¿Quién se queda y quién se va? La hora de la verdad en el proceso constituyente

La redacción estaba avanzada. Las principales figuras del oficialismo en el Consejo Constitucional -como los expertos Gabriel Osorio (PS), Domingo Lovera (RD) y la consejeras María Pardo (CS) y Karen Araya (PC)- estaban en plena elaboración de una declaración conjunta para fijar sus líneas rojas, con el objetivo de mostrar disposición a alcanzar un acuerdo con la derecha, cuando en la tarde del miércoles un video comenzó a difundirse y comentarse en los pasillos del ex Congreso Nacional. El protagonista era José Antonio Kast, excandidato presidencial y líder indiscutido del Partido Republicano.

“Nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto”, planteó el líder de republicanos -partido que tiene que la mayoría absoluta del Consejo- en una transmisión de YouTube, dejando en duda su disposición a dialogar.

La frase para algunos en el oficialismo confirmó lo que venían diciendo públicamente: que los republicanos no tienen intenciones de ceder en sus enmiendas. El registro también provocó una alerta inmediata en los partidos de gobierno, los que aceleraron la idea de dar a conocer el documento que se había empezado a diseñar el fin de semana, en una reunión telemática de todo el progresismo.

La preocupación por las indicaciones republicanas ya generaba ruido, porque dejan a la administración del Presidente Gabriel Boric y al oficialismo en un dilema incómodo y que han optado por postergar: tener que oponerse a una nueva propuesta constitucional, una de las demandas más históricas del sector, en un proceso que no ha generado ni el interés que esperaban en las personas -los números de las encuestas de La Moneda son negativos- ni los resultados que imaginaron en los escenarios más pesimistas -con la derrota en la elección del Consejo el 7 de mayo como punto de partida-.

Todo ello ha provocado una fuerte presión al interior de los partidos progresistas, que ya se están preparando para el desembarco del proceso constitucional. Pero antes de concretar ese paso, definieron, estratégicamente, mostrar públicamente su disposición a generar consensos con la derecha y emplazar a Chile Vamos a ejercer un rol de puente para alcanzar esos acuerdos, porque de ellos depende la aprobación de las ideas republicanas -con sus votos el partido fundado por Kast alcanza el quórum para aprobar las normas- y el curso del proceso.

En ese contexto, y ante las palabras de Kast -que dejaban en evidencia el poder que tiene sobre el curso del proceso-, el miércoles el tono evidentemente cambió y las llamadas se intensificaron hasta el jueves, cuando se publicó el documento en una conferencia de prensa. La molestia era a tal nivel que la extensión se les fue de las manos y cuando ya estaban a punto de entregarlo tuvieron que entrar a editar para reducir la cantidad de páginas (terminó en seis).

En la declaración, que titularon como “Invitación por la Unidad”, los partidos de Unidad para Chile escribieron: “Desperdiciar este momento sería una irresponsabilidad y un error histórico”. Además, reforzaron “la disposición para llegar a acuerdos” para “no repetir los errores del pasado” y plantearon siete ejes fundamentales ante la amenaza que perciben en las enmiendas republicanas: la estabilidad institucional, igualdad, derechos sociales, seguridad, lucha contra la corrupción y los abusos, protección del medioambiente y habilitación del debate democrático. Entre los límites que fijaron están los tratados internacionales y, sobre todas las cosas, que se respete “el Estado de derechos”. Además, hicieron una advertencia: “El tiempo apremia”.

El motivo es que desde este lunes 28 de agosto se empezarán a votar las enmiendas en las comisiones. Y, en esa línea, hasta el cierre de esta edición las bancadas de Unidad Para Chile, Chile Vamos y republicanos conversaban sin mucho optimismo, en distintos espacios, para intentar llegar a acuerdos en una negociación que cada día se torna más tensa y que desde lunes -con la votación- empezará a definir el camino de los partidos que apostaron por el segundo proceso constitucional después del fracasado primer intento.

Pero los partidos oficialistas no están dispuestos a todo y por eso optaron por marcar sus líneas rojas. Sobre todo luego de ver que en sus filas ya se han manifestado los primeros descuelgues: el sábado 19 de agosto, en un evento en la Academia de Humanismo Cristiano, diversos actores anunciaron que harán campaña por la opción “En contra” en el proceso. Entre ellos estaba el exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).

El anuncio, en el que estuvieron figuras del PC, no pasó inadvertido en el órgano redactor. El lunes, apenas los consejeros pusieron un pie en el ex Congreso Nacional varios se acercaron a los comunistas Karen Araya y Fernando Viveros.

“¿Es cierto que se bajan del proceso?”, le preguntó preocupado un consejero oficialista a Araya, quien respondió tajantemente que no.

Pese a que en el PC hay voces disidentes del proceso, la postura institucional del partido -al igual que todo el oficialismo- es esperar la votación de las enmiendas para definir qué hacer.

De hecho, días antes Araya -cercana a las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara- ya había tenido conversaciones sinceras con el secretario general del partido, Lautaro Carmona, quien está de acuerdo con la estrategia de esperar. También la profesora conversó con el alcalde Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez para explicarles sus motivos.

De todas formas, las aclaraciones de la consejera no bastaron, ya que en el Partido Republicano asumieron como un hecho que el PC se bajaba del proceso. A tal punto de que Araya tuvo que increpar a los consejeros Luis Silva y Antonio Barchiesi al escucharlos en televisión.

“Ustedes están mintiendo”, les dijo.

El conflicto desató la molestia en las bancadas progresistas que elaboraron el documento, por lo que, además, nombraron a Araya como la jefa de bancada de Convergencia Social-PC para hacerles frente a las dudas que dejó la postura de sus compañeros de partido y ante la arremetida de la estrategia republicana. La señal era una sola: el PC no se bajará anticipadamente.

En medio de todo, el delegado de los socialistas, Alejandro Köhler, aseguró en entrevista con La Tercera que en el oficialismo se mantendría la unidad, ya que los republicanos y algunos de Chile Vamos buscan negociar solo con los partidos del Socialismo Democrático.

“No hay ninguna posibilidad de que el PS acuerde solo con la derecha”, dijo Köhler.

En La Moneda, en tanto, no han querido involucrarse, a excepción de algunas intervenciones por enmiendas republicanas cuestionadas, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, ante la idea de que los privados de libertad mayores de 75 años cumplan la condena en sus residencias (lo que sacaría de la cárcel, acusan en la izquierda, a condenados por violaciones a los derechos humanos), y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (CS), en la discusión del aborto.

El Presidente y los ministros del comité político les han solicitado a los jefes de los partidos que supervisen el proceso e insistan en la necesidad de estar unidos, pero también tienen personas de confianza vinculadas al proceso: Matías Meza-Lopehandía (CS), exjefe de gabinete y muy cercano a Boric, asesora a la directiva de su partido en temas constitucionales y se reunió con sus consejeros el lunes pasado; el experto Gabriel Osorio (PS) mantiene un diálogo fluido y una relación antigua con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y el programa constitucional del PPD, del que alguna vez formó parte la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), sigue funcionando. Ahí tiene varios cercanos que participan de una mesa liderada por la Fundación Chile 21, compuesta desde la DC al PC y en la que comparten grupo de WhatsApp figuras como Nicolás Eyzaguirre (PPD), muy cercano a la jefa de gabinete; el constitucionalista José Antonio Ramírez (PPD) y la exconvencional Bárbara Sepúlveda (PC), una de las mejores amigas de la ministra Vallejo.

En lo formal, dicen en el gobierno, la división de Estudios de la Segpres, liderada por Javiera Ascencio, es la instancia encargada de supervisar el proceso y generar insumos sobre los debates.

El lunes, en la sala multiuso, se reunió extraoficialmente la comisión de Función Jurisdiccional, en la que el consejero republicano Antonio Barchiesi -presidente de la instancia- se ha enfrentado en varias ocasiones a la experta del oficialismo Leslie Sánchez (PL). La intención del encuentro era buscar acuerdos, pero la iniciativa no perduró.

“¿Qué es lo que quieren?”, les preguntó Barchiesi a los consejeros de los partidos de gobierno a propósito del control preventivo constitucional, una de las enmiendas que ha cuestionado el progresismo.

Sánchez respondió, frente a sus pares republicanos, de Chile Vamos y también sus compañeros: “No se trata de lo que queremos, sino de lo que es mejor para el país”.

Pero Barchiesi, quien planteó otras vías para alcanzar un consenso, insistió en su postura: “No lo vamos a volver a debatir”.

Ahí la militante liberal se enojó y respondió: “Para nosotros no se trata de deseos. Nosotros ya cedimos y el anteproyecto, que fue aprobado por unanimidad, para nosotros ese es el mínimo y el máximo en estos temas”.

No fue el primer roce entre ambos. El viernes 18 de agosto, en la comisión también se enfrentaron cuando discutieron sobre la Corte Constitucional y la enmienda que le permitía declarar inconstitucionales los decretos del Presidente.

“Recordemos que los nombramientos también son a través de decretos. Entonces, próximo gobierno, José Antonio Kast quiere nombrar ministro de la Mujer al diputado (Gonzalo) De la Carrera. Yo voy personalmente e impugno, porque me parece que es un nombramiento inadecuado, porque no tiene el perfil, porque no tiene ni siquiera salud compatible con el cargo, creo yo”, dijo Sánchez.

Pero ese no fue el ejemplo que más molestó a los republicanos, porque volvió a tomar la palabra. Sánchez dijo, ante las miradas del bando opositor, “también hay decretos que autorizan pagos de remuneraciones, como el funcionamiento completo de este Consejo. Yo honestamente a ratos impugnaría ese decreto, porque creo que se les están pagando sueldos a gente que ni siquiera opina en las comisiones. Yo podría decir sabís, que no se pagan más estas remuneraciones, porque en realidad yo veo que aquí el gasto es ineficaz”.

Barchiesi retrucó: “Pedirle, comisionada Sánchez, que respetemos a los integrantes de esta comisión y de este Consejo, entendiendo que fuimos electos por esta ciudadanía”.

La disputa evidenció la tensión entre ambos sectores y lo diametral de las diferencias que existen. En medio de esa disputa, la presión se ha volcado sobre los partidos de Chile Vamos, ya que en el Partido Republicano se niegan a ceder en los temas medulares para la izquierda, la que tampoco quiere estirar el nuevo texto más allá del anteproyecto elaborado por los expertos.

En el Partido Republicano también tienen presión en la interna. Más allá de los esfuerzos de sus consejeros, y el planteamiento de enmiendas identitarias, el proceso constituyente -al que ya están amarrados- no ha mejorado en los números y la opción “En contra” se ha afianzado entre algunos de sus militantes. Todo eso en medio de los diálogos con Chile Vamos.

Actores como el expresidente Sebastián Piñera han promovido los acuerdos a través de sus cercanos, como los exministros Juan José Ossa, Hernán Larraín y Gloria Hutt, además del exsubsecretario Máximo Pavez. El jueves de esta semana, desde Chile Vamos también elaboraron un documento que titularon: “Una alternativa a la inestabilidad: trabajemos por un texto constitucional consensuado”. Entre los firmantes estaban los exministros Jaime Bellolio e Isabel Plá, entre otros.

En ese contexto se han producido las conversaciones en la derecha con el objetivo de fijar enmiendas de “unidad de propósito”, es decir, materias en las que tengan consensos y sean aprobadas en el Consejo. Ese trabajo, dicen en el sector, ha avanzando durante la semana y ya hay varios puntos de consenso. Sin embargo, en esos diálogos ha estado fuera el oficialismo.

De hecho, entre los republicanos ya tienen sus líneas rojas claras y están convencidos de que lo mejor para convencer a su militancia de derecha más dura es que el Partido Comunista se reste del proceso. Por lo mismo, no quieren ceder anticipadamente en sus indicaciones a la espera de cómo evoluciona el apoyo ciudadano y con el objetivo de forzar el desembarco de los comunistas.

Los republicanos califican en dos categorías sus enmiendas: complicadas e intransables, y entre estas últimas hay varias que chocan con las que el oficialismo no está dispuesto a dar su brazo a torcer, como la libertad en seguridad social y salud, y la protección a la vida del que está por nacer. En el partido fundado por Kast, de todas formas, hay indicaciones en las que sí están dispuestos a conversar, como la paridad.

Por lo mismo, en este escenario, el rol que adopte Chile Vamos se ha vuelto clave. Sus votos permiten las aprobación o no de las enmiendas republicanas. Hasta ahora esa coalición de derecha, en general, ha evitado las críticas públicas en contra del partido de Kast. El temor a que los acusen de ser la “derecha cobarde” y la buena evaluación de la colectividad pesan sobre los consejeros de ese bloque.

“Los republicanos le hablan a su público y eso conlleva el riesgo de una Constitución partisana”, dijo hace un mes la comisionada de RN, y también exsubsecretaria de Piñera, Katherine Martorell, lo que, según afirman en el sector, le valió varias críticas de la derecha.

Si bien en algunos consejeros de Chile Vamos ha empezado a permear la idea de marginar a sectores de izquierda, en el oficialismo vieron esta semana un cambio de actitud en algunos de ellos. Algunos esperan que el alza en las encuestas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) -quien ha cuestionado las enmiendas republicanas- y la baja de Kast sean un incentivo para que esa coalición se desmarque de las indicaciones del Partido Republicano.

Otros, en tanto, dicen que las cartas están echadas y solo queda esperar hasta que termine el proceso de votación de enmiendas y llamar todos a votar “En contra”.

Pero antes de eso, en el oficialismo también han estado preocupados de que sectores que fueron relevantes en la campaña del Rechazo -y que terminaron contribuyendo en propiciarles una derrota en esos comicios- estén bien alineados en contra de las enmiendas republicanas. Así, Amarillos y Demócratas se han vuelto relevantes y han mantenido conversaciones con sus principales dirigentes para estar alineados. Por lo mismo, en la izquierda valoraron la señal que dieron los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, de Demócratas, quienes a través de una carta expresaron sus dudas con las enmiendas republicanas.

Ese sector también es codiciado por los republicanos. El propio Kast transmitió que era importante hacer gestos al centro. Este viernes, de hecho, el consejero Luis Silva se reunió con un par de dirigentes de Amarillos con el objetivo de escuchar sus ideas.

Mientras que en el oficialismo la preocupación solo aumenta y algunos evalúan planes en el caso de que fracasen las conversaciones para votar las enmiendas. Una de ellas es presionar a Chile Vamos -cuando llegue el momento de las votaciones del pleno y si continúa la tendencia ciudadana a rechazar el nuevo texto constitucional- de retornar a la propuesta elaborada por los expertos. Ese objetivo, al menos, tiene el visto bueno de La Moneda.

En junio, Boric ya dijo que aprobaría el anteproyecto. Pero eso antes de la hora de la verdad, que comienza este lunes.