Venezuela: El plan para recuperar los activos incautados en EE.UU. por corrupción

En el año 2018, cuando el mundo estaba atento a la crisis que azotaba a Venezuela y la tasa de inflación en el país gobernado por Nicolás Maduro alcanzaba un 1.370.000% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Andrade, extesorero del Presidente venezolano Hugo Chávez, fue condenado a 10 años de prisión tras confesar que había participado en el lavado de US$ 1.000 millones en sobornos, en Florida.

Si bien la jueza rechazó la propuesta de la defensa de Andrade de rebajar la condena a siete años por confesar el crimen y lo sentenció a la máxima pena, decidió no devolver el dinero retenido a Venezuela. Los activos del exguardaespaldas de Chávez, que ascienden a US$ 1.500 millones en caballos, inmuebles y joyas, fueron decomisados.

A partir de esta situación, un grupo de venezolanos radicados en Estados Unidos se organizó y en el año 2019 fundó la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav). Con sede en Miami, la agrupación está “enfocada en movilizar a Estados, instituciones internacionales y ciudadanos para lograr la recuperación de los activos producto de actos de corrupción cometidos en Venezuela”, dice su página web.

El objetivo de la organización es que ese dinero, una vez sea devuelto a Venezuela, sea utilizado para la reconstrucción del país, independiente de si existe un cambio democrático.

Como la Inrav, existen otros ejemplos recientes de iniciativas exitosas con el mismo fin. Tal es el caso de Kazajistán, donde a partir de la Fundación BOTA -una organización independiente sin fines de lucro-, se devolvieron US$ 84 millones que fueron invertidos en proyectos que benefician a niños desfavorecidos, en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de Kazajistán, Suiza y Estados Unidos.

“Andrade fue preso por 10 años de cárcel, pero la jueza, cuando tomó la decisión, consideró que ese dinero no podía ser restituido a Venezuela porque es un Estado dictatorial, criminal”, explica a La Tercera María Alejandra Márquez, presidenta de la Inrav. “Ahí a varios de nosotros se nos prendió: sí, es cierto, el gobierno de Venezuela tiene esas características, pero el pueblo de Venezuela es víctima de todo esto y el dueño moral de esos dineros es el pueblo venezolano”, afirma.

Márquez señala que en el caso venezolano existen variadas fuentes de desfalco, como el terrorismo, el narcotráfico y los regalos de “cuestionable legalidad” a otros países y organizaciones. En la Inrav se enfocan específicamente en el dinero recuperado de la corrupción.

Según la organización, a finales del año pasado el Departamento de Justicia de EE.UU. había incautado cerca de US$ 1.500 millones que están congelados en más de 20 juicios legales producto de la corrupción en el país caribeño. Pero Márquez va más allá. Estima que en el mundo el “robo total” a Venezuela asciende a US$ 300 mil millones, dinero que corresponde a jurisdicción venezolana, asegura.

La Inrav se respalda de la ley Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development -conocida como Verdad Act-, una legislación estadounidense aprobada en 2019 con apoyo bipartidista que “fortalece las herramientas para combatir la cleptocracia y los abusos de derechos humanos y establece la política de Estados Unidos en apoyo a la solución negociada a la crisis de Venezuela”.

Bajo esta ley, apunta Márquez, existe un artículo donde Estados Unidos se compromete a regresar el dinero recuperado de la corrupción a Venezuela. “Plantea que el Ejecutivo evalúe si es conveniente crear un fondo o no. Ese fondo no se ha creado”, dice la presidenta de la Inrav.

Márquez explica que existen cuatro requisitos que deben cumplirse para retornar activos: que el dinero se maneje con transparencia, que haya rendición de cuentas, que los fondos se utilicen para beneficiar a la población originalmente victimizada y “lo más importante es que haya garantías de que esos dineros no van a ser utilizados de nuevo para actos de corrupción”. “Cumplir con esas cuatro condiciones es bastante difícil, particularmente en un país como Venezuela, donde no se puede garantizar ninguna”, reconoce la presidenta de la organización.

La Inrav, entonces, se ha enfocado en encontrar soluciones creativas para que los cuatro requisitos se cumplan y Washington acceda a devolver el dinero. Para eso, proponen la creación de un fondo especial, administrado y diseñado por EE.UU.

“Nosotros tememos que ese dinero va a tener muchísima demanda de muchos acreedores y tiene que estar protegido. En este caso, va a estar en manos de los entes del Estado norteamericano que participen en el diseño de este fondo”.

Sobre los sectores más importantes donde debería invertirse este dinero una vez devuelto a Venezuela, la Inrav ha mantenido reuniones con diferentes organizaciones para discutir su destino.

“De lo que hemos recogido, está el tema de la ayuda humanitaria. Por otro lado, hay gente que dice ‘el país no puede echar adelante sin infraestructura, hay que empezar por ahí’. Hay otra línea que te dice educación, asistencia a los más vulnerables. Otros opinan que el dinero debe utilizarse para hacer viable un proyecto democrático. Todas esas ideas son válidas y hay que discutirlas”, opina Márquez.

“Creo que lo importante es que esta decisión, justamente, no la tome una cúpula, un partido o solo un grupo de gente especializada. Esa decisión tiene que venir de la propia sociedad civil organizada que está ya trabajando en Venezuela”, dice a La Tercera Alberto Barrera Tyszka, escritor venezolano (coautor de la biografía Hugo Chávez sin uniforme) que recientemente escribió una columna de opinión sobre la Inrav en The New York Times.

Para establecer el fondo propuesto por la Inrav, el Senado estadounidense debe aprobar una legislación que permita su creación.

Para eso, la organización lanzará este 15 de marzo una campaña en EE.UU. que tendrá como objetivo que los ciudadanos les pidan a los congresistas que apoyen el fondo.

“La idea es llamar al congresista y decirle: ‘Mi nombre es Pedro Pérez, yo vivo en tal ciudad, usted es mi representante y lo estoy llamando para que apoye la creación de un fondo para proteger el dinero de Venezuela recuperado de la corrupción’”, explica Márquez.

Luego de la llamada, la estrategia consiste en publicar un texto similar en Twitter utilizando el #UnFondoPorVenezuela, para que los legisladores se percaten de que los venezolanos del país se están movilizando.

En el caso de los venezolanos que viven fuera de EE.UU., la presidenta de la organización afirma que una manera de contribuir es contactando y animando a familiares y amigos que residan permanentemente en el país para que participen de la campaña.

Además, Márquez afirma que “si hay venezolanos que se quieren organizar para conformar algo como Inrav en Chile y tratar de pelear por los recursos venezolanos que pueden aparecer en un momento dado, nosotros estamos dispuestos a mostrarles el camino, a ayudarlos a constituirse y darles todo el conocimiento”, destaca.