcel de Tocorón, con una base de economía criminal no del narcotráfico a gran escala, sino básicamente de la extorsión, secuestro y microtráfico, se convierte en una organización transnacional en América. Hoy se puede constatar su presencia en siete, tal vez ocho países de la región. Y, por otro lado, el Tren de Aragua es una etiqueta criminal que produce mucho temor, mucho miedo, y está perturbando altamente la convivencia pacífica y la seguridad en distintos países, Chile es uno de ellos.

¿Qué diferencia ve en la estructura del Tren de Aragua respecto de los carteles de los años 90?

Las organizaciones tipo cartel tenían un jefe criminal, un capo que ejercía el mando y control de manera muy centralizada. Tenían una estructura de tipo nacional, un único tipo de economía criminal que era el narcotráfico, ejercían la violencia de manera indiscriminada y lavaban activos de manera muy precaria, básicamente comprando tierras, bienes raíces y en algunos casos incursionando en actividades agropecuarias. La diferencia con el Tren de Aragua es que no es una organización con una vocación de control nacional, tiene un portafolio de economías criminales diverso que van desde los préstamos exprés y pasan por la extorsión, el secuestro, el microtráfico y el sicariato. Una organización que al mismo tiempo es una especie de holding criminal. El Tren de Aragua en la región hoy tiene una operación criminal más o menos de esta naturaleza: estructuras que son típicamente originarias, integradas por ciudadanos venezolanos; organizaciones mixtas donde hay una combinación de venezolanos y delincuentes locales de cada país, y una tercera que es la etiqueta que se vende como una franquicia a estructuras locales. Hay delincuentes locales utilizando el nombre del Tren de Aragua porque intimida y permite asociarse a crímenes altamente violentos.

¿Es más difícil combatir el Tren de Aragua que el Cartel de Medellín?

El Tren de Aragua no es una organización criminal con capacidad de desestabilizar estados, como sí lo fue en su momento el Cartel de Medellín. No son comparables, pero combatir estas organizaciones cada vez más fragmentadas, sin cabezas muy visibles y con un componente de holding transnacional, es todo un reto para las autoridades.

En Chile no habíamos visto estos niveles de violencia. ¿A qué responde esa ferocidad?

Francamente, creo que es una organización que hace demostración bárbara del crimen. Eso significa que no se conforman con asesinar, sino que convierten el asesinato en un hecho demostrativo de fuerza. En ese sentido, es una organización que de alguna manera copia modalidades del crimen mexicano, que es tremendamente demostrativo de violencia. Por otro lado, es una organización que, previo a la muerte, en muchos casos, somete a sus víctimas a tortura. Es muy impresionante ver las evidencias de torturas previas al asesinato de esas víctimas. Y en ese sentido, ejercen la violencia de una manera realmente grosera, aterradora, inaceptable. Hay otra característica también que el Tren de Aragua ha tratado de promocionar entre criminales de la región, que es el desmembramiento de sus víctimas: tortura, asesina y luego descuartiza a sus víctimas, con lo cual el impacto y la victimización que produce es muy grave y dolorosa.

En Chile hasta la policía se ha visto sorprendida por estos niveles de violencia: ¿Encierran un mensaje a las autoridades?

Sí, realmente ellos parten de la convicción de que este tipo de asesinatos acompañados de tortura, de desmembramiento, producen una intimidación social y son un mensaje de fuerza a las instituciones. En el caso chileno, valoro que ante la conmoción que producen esas muertes y esa crueldad bárbara se reacciona de manera pública. En Chile el mérito lo tiene una ciudadanía que responde denunciando con alarma y exigiendo respuestas del Estado, pero no se silencia y no normaliza el delito. Y Chile es un caso especial, porque en otros países el Tren de Aragua con este modus operandi sí logra silenciar a la ciudadanía e intimidarla.

De todos modos, se ha evidenciado que las policías no estaban preparadas para este tipo de criminalidad...

Históricamente, la secuencia normal es que los delincuentes parecen marcar la agenda y las autoridades responden a las iniciativas de los delincuentes. En muy pocos casos las fuerzas policiales, las fuerzas institucionales, logran anticiparse a nuevas modalidades de crimen, es decir, la autoridad parece siempre ir a la saga, lo cual no significa que el delincuente vaya a imponer su agenda criminal. Yo creo que la curva de aprendizaje que se ha dado en Chile es una curva positiva; hay conciencia de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y particularmente hay conciencia de que es necesario fortalecer la capacidad de inteligencia. Yo pienso que la clave de la solución del problema está en fortalecer la capacidad de inteligencia de la policía para combatir el crimen organizado. Y, de otra parte, está la necesidad de coordinar las acciones policiales con las acciones investigativas del Poder Judicial. Uno empieza a notar muy seriamente en Chile una respuesta institucional en la línea correcta.

Creo que una inyección de tecnología para fortalecer las capacidades preventivas y de inteligencia de Carabineros resulta crítica”.

Oscar Naranjo

A menudo las policías parecen superadas y se propaga una sensación de impunidad. ¿Cómo combatirla?

Chile tiene una policía profesional y requiere que ella esté acompañada de recursos tecnológicos más estructurados. Creo que una inyección de tecnología para fortalecer las capacidades preventivas y de inteligencia de Carabineros resulta crítica. Una inyección de tecnología al aparato judicial para acreditar con mayor velocidad el esclarecimiento de los crímenes y llevarlos ante jueces es también necesaria. Y, por otra parte, esta es una cosa que no se menciona mucho, sin embargo, yo con respeto lo hago: donde llega el crimen organizado, llega una amenaza a la corrupción, y es muy importante encender las luces de alarma para que, en todo caso, esa presencia no permee las instituciones.

¿Es partidario de militarizar la lucha contra el crimen organizado?

Está probado que militarizar las calles no es una solución sostenible, no es una solución eficaz y de fondo. Pero sí usar las capacidades de la inteligencia militar para ponerlas al servicio de esta causa es una posibilidad. También ejercer mayor coordinación con militares para el control fronterizo en función de contrarrestar el crimen organizado. Pienso que no hay que militarizar la política de seguridad pública, pero hay que coordinar con los militares qué capacidades pueden contribuir a superar los problemas.

¿No es partidario entonces de decretar estados de excepción constitucional?

Como es el mandato de casi todas las constituciones, tiene que llegarse a un punto extremo, de alta necesidad, de urgencia y emergencia. Creo que los estados de excepción no pueden ser permanentes y no pueden invocarse frente a situaciones que implican agotar todos los recursos que están a disposición nuestra.

El tema de seguridad concentra la agenda pública. ¿Se convirtió en un tema electoral?

Creo que hoy la violencia y la inseguridad se han convertido en la base de la agitación política electoral. Lo que me preocupa de esa situación es que se trate de vender fórmulas facilistas, populistas o demagógicas que promuevan la llamada mano dura, porque está demostrado que superar los problemas de inseguridad implica, primero, tener una visión multidimensional del delito y tener visión multidimensional del Estado y la sociedad para prevenirlo y combatirlo. En ese sentido, creo que en algunos sectores extremos de la política, en una América Latina tan polarizada, hay una utilización populista de la crisis de seguridad que promueve el miedo y trata de confundir al elector.

“Creo que si hay voluntad política, si hay decisión de las instituciones y si hay cercanía entre la ciudadanía y las instituciones, se logra contener a esos criminales, por poderosos que sean”.

Algunos miran de referencia el autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador, ¿qué piensa de ese modelo?

Ese modelo hay que evaluarlo sobre tres dimensiones. Desde la dimensión ética, la pregunta es si los medios que se están utilizando son los adecuados de un Estado democrático y liberal. Segundo, creo que habría que pensar también si es sostenible en el tiempo, y hay muchas dudas que ya empiezan a plantearse. Y tercero, hay que acercarse también bajo la mirada de los familiares de las cerca de 85 mil personas que están privadas de libertad, donde la inmensa mayoría de esas familias estima que sus seres queridos han sido privados de libertad sin el respeto a sus derechos, sin un debido proceso, sin condenas. Y creo que en América Latina ese modelo no es aplicable. El fenómeno criminal de las maras es muy particular de El Salvador, y en nada se parece al resto de América Latina. Yo no estoy de acuerdo con el modelo basado simplemente en la privación de libertad de los delincuentes de manera masiva y general.

¿Cuál fue la lección más importante que dejó la lucha contra el narcotráfico en Colombia?

Hubo lecciones positivas y negativas. Lecciones negativas: no haber anticipado la tragedia que suponía ver cómo unos narcotraficantes se presentaban como redentores, como una especie de Robin Hood de la sociedad, tipo Pablo Escobar; no los detuvimos a tiempo y dejamos que se consolidaran, se empoderaran y generaran unas capacidades para desafiar al Estado. De otro lado, hay lecciones positivas. Creo que si hay voluntad política, si hay decisión de las instituciones y si hay cercanía entre la ciudadanía y las instituciones, se logra contener a esos criminales, por poderosos que sean. El punto clave para avanzar en la lucha contra el crimen es la legitimidad de las instituciones. Y esa legitimidad supone rendir cuentas, admitir que se cometen errores y contarles a los ciudadanos qué se está haciendo en función de la seguridad, entendiendo la seguridad como un derecho democrático y un bien público que hay que proteger.