Salvador Millaleo, abogado mapuche: “El gobierno de Piñera dialogó más con las comunidades de lo que hemos visto hasta ahora”

A fines de junio, Salvador Millaleo compartió una fotografía celebrando el We Tripantu, el año nuevo mapuche, en un centro ceremonial de Peñalolén. En redes sociales compartió también su extrañeza de que el gobierno no haya organizado una celebración oficial en torno a la fecha. La misma extrañeza, acaso, que ha sentido con la creciente desaparición de los temas indígenas de la agenda del gobierno. En la última cuenta pública no hubo novedades relativas a los pueblos originarios, solo la mención al trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento, que viene funcionando desde 2022.

-La sensación es que este gobierno ha abandonado las banderas indígenas -dice.

Abogado y doctor en Psicología por la universidad alemana de Bielefeld, Salvador Millaleo conversa en la cafetería de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde es profesor. En abril de 2022 renunció a su cargo como coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, debido a sus diferencias con la entonces ministra Izkia Siches.

A dos años de su salida del gobierno, Millaleo dice que la política indígena lentamente ha comenzado a tomar forma, a partir de un escenario muy deficiente, donde ocurrió la controvertida visita a Temucuicui.

-Al principio, la política indígena era la más completa irracionalidad. No había una elaboración política deliberada, donde los expertos pudiéramos proponer cosas y se evaluara y se decidiera, sino que había intuiciones, y quienes dirigían, en particular Izkia Siches, se dejaron llevar por ese tipo de intuiciones. Ahí viene lo de Temucuicui, algo sumamente errático. No había cabida para pensar una política y para implementarla. Por eso yo me fui rápidamente.

En estos dos años, ¿qué forma ha adoptado la política indígena?

Creo que fue decisivo el anuncio que hizo el presidente de la Comisión de Paz y Entendimiento, en noviembre de 2022. Eso empieza a dar una forma, pero una forma incompleta.

¿En qué sentido?

Es evidente que la comisión procura responder a uno de los temas más importantes con el pueblo mapuche, pero no hay una elaboración política para los pueblos andinos del norte. Eso explica tantas dificultades, por ejemplo, con la Política Nacional del Litio y los pueblos atacameños; ahora con el pueblo colla y Maricunga, en la Tercera Región. Todas estas dificultades podrían haberse prevenido con una política indígena intencionada hacia el norte. Pero no ha existido. Claramente, no hay una política para los pueblos andinos.

¿Ha tenido noticias del trabajo de la Comisión de Paz?

La fase de participación debía partir en marzo de 2023, pero partió en mayo. Si tú vas al sitio de la comisión, puedes ver las actas hasta noviembre de 2023. Desde entonces no hay actas y estamos en junio de 2024. Entonces no sabes lo que están haciendo, o sea, te puedes enterar por testimonios, tú le preguntas a un dirigente: “¿Qué te pareció?” Pero no están cumpliendo, a mi juicio, con algo que es muy importante en las comisiones de verdad, que es un estándar de transparencia reforzado.

Salvador Millaleo acaba de presentar en Bogotá los resultados de una investigación comparada de cuatro comisiones de verdad relativa a pueblos indígenas, de Canadá, Colombia, Noruega y Australia. Y una de las recomendaciones principales, dice, es precisamente la transparencia para lograr una verdad compartida.

El año pasado, el Presidente anunció más recursos para la restitución de tierras y reimpulsar el proyecto de Ministerio Indígena. ¿Cuánto se ha avanzado en ello?

Yo entiendo que se han inyectado recursos para tierras. Y también otros recursos del Plan Buen Vivir. Ahí quiero valorar lo que ha hecho Obras Públicas, mejorando la capacidad de ejecución, incrementando la inversión, incluso logrando finalizar obras de caminos en zonas de conflicto, donde las empresas ni siquiera querían participar en licitaciones. Y ellos lo han hecho precisamente a partir de generar diálogos territoriales. También la consulta indígena que se hizo para el proyecto de Ley de Patrimonio. Pero en el plano político, en el Ministerio Indígena, no hay ningún avance. A lo mejor no hay agua en la piscina, en el Parlamento, pero no hay una discusión política sobre eso tampoco. Entonces, eso también colabora a estas señales de abandono de la política. La política indígena se está reduciendo a la comisión de tierras para los mapuches y no hay mucha respuesta para los otros pueblos. Las promesas, por ejemplo, respecto a la cogestión de áreas silvestres y protegidas, no hay ningún avance en ellas. Tampoco en los aspectos climáticos, en el sentido de que, a nivel internacional, los pueblos indígenas tienen que ser aliados estratégicos del Estado a la hora de las políticas de adaptación climática.

¿Esperaba más de la cuenta pública de este año?

Esperaba algo con más fuerza, o sea, en medidas de fomento económico. En el mundo, el tema del fomento económico de los pueblos indígenas está tomando mucho brío, porque se ha demostrado que las empresas indígenas pueden tener un gran desarrollo si tienen las políticas de estímulo adecuado. Y eso ayuda mucho a superar la pobreza. Pero para eso necesitas crear un entorno, un marco. Existe el Comité de Negocios Indígenas de Corfo, pero no se le ha sacado el brillo que podría tener. Incluso, con Piñera eso tenía un poco más de brillo. La sensación es que este gobierno ha abandonado las banderas indígenas.

¿Cuánto influyó el fracaso de la Convención Constitucional en ello?

Fue determinante en la forma en que se leyó, porque, claro, fracasaste y en el fracaso uno tiene que ser autocrítico, tanto a nivel de gobierno y de la alianza como la misma Convención. La autocrítica es para reformularte y plantear cuestiones más realistas, pero la percepción es que ha sido más bien desmovilizador. Hubo un nuevo proceso donde lo indígena fue confinado e invisibilizado. Y eso es algo que los pueblos indígenas resienten.

¿Qué responsabilidad les cabe a los convencionales indígenas en esta postergación?

Ellos entraron con un optimismo que demostró la falta de experiencia política, de tratar de introducir un máximo de derechos cuando la realidad te aconsejaba establecer prioridades. Hubo mucha campaña en contra, pero el trabajo de la Convención en muchos aspectos era deficitario. En el caso del pluralismo jurídico, la justicia indígena generó un vacío que alimentó el miedo. Fue un error que no lo plantearon de manera gradual. Yo la apoyé harto, pero también firmé una de las cartas del Apruebo para reformar.

“Los convencionales indígenas, desde la presidencia de Elisa Loncón, descartaron el diálogo (con la derecha), y eso me pareció un error tremendo. Otro error también fue el no diferenciarse claramente de los grupos mapuches radicalizados”.

El tema de la plurinacionalidad fue uno de los que causaron más rechazo.

La plurinacionalidad era un gran concepto, pero había que llenarlo de contenidos que pudieran convencer no sólo a los indígenas, a quienes tampoco se les convenció -y hubo más rechazo en los territorios indígenas-, sino también al resto del país. Hubo muy poca apertura al diálogo de los convencionales indígenas. Me acuerdo que convencionales de derecha más liberal mandaron una carta a los convencionales indígenas. Esa carta me pareció sumamente interesante, un gesto tremendo de un sector que normalmente tenía otro discurso y era como un inicio para el diálogo. Pero los convencionales indígenas, desde la presidencia de Elisa Loncón, descartaron el diálogo, y eso me pareció un error tremendo. Otro error también fue el no diferenciarse claramente de los grupos mapuches radicalizados. En el otro proceso, Alihuen Antileo llamó a bajar las armas. En cambio, Elisa Loncón y el resto no lo hicieron, cuando tenían muchas más oportunidades para incidir en eso. Fue también determinante la escalada que hicieron Héctor Llaitul y los otros grupos para generar más miedo y por lo tanto, alimentar todas las desconfianzas sobre los derechos indígenas.

La violencia alimenta los discursos más negacionistas de los derechos indígenas. No permite generar diálogo. Y la realidad es que también se amenaza a las comunidades que dialogan.

¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en el problema de la violencia en la Macrozona Sur?

En el tema de la violencia faltó mucha preparación dentro de la alianza de gobierno para poder abordarlo con seriedad. Y creo que afecta mucho que en ciertos sectores de la izquierda hay una visión romántica que ve a estos grupos como rebeldes indígenas, como revolucionarios nativos, y no ven la realidad. Podemos decir que hay abandono de los gobiernos, promesas rotas, pero la violencia no resuelve nada. Lo único que hace es agravar el problema. La violencia alimenta los discursos más negacionistas de los derechos indígenas. No permite generar diálogo. Y la realidad es que también se amenaza a las comunidades que dialogan. La violencia no es algo compartido por la mayoría del pueblo mapuche. En esto hubo un cambio mucho más rápido del gobierno; se ha avanzado mucho más que en el resto de la política indígena. Creo que el gobierno no ha recuperado una idea que era muy clave en el programa. Cuando se cuestionaba al gobierno de Piñera, se decía que no dialogaba, pero al final, cuando uno valora, el gobierno de Piñera dialogó más con las comunidades de lo que hemos visto hasta ahora. Alfredo Moreno, por ejemplo, tuvo intentos de diálogo bastante interesantes el primer año. Y este gobierno abandonó muy rápido el diálogo. Ha habido cosas parciales, lo que te decía del MOP, pero no hay una visión de este diálogo de pueblo a pueblo.

¿Ha sido efectiva la aplicación del estado de excepción?

El estado de excepción me parece más populista que lo que realmente ha contribuido. Ha sido importante para disminuir los ataques en los caminos, pero no para otras expresiones. Se nos trata de transmitir la idea de que ya hay una normalización, pero la realidad se encarga regularmente de decirnos que no. Por ejemplo, lo que pasó con los tres carabineros. Falta mucho, porque es un tema complicado, hay elementos graves, hay elementos de crimen organizado...

¿Hay narcos?

Sí. Hay que evitar los enfoques reductivos, pero cuando tú vas y escuchas a la gente que te dice en tal territorio donde hay una ORT (Organización de Resistencia Territorial) también hay narco. Y estos narcos sólo podrían operar si la ORT lo permite. El conflicto no se reduce a eso, pero si lo tienes significa que necesitas una respuesta más integral que sólo un estado de excepción. Necesitas grupos de tarea específicos en terreno, colaborar en tareas de seguridad con las comunidades que requieren también protección de estas mafias. Necesitas hacer un trabajo conjunto. Y no simplemente decir que la solución es un estado de excepción aún más grave: el estado de sitio. Eso es populismo penal. Hay que enfrentar el tema de seguridad, no hay que ser idealista, eso también es una forma colonial de ver las cosas. Pero necesitamos una política pública mucho más amplia que permita abordar los diversos temas que están pendientes.

Una de las cuestiones que ocurren con la radicalización en el mundo, que también lo he estudiado, es que tú puedes descabezar a los grupos radicales, neutralizarlos, y eso podría traer un momento de paz. Pero si continúan las situaciones de injusticia, la experiencia comparada nos dice que va a venir otra generación, van a tener la tentación de dejarse llevar por la frustración y van a volver los problemas. Creo que aquí falta una conversación racional, que dejemos que sea el miedo el que nos dé visibilidad y plantearlo con un enfoque de país.