Plan de Búsqueda: cómo el proyecto estrella de Boric fracturó la relación de La Moneda con las organizaciones de DD.HH.

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, subió al podio ubicado en el Cementerio General. Era el viernes de la semana pasada y Rivera estaba vestida de negro, con la tradicional imagen que llevan los familiares en su pecho. De frente a todos los invitados, tomó la palabra, miró al Presidente Gabriel Boric y aprovechó el momento para lanzar sus primeras críticas en público al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), justo para el primer aniversario de la política pública más emblemática de la administración Boric y que pretende consagrarse como el principal legado en materia de memoria.

“Que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales para el Plan de Búsqueda fractura nuestras confianzas”, exclamó ante todos los presentes. Rivera exigió que nada se puede hacer sin los familiares y luego lanzó un reproche aún más duro: “Resulta inaceptable que el Plan de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocio y así nos sentimos”.

Sin hacer una mención explícita, Rivera se refería a la compra, vía trato directo, que hizo el Ministerio de Justicia con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma que facilite la gestión de información de cada una de las 1.469 personas detenidas desaparecidas. La orden de compra, de casi $ 620 millones, implicaba la inclusión de la inteligencia artificial en el análisis de los más de 10 millones de fojas de expedientes. La idea era sistematizar esa información, cruzar datos y posteriormente conseguir visualizaciones de las trayectorias vitales de las víctimas.

Esa fue la gota que rebasó el vaso y que provocó que la AFDD golpeara la mesa. La agrupación integra -junto a otras dos dirigentas- el Comité de Seguimiento y Participación del PNB, una de las instancias más relevantes de la estructura de gobernanza del plan, según el Decreto Supremo N°98. Sin embargo, pese a su participación en este espacio, se enteraron por la prensa -luego de un reportaje de Ciper- del contrato con Unholster. Esto, pese a que en la segunda sesión del comité la tabla incorporaba discutir sobre esta plataforma. Sin embargo, por temas de tiempo, el proyecto no alcanzó a ser abordado en dicha sesión.

El hecho marcó un antes y un después en el mundo de las organizaciones de derechos humanos. Más aún cuando varias dirigentas siguen sin entender por qué se optó por este camino, cuando ya existen proyectos paralelos -de costo cero para el Estado- como “Nuestra memorIA”, una plataforma en que participa el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica (UC), el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la UC junto a investigadores del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial.

Si bien entre las dirigentas no hay sospechas de que haya habido mal uso de los recursos, no perdonan haber sido excluidas de una decisión de este nivel. La compra, que fue pensada para facilitar el análisis de la información, finalmente se transformó en un problema político para el gobierno, el que enlodó su plan al punto de que la Contraloría pidió un informe al Ejecutivo para analizar los antecedentes.

Si bien las organizaciones de derechos humanos siempre se han planteado como contraparte a cualquier gobierno, y por lo sucedido en dictadura miran con desconfianza el actuar del Estado, en esta administración habían valorado enormemente el paso dado por Boric para instalar, por primera vez, una política pública permanente de este tipo. Pero las esperanzas iniciales, a un año, se han ido desvaneciendo.

Las dirigentas resienten que el PNB se haya enfocado en reconstruir trayectorias vitales en vez de agilizar la búsqueda forense en terreno. La angustia se hace cada vez más grande a medida que avanza el tiempo y se acerca el fin del mandato de Boric. El mayor temor es que haya un cambio de gobierno, de otro signo político, y el plan pierda fuerza. El antecedente que más les pena es la decisión del gobierno argentino del Presidente Javier Milei, quien al llegar al poder disolvió la unidad de investigación de niños desaparecidos durante la dictadura transandina.

Por eso las críticas no las han escondido. “Nosotros decimos que no está como prioridad el objetivo de ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de personas víctimas de desaparición forzada. El gobierno defiende el trato directo (con Unholster) diciendo que se ahorraba tiempo, que la empresa da las garantías y que todo está apegado al reglamento. Lo cierto es que esas decisiones han traído como consecuencia la renuncia de algunos profesionales al interior de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, afirmó la presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves, durante un seminario de Antropología Forense y Derechos Humanos realizado en la UC.

El ruido provocado por el trato directo con Unholster remeció a las agrupaciones de derechos humanos de todo el país. Por lo mismo, estas 17 organizaciones, agrupadas en el coordinador nacional de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, convocaron a un encuentro nacional extraordinario que se realizó esta semana en la sede de la AFDD.

La instancia fue convocada para analizar la situación y acordar una postura común. “Lo que planteamos es que nos enteremos de información relevante por los medios y después no avisan. No es así la cosa. Nosotros tenemos que estar ahí, pero la crítica más grande es a que no nos pueden dejar afuera, porque somos parte activa, no somos espectadoras”, dice la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira. La molestia fue tan extendida que a fines de julio le pidieron al Presidente la incorporación de cuatro dirigentas más al Comité de Seguimiento y Participación del PNB.

La presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, Ana Graciela Becerra, es la cara más visible del sitio de memoria ubicado en las Rocas de Santo Domingo. Este lugar está dentro del listado de 47 sitios de interés levantado hace ya varios meses por los analistas del PNB. Sin embargo, hasta la mañana del jueves 5 de septiembre, Becerra seguía esperando que alguien llegara a hacer labores de búsqueda. La larga espera terminó ese mismo día. “Estoy agotada, pero feliz. Esta mañana llegó la ministra en visita Marianela Cifuentes con personal de la PDI. Para nosotros es primera vez que se busca en serio en el sitio, pese a que venimos diciendo hace mucho rato que puede haber compañeros ahí. Por eso, yo creo que es primera vez que nos toman en serio”, cuenta Becerra.

La dirigenta agrega que la ansiedad por iniciar las búsquedas no tiene que ver con la expectativa de encontrar cuerpos. Dice que puede que eso no ocurra, pero comenta que ver al Estado en acción, con la participación de la comunidad en terreno, “alivia el alma y en algo ayuda a reparar”.

Junto con valorar la voluntad política de Boric para instalar el PNB, Becerra cree que hay que apretar el acelerador: “Esto tiene que hacerse con mayor sentido de urgencia. Hay que empezar las búsquedas en concreto en los lugares, porque el tiempo nos apremia y no sabemos qué pasará con el plan luego del 11 de marzo de 2026″.

Sin embargo, el mundo de las organizaciones de derechos humanos es diverso. Por lo mismo, hay algunos matices. Así lo expresa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo. “Nosotros apoyamos el Plan de Búsqueda. Creemos que en este gobierno se ha presentado esta posibilidad y no podemos perderla. Tenemos que fortalecer el Plan de Búsqueda y no comparto las aprensiones que tiene la dirigenta Gaby Rivera. Como familias necesitamos de esta política pública para reconstruir los recorridos que hicieron y así saber dónde están”, comenta Lazo.

Las discrepancias en los énfasis del PNB, resentido por dirigentas como Mónica Monsalves, no solo se han quedado en el ámbito de las agrupaciones, sino que ha remecido al equipo del plan. El 1 de julio nueve analistas del PNB firmaron una carta de seis páginas y se la enviaron al ministro de Justicia, Luis Cordero. Lo hicieron tras varias semanas en que la tensión entre el equipo del Área de Coordinación y Búsqueda y el órgano ejecutor del plan -el Programa de Derechos Humanos que dirige la abogada Paulina Zamorano- había llegado a un punto de no retorno.

La primera firma de la carta era del funcionario Sandro Gaete, el expolicía de la PDI e histórico investigador en causas de violación a los derechos humanos que llegó a la Subsecretaría de Derechos Humanos en 2017, de la mano de la entonces subsecretaria Lorena Fries (FA). El 25 de junio, Gaete, según fuentes que supieron de lo ocurrido al interior del ministerio, tuvo una reunión con Zamorano y el coordinador del PNB, Juan Mena. En esa cita, transmitió una serie de reclamos y diferencias sobre las prioridades del plan.

El asunto no se calmó y continuó escalando. El 27 de junio, a las 15.30, Gaete fue citado al gabinete de Cordero a una nueva reunión. En ese encuentro -en el que también estaban Zamorano y Mena- el expolicía repitió, esta vez frente al ministro, los reparos que tenía sobre la manera en que su gabinete estaba enfocando el PNB.

Por eso fue que, cuatro días después, Gaete junto a otros ocho analistas de su área optaron por dejar por escrito sus diferencias. Quienes supieron de la carta cuentan que en ella expusieron que el diseño en el organigrama de mando del Área de Coordinación y Búsqueda “ralentiza las investigaciones”. Esto, planteaba la misiva, debido a la “dispar visión y urgencia” con la que se estaban enfrentando las investigaciones.

En realidad, la misiva no fue una sorpresa para nadie. Parte del equipo detrás del PNB hace meses que arrastraba estas diferencias con la coordinación del plan. Así que, tras convencerse de que la situación no iba a cambiar, Gaete presentó su renuncia y, desde el 1 de agosto y luego de siete años, abandonó el equipo del cual era parte. Su salida, de paso, implicó el despido de dos analistas más.

“A estas alturas, perder profesionales que tienen expertise en búsqueda es criminal. El Plan de Búsqueda pierde legitimidad pública y los objetivos urgentes que nos ocupan se retrasan. No vemos proyectos o financiamiento concreto para cumplirlos. Todos estos contratiempos nos quitan tiempo, y tiempo es lo que no tenemos. Esta es la última oportunidad que tenemos para buscarlos y no se puede seguir improvisando”, agregó Monsalves durante su exposición en el seminario de la UC.

Los cambios en el área de Coordinación y Búsqueda simbolizan una soterrada diferencia que divide a los equipos del plan. Gaete junto a algunos analistas eran partidarios de poner el foco en las investigaciones administrativas, es decir, las indagatorias que se pueden hacer de forma prejudicial sin necesidad de depender -en un inicio- de las diligencias judiciales que decretan los ministros en visita.

Este trabajo administrativo, según fuentes vinculadas al área, hace cinco meses derivó en un listado de 47 sitios de interés en los cuales se podían iniciar gestiones con el Poder Judicial para despachar diligencias que incluyeran labores de búsqueda forense en terreno. De hecho, el equipo de Gaete había propuesto partir por los sitios del norte -donde ya hay activas labores, como por ejemplo en la Mina La Veleidosa-, debido a las buenas condiciones meteorológicas.

Ese diseño -cuya fase preliminar abarcaba nueve casos de Arica- chocó con lo que había planificado el órgano ejecutor del PNB. Los funcionarios cuentan que luego de participar de un seminario en Colombia, Mena modificó el método de trabajo y distribuyó en el equipo de analistas “megacasos” en regiones del sur del país, pidiendo informes de caracterización de la represión regional -copiando el modelo de departamentos colombianos- y fijó a fin de año el plazo para la entrega de dichos documentos.

“El problema principal tiene que ver con miradas distintas respecto de cómo se enfrenta el trabajo. Hay un sentido de urgencia que, lamentablemente, no veo en nuestras autoridades. Entonces, la prioridad ha estado en trabajos que tienen que ver con establecer trayectorias que, de alguna u otra forma, han estado desde hace mucho tiempo disponibles y que tampoco van a aportar información específica en lo concreto respecto de la búsqueda”, reconoce Gaete a La Tercera.

Las palabras del exanalista apuntan a la prioridad que fijó el ministro Cordero: la reconstrucción de “las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada y las circunstancias de su desaparición y/o muerte”. Eso, a juicio de los funcionarios que tenían una visión distinta a la del órgano ejecutor del PNB, fue generando una brecha en el sentido de urgencia del trabajo y se fue transformando en una constante piedra de tope.

Las divergencias no estaban alojadas solamente en el equipo de analistas al que pertenecía Gaete, sino que también llegaba a otros niveles. “Desde el año pasado hice presente mis diferencias por el diseño del plan y por el sentido de urgencia que se le estaba dando desde el Programa de Derechos Humanos”, reconoce a este medio el exsubsecretario de Derechos Humanos Xavier Altamirano (PS), quien fue removido de su cargo hace un mes por diferencias con el ministro Cordero. Por eso, la AFDD, que dirige Rivera, le ha pedido al gobierno modificar la jefatura del PNB -hoy en manos de Zamorano- para trasladarla a un órgano distinto.

Pese a la evidente discrepancia interna del equipo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla (FA), retruca explicando que el énfasis del plan “es el resultado de un proceso robusto de participación con agrupaciones y con familiares”. Lo que dice Quintanilla apunta a que para construir el plan se realizaron 67 encuentros participativos en todas las regiones del país, con 775 participantes que representaron a 35 agrupaciones de familiares, 13 agrupaciones de presos políticos y exonerados, 43 organizaciones de derechos humanos, 20 sitios de memoria y 164 familiares no agrupados. “Los objetivos no son una imposición directiva ni del ministro ni de ninguna autoridad”, aclara Quintanilla a La Tercera.

La subsecretaria -quien asumió el 2 de agosto- agrega que ambas líneas no son intereses contrapuestos: “Hay una falsa dicotomía entre una cosa y la otra, porque lo cierto es que hemos avanzado en ambas líneas de manera paralela. La reconstrucción de las trayectorias es también un ejercicio de búsqueda y, por cierto, confiamos en que nos dará pistas de dónde son esos lugares donde debiéramos enfatizar en las diligencias”.

Para Altamirano, quien ahora es un observador externo, la “pérdida de legitimidad pública” del PNB que acusan algunas dirigentas tiene que ver con la falta de resultados concretos. “La ausencia de resultados, de compromisos con fechas claras o de participación real terminan por pasar la cuenta. Es entendible cuando esto ocurre por razones externas al ministerio, pero lo es menos cuando se debe a una mala conducción del plan. La inercia burocrática y la ingenuidad política son expresiones de una cierta autocomplacencia”, agrega el exsubsecretario.

Pese a todo, en el gobierno están conscientes del daño que se produjo. Por lo mismo, dicen que están enfocados en hacer las mejoras necesarias. “Tomamos el mensaje con harta responsabilidad y con harta autocrítica respecto de la forma en que hemos conducido nuestro vínculo con las agrupaciones en las distintas instancias de gobernanza que tiene el plan”, admite la subsecretaria Quintanilla.

De hecho, en La Moneda saben que hay aspectos comunicacionales que se deben mejorar, pero les preocupa que no se entienda que el PNB es mucho más amplio que la búsqueda forense. Por eso, la meta más relevante del primer año del PNB estaba puesta en instalar la gobernanza del plan y para 2025 los esfuerzos estarán en optimizar y agilizar el trabajo de la estructura de gobernanza de esta política pública. Todo con el objetivo de que el PNB se ancle de forma permanente al Estado.

Junto con eso, están revisando las mejoras que se pueden hacer para corregir las falencias que se han dado en los ámbitos de participación. “Tenemos que innovar en las instancias de participación y contemplar momentos o áreas de trabajo en las que es importante, antes de tomar decisiones, hacer procesos más robustos de diálogo y retroalimentación con las agrupaciones. Ahí podemos encontrar flujos de trabajo y mejoras en los tiempos de la información y del diálogo que nos permita responder a esta crítica legítima que se nos ha hecho, porque aquí han sido las agrupaciones las que históricamente han llevado adelante este trabajo”, concluye Quintanilla.