Megatoma de San Antonio: abogado de propietarios advierte que “si no hay acuerdo, llevaremos el fallo hasta las últimas consecuencias”

A tres días de que el gobierno se siente a conversar con los dueños del terreno que alberga la megatoma de San Antonio, el abogado Diego Ignacio Pereira-Fonfach, representante de los propietarios vinculados a inmobiliaria y constructora San Antonio pone en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita postergar el desalojo de los 10 mil habitantes ordenado por Corte de Apelaciones de Valparaíso y que debe llevarse a cabo el jueves 27 de febrero desde las 10 horas.

La apuesta del gobierno y del ministro de Vivienda Carlos Montes es que el lunes -en la cita clave que se llevará a cabo- los propietarios acepten la idea de que el paño de 256 hectáreas ubicado en el Cerro Centinela sea comprado por las cooperativas de pobladores que el Minvu está gestionando. Pero hasta ahora no hay señales de que sea una propuesta atractiva para los empresarios que preliminarmente han sostenido que el valor del terreno se empina por los 52 millones de dólares.

“La gestión del Gobierno ha sido absolutamente deficiente”, parte señalando Pereira, quien sostiene que el Ejecutivo “no ha entregado una hoja de ruta previa a la negociación”. Además, adelanta que hay puntos intransables en la discusión y reafirma que, si no se alcanza un acuerdo, llevarán el cumplimiento del fallo “hasta las últimas consecuencias”.

¿Cómo describiría el estado actual de la conversaciones previo al desalojo de la megatoma de San Antonio?

Nos hemos reunido con el gabinete del ministro en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. En esas reuniones, el Gobierno se comprometió a entregarnos una fórmula de acuerdo con algunos puntos que ya habíamos discutido. Se comprometieron a entregarnos una garantía eficaz y eficiente de la operación el 20 de diciembre, lo que no ocurrió. También nos aseguraron que nos enviarían un cronograma del proceso de cooperativas durante diciembre, lo que tampoco ocurrió. Se comprometieron a entregar una tasación para el 15 de enero de este año, lo que nuevamente no ocurrió. Es decir, hasta ahora, de parte del Gobierno, solo hemos recibido incumplimientos.

¿Hay disposición a un acuerdo?

Nosotros siempre hemos estado dispuestos a llegar a un entendimiento con el Gobierno para evitar que este conflicto termine en un desalojo masivo. Sin embargo, sin certezas, sin planificación y sin una propuesta clara, avanzar es muy difícil.

¿Cuál es su principal preocupación de cara a esa reunión?

Fuimos citados al Ministerio de Vivienda el 24 de febrero, luego de conocerse la resolución que ordena el desalojo para el 27 de febrero. En esta reunión participarán el Ministro de Vivienda, el Subsecretario del Interior, el Alcalde de San Antonio y otros integrantes del gabinete ministerial, con el objetivo de abordar la situación. Nos citaron, pero no nos han informado qué temas quieren abordar. No tenemos la menor idea. El Gobierno no nos ha entregado ninguna información sobre una posible propuesta de salida alternativa para esta situación.

¿Eso significa que el lunes no zanjarán ningún acuerdo?

Vamos a ir con mucha cautela y, por supuesto, vamos con preocupación porque tampoco queremos generar un escándalo social Pero se tendrá que entender que aquí existe, una sentencia de la Corte Suprema que fue refrendada y que dispone el derecho a la protección de la propiedad. Necesitamos tiempo para analizarla y evaluarla.

El Gobierno ha manifestado públicamente que está trabajando en una alternativa basada en cooperativas. ¿Qué opinión tienen sobre esta estrategia?

Esta alternativa de las cooperativas lleva al menos seis meses sonando, pero hasta ahora no tenemos ninguna certeza ni información oficial al respecto. Si me preguntas: ¿existen cooperativas ya constituidas? No tengo idea. ¿Todos los ocupantes del terreno están alineados con la idea de constituirlas? Según lo que he leído en la prensa, entiendo que no. Por otro lado, se ha dicho que el Gobierno pedirá un plazo, pero no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando. Ante esta incertidumbre absoluta, vamos a la reunión con cautela y preocupación, pero con la disposición de llegar a un acuerdo. Estamos en posición de escuchar al Gobierno, pero si no cumplen sus compromisos, no entregan información clara y no presentan un plan bien estructurado en lo legal, lo financiero y lo organizacional, es imposible llegar a un acuerdo.

¿Cuáles son los puntos que no están dispuestos a transar?

En primer lugar, el Gobierno debe constituirse como aval de la operación y entregar una garantía real y eficiente de que este acuerdo se cumplirá. No podemos avanzar sin una certeza clara de que el compromiso que se adquiera será respetado. En segundo lugar, debemos llegar a un acuerdo respecto al precio del terreno. No porque el Estado estime que el valor del suelo es 0,58 UF/m² significa que estamos obligados a aceptar esa cifra. Aquí estamos hablando de derechos de propiedad, de terrenos que pertenecen a privados, quienes tienen el derecho de decidir si venden o no, y a qué precio.

¿Están de acuerdo con el modelo de cooperativas?

Necesitamos saber cuántas cooperativas están constituidas, cuáles son los plazos autoimpuestos para la formación de la supracooperativa, si los cooperados cuentan con ahorros, si el Estado aportará parte del financiamiento o si existe alguna fuente de financiamiento ya definida. Todas estas son interrogantes que hoy no tienen respuesta, porque entiendo que recién el lunes, a tres días del desalojo, el Gobierno nos dará información al respecto.

Hay cerca de 1000 personas que no quiere ingresar a las cooperativas, ¿cómo ven ustedes esta situación?

Es un punto absolutamente preocupante, porque el Gobierno, en la reunión del lunes, que supuestamente es la instancia clave para presentar su alternativa, debería tener claro este escenario. También manejamos información que indica que un número no menor de personas dentro de la toma no quiere sumarse a las cooperativas. Al parecer, no les convence la fórmula que les impone el Gobierno, especialmente porque implicaría realizar un aporte económico como cooperados dentro de la operación.

¿Cuánto varía la tasación del gobierno y la de ustedes?

El alcalde de San Antonio ha dicho que existe una tasación que fija el valor del terreno en 0,58 UF por metro cuadrado. Sin embargo, esa tasación jamás se ha entregado a Inmobiliaria San Antonio, ni algo que respalde esos valores. No sabemos cuál fue la fórmula que utilizó el Gobierno para llegar a ese monto, porque no nos han entregado la tasación. Nosotros, en cambio, tenemos una tasación propia, que ha sido publicada en varios medios, y que establece un precio de 0,69 UF por metro cuadrado.

¿Qué garantías piden al gobierno para llegar a acuerdo?

Es una fórmula de garantía que tendrá que plasmar el gobierno. Puede ser un monto en dinero, puede ser, algún tipo de garantía real, eso lo tendrá que acordar el gobierno, acuerdo a los mecanismos legales que ellos puedan utilizar, digamos, pero quiero refrendar como inmobiliario, que nosotros estamos totalmente disponibles para llegar a un acuerdo con el gobierno, totalmente disponibles, esto es la medida en que existan compromisos que se cumplan, planes con certeza, y que se respete el derecho a la propiedad de mis representados. Estamos pensando que ellos nos tienen que entregar una fórmula de garantía, que puede ser el gobierno como aval, que puede ser, por ejemplo, una suma de se constituyen o, por ejemplo, no nos pagan, bueno, que nosotros podamos, ¿no es cierto?, cobrar esa garantía y seguir con el desalojo en un plazo posterior que ellos acuerden como extensión del tema.

Si el desalojo se lleva a cabo, podría generar un conflicto serio. ¿Cuál es su postura y la de sus representados frente a esta situación?

Sería un hecho lamentable. Condenamos cualquier acto de violencia, no abogamos por ella bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de defender la posición de nuestros clientes, proteger el derecho de propiedad y respetar el Estado de derecho. Creemos en el cumplimiento de la sentencia, pero al mismo tiempo miramos con preocupación lo que pueda ocurrir si el desalojo se materializa. Somos categóricos en señalar que, si no hay acuerdo, llevaremos el fallo hasta las últimas consecuencias.