¿A la Suprema? Minsal no entrega correos sobre muertes por Covid a la Fiscalía porque puede afectar “seguridad nacional”

A primera hora del lunes 11, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Darwin Bratti, firmó una orden judicial que autorizaba al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, a incautar los correos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza. Esto, en el marco de una investigación penal por las muertes por Covid-19 en Chile y que se abrió tras la querella presentada por el senador Alejandro Navarro y que cuestiona las cifras entregadas por el Gobierno respecto de los fallecimientos.

La PDI estaba lista para allanar, pero se necesitaba una diligencia extra. Como el Ministerio de Salud es una dependencia en que trabajan autoridades públicas, cualquier entrada y registro en el marco de una causa criminal debe hacerse bajo las reglas del artículo 209 del Código Procesal Penal que obliga al fiscal a informar 48 horas antes la práctica de dicha actuación. Así fue como Carrasco se apersonó el martes 8 -pasado el mediodía- en la repartición para notificar lo que se haría. En el lugar, el ministro actual de la cartera, Enrique Paris, informó al Ministerio Público que ellos se opondrían a la realización de la pesquisa citando para ello la Ley de Derechos del Paciente.

En medio de las diligencias encabezadas por Carrasco, se conocía la petición de las defensas del Presidente Sebastián Piñera y del propio Mañalich para sacar al investigador de un caso similar que él también investiga, derivado de una querella interpuesta por Daniel Jadue, pues a su juicio había perdido objetividad por unos dichos que realizó en medio de una audiencia. Sin embargo, el propio Mandatario aclaró que respetaban la autonomía del Ministerio Público y que “nuestro Gobierno siempre colabora con las investigaciones de la Fiscalía y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar y, como lo mencionó el ministro de Salud, siempre protegiendo también la privacidad y la información sensible de todos nuestro compatriotas”. Esto, en la misma línea de la respuesta que 24 horas antes había dado Paris como argumento al fiscal Carrasco.

Entre los argumentos para que una autoridad se oponga a un allanamiento no está el riesgo de salud pública. Fue así como ayer el ministro Paris, en una segunda comunicación, reiteró su negativa a la diligencia, pero esta vez invocando que los antecedentes que existen en los correos electrónicos de las autoridades de Salud contienen información sensible y que su conocimiento público puede afectar la seguridad nacional.

La situación pone en una incómoda posición al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, ya que no podrá incautar la documentación a menos que decida insistir con la diligencia y seguir un inédito mecanismo que, hasta ahora, nunca ha realizado el Ministerio Público. Ante la negativa del Gobierno de la entrega de correos, el persecutor tendrá que recurrir a la Corte Suprema para que resuelva esta controversia.

El abogado y penalista Eduardo Riquelme, quien hoy asesora externamente a Interior y es el defensor particular de Daza y el subsecretario Arturo Zúñiga, apoya la decisión del Ministerio de Salud, pues explica que no se puede exponer información sensible de las autoridades de Salud en medio de una pandemia.

“Se trata de información sensible, sobre las estrategias sanitarias y de seguridad para el control de la pandemia. Hay que considerar el contexto en que se solicita esta información, en medio de una pandemia, en Estado de Excepción Constitucional y evidentemente ahí hay información que puede comprometer la seguridad del Estado. Piense que las autoridades sanitarias salieron a buscar ventiladores a otros países, hay conversaciones con proveedores extranjeros que no es adecuado que luego estén en una carpeta de investigación a la que podrán acceder todos. Además estamos frente a una investigación en que no hay un delito claro. Así que si la Fiscalía insiste, pues bien será la Corte Suprema quien decida si se deben incautar o no, pero para nosotros acá hay un interés superior y es la seguridad nacional en medio de una pandemia y podremos demostrarlo”, sostuvo el profesional.

Junto con esto, el defensor de Daza apuntó a cierta molestia con la ejecución de la diligencia. “No había necesidad de intranquilizar a los equipos de Salud, que ante la llegada de la PDI con una orden judicial de entrada y registro naturalmente se alteran, en circunstancia que la información que se busca está respaldada en los servidores de Entel, lo que implica además que la información no puede ser alterada, está totalmente respaldada. No hay riesgo de pérdida de información”, aseguró.

Consultado el ministro Paris por esta negativa de entrega de información a la Fiscalía, declinó referirse al respecto.