Abogado de víctimas del megaincendio en Valparaíso: “La alcaldesa Ripamonti ha centrado su discurso en victimizarse y trasladar culpas al gobierno”

La semana pasada se cumplió un año desde que se produjo una de las mayores emergencias en la Región de Valparaíso. El 2 de febrero del 2024 se produjo un incendio que afectó a cuatro comunas de la región, que dejó 138 víctimas y miles de personas damnificadas.

Si bien la Fiscalía y la PDI ya han logrado la detención de siete presuntos autores del incendio, quienes se encuentran en prisión preventiva, a juicio del abogado Felipe Olea, quien representa a la familia de las personas fallecidas, el proceso judicial en la búsqueda de responsabilidades políticas no ha avanzado como debería.

¿Cómo califica la investigación a un año de los incendios de febrero 2024?

La investigación ha avanzado en la identificación de los autores materiales, lo que es un gran logro, pero aún está lejos de esclarecer todas las responsabilidades. Se ha logrado detener a siete personas que conformarían una organización criminal, lo que demuestra que este incendio no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red que lucraba con el fuego.

¿Qué ha fallado?

A un año de la tragedia sigue habiendo un manto de impunidad sobre quienes, desde cargos públicos, permitieron que el desastre se saliera de control. La Fiscalía ha sido eficiente en un aspecto, pero insuficiente en otro: los ejecutores están siendo procesados, pero los responsables institucionales y políticos aún no enfrentan las consecuencias de su negligencia.

¿No se ha buscado correctamente a los responsables de esta emergencia?

No, y lo hemos dicho con absoluta claridad. Es evidente que hubo una red criminal operando detrás de este incendio, pero el fuego no se propagó solo porque estos delincuentes lo iniciaron, sino porque hubo una respuesta institucional absolutamente ineficaz. Aquí no solo se debe perseguir a quienes encendieron la llama, sino también a quienes, por omisión o negligencia, permitieron que se convirtiera en una catástrofe de esta magnitud. Conaf, Senapred, el Gobierno Regional y los municipios tenían el deber de proteger a la ciudadanía, y fallaron. Y hasta ahora no vemos una investigación profunda sobre estas omisiones.

¿Cree que las investigaciones de las responsabilidades políticas no han avanzado?

Las responsabilidades políticas han sido el gran vacío en esta investigación. La Fiscalía ha hecho un trabajo importante al identificar a los autores materiales, pero sigue sin haber imputaciones a quienes, desde el Estado, permitieron que este incendio se convirtiera en la peor tragedia de nuestra historia reciente.

El reciente informe de Contraloría es categórico y confirma lo que venimos denunciando desde el primer día: Conaf no alertó a Senapred a tiempo sobre la proyección del fuego hacia Viña del Mar y Quilpué, lo que impidió que se emitieran las alertas SAE con la debida anticipación. Además, se detectaron irregularidades gravísimas, como bitácoras alteradas, omisión de información clave y la falta de modelamientos que podrían haber evitado una propagación descontrolada de las llamas. Estas no fueron simples fallas técnicas, sino negligencias que costaron vidas.

¿Hacia dónde debería ir la investigación en ese aspecto?

Además del informe, también está la declaración del exdirector regional de Conaf Alejandro Zuleta, quien reveló que “el mismo que quemó Valparaíso hoy está tomando las decisiones”, sugiriendo que dentro de la institución operaba una red delictual ligada a los incendios. Si sus palabras son ciertas, estaríamos ante una estructura de corrupción que ha permitido la ocurrencia sistemática de estos siniestros, poniendo en riesgo a toda la población. ¿Cómo es posible que, con estos antecedentes en la mesa, no haya ninguna autoridad de Conaf siendo formalizada?

Mientras el gobierno central, la alcaldesa Ripamonti y el gobernador Mundaca se culpan entre ellos por la reconstrucción, nadie asume su responsabilidad por lo ocurrido el 2 de febrero de 2024. Lo que exigimos es que no solo se investigue la corrupción interna en Conaf, sino también el actuar de quienes estaban a cargo de la seguridad y la emergencia ese día, porque hay responsabilidades políticas y administrativas que deben traducirse en consecuencias legales.

Menciona a la alcaldesa. ¿Cuál ha sido la posición del municipio en todo este año desde ocurrida la emergencia?

El municipio de Viña del Mar, y particularmente la gestión de Macarena Ripamonti, ha sido caótica. En lugar de asumir su responsabilidad en la falta de medidas de prevención y evacuación, la alcaldesa ha centrado su discurso en victimizarse y trasladar culpas al gobierno central. Pero la realidad es que, al día de hoy, Viña sigue sin un plan de reconstrucción claro, sin apoyo real a las víctimas, y con una gestión municipal marcada por la improvisación. Los damnificados siguen viviendo en condiciones precarias, y mientras tanto la alcaldesa evita responder sobre lo que hizo, o no hizo, su administración el 2 de febrero de 2024.

¿Considera que la autoridad comunal no se ha acercado a las víctimas?

Durante los actos conmemorativos del fin de semana los vecinos también lamentaron su ausencia y la de su equipo. En realidad ha tenido varias oportunidades de acercarse a la gente de Villa Independencia para disculparse con ellos por las fallas en su gestión, para desde allí comenzar a avanzar en soluciones para todos, pero no se ha presentado ante ellos y no la vieron mostrando sus respetos en el homenaje a las 136 personas que perdieron la vida ese día. Recordemos que fue uno de los sectores más devastados por el siniestro, lo que a nuestro parecer es muy lamentable.

¿Cuál es el ánimo o sensación de las personas afectadas?

El sentimiento general entre los damnificados es una mezcla de dolor, frustración e indignación. A un año del incendio, muchas familias siguen en condiciones extremadamente precarias, sin soluciones habitacionales definitivas y con una reconstrucción que avanza a paso lento. La sensación de abandono por parte del Estado es evidente, y la falta de justicia solo refuerza el sentimiento de impunidad.

La alcaldesa de Quilpué planteó una situación de salud mental en los afectados...

Muchas de las personas afectadas han desarrollado estrés postraumático, ansiedad y depresión, viviendo con el miedo constante de que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Hemos visto casos de damnificados que han tenido crisis de pánico al sentir olor a humo o escuchar sirenas, mientras otros han necesitado apoyo psicológico constante para lidiar con la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares. Asimismo, un 33% de los afectados presenta riesgo suicida, cifras que conocemos gracias a un informe solicitado desde nuestra oficina.

¿Qué esperan las víctimas?

Que se haga justicia y que nunca más una comunidad tenga que vivir una catástrofe como esta. Pero para eso es urgente que el Estado garantice apoyo psicológico real y sostenido en el tiempo, porque hoy muchas de estas personas están enfrentando la tragedia solas.

¿Qué viene de parte de ustedes en materia judicial?

Vamos a seguir avanzando en el camino judicial con todas las herramientas disponibles, porque este caso no puede quedar impune. Recientemente hemos presentado una querella criminal en representación de damnificados, dirigida contra todos quienes resulten responsables, buscando que la Fiscalía investigue en profundidad no solo a los autores materiales, sino también a las autoridades y funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que la tragedia alcanzara esta magnitud.

Queremos que el Ministerio Público abra nuevas líneas investigativas que apunten a la responsabilidad de quienes tenían el deber de prevenir y reaccionar de manera eficaz.

¿Presentarán acciones civiles de reparación igual?

Pero no nos quedaremos solo en lo penal. En las próximas semanas presentaremos una demanda civil, donde exigiremos que el Estado y las instituciones responsables indemnicen a las víctimas por las pérdidas sufridas. Muchas familias lo perdieron todo: sus casas, sus recuerdos, sus seres queridos. No solo se enfrentaron a un incendio devastador, sino también a un Estado que ha sido lento e ineficaz en la reconstrucción y la entrega de ayudas. Esta demanda no solo busca reparación económica, sino también establecer un precedente para que nunca más una tragedia de esta magnitud quede sin responsables.