Abogados integrantes: El controvertido rol de los magistrados elegidos a dedo

Se suponía que el recurso de protección de Rosa Meléndez contra la Agencia Nacional de Inteligencia por el término anticipado de su contrato en mayo de 2018, iba a ser un trámite expedito en la Corte Suprema. La jurisprudencia estaba a favor de la ex funcionaria, pues nunca antes el máximo tribunal había aceptado un término de contrato antes del 31 de diciembre.

Pero el 11 de marzo la Tercera Sala de la Corte Suprema dio un giro inesperado a ojos de su presidente, Sergio Muñoz.  Y en un fallo inédito revocó la sentencia del 22 de agosto de 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago, y respaldó a la ANI frente al despido anticipado de la funcionaria.

Más que por el caso en particular, el fallo ha sido motivo de comentarios en tribunales porque fue la votación de los abogados integrantes Pedro Pierry e Íñigo de la Maza la que inclinó la balanza. Ellos y la ministra María Eugenia Sandoval votaron en contra del recurso, dejando en minoría a los ministros Arturo José Prado y Sergio Muñoz, quien apeló a la jurisprudencia administrativa que también ha señalado la Contraloría General de la República.

La figura de los abogados integrantes es motivo de permanente debate entre el Ejecutivo y el Parlamento. En la práctica son ministros designados por el gobierno de turno en las cortes de Apelaciones y en la Suprema para cubrir eventuales ausencias de los magistrados. En la Corte Suprema hay 12 designados (duran 3 años en el cargo, con reelección)  y para las cortes de Apelaciones de todo el país, se nombraron otros 87 (el cargo es por 1 año, pero con releección).

Además de las quejas por los criterios políticos de los nombramientos (el perfil de los elegidos suele inclinarse según el color político de cada gobierno), la crítica permanente a la figura de los integrantes apunta a eventuales conflictos de interés, pues no tienen dedicación exclusiva y pueden seguir ejerciendo como abogados en sus respectivos estudios.

El propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien ahora le correspondió firmar los nombramientos para las cortes en 2019, cuando era senador de la UDI fue un duro detractor de la existencia de abogados integrantes.

"Creo que el tema de los abogados integrantes hace mucho rato que está haciendo agua, pero hasta la fecha no existe un mecanismo de recambio que permita resolver esta inquietud", dijo el entonces senador Larraín en la sesión de nombramiento de Jorge Dahm como ministro de la Corte Suprema el 30 de septiembre de 2015.

Como miembro de la comisión de Constitución, el senador Felipe Harboe (PPD) señala: "Son magistrados elegidos por el gobierno. Muchos creemos que hay que tener un profundo respeto por la carrera judicial y no me parece que vengan abogados sin trayectoria y sentar jurisprudencia. Hay evidentes conflictos de interés, porque el chequeo que se hace para evitarlos no siempre es el adecuado y muchas veces depende de ellos inhabilitarse".

En la misma línea, el senador Pedro Araya (ind.) plantea que "esta es una figura que debe desaparecer porque sabemos todos los inconvenientes que acarrean. Depende del gobierno de turno y tienen una carga política. Y, como no tienen dedicación exclusiva y pueden ejercer igual llegan a información privilegiada. Son los favorecidos con los alegatos de pasillo de los tribunales y son más permeables a ser influenciados".

Desde el Poder Judicial también tienen una opinión crítica. La presidenta de la Asociación de Magistrados, María Soledad Piñeiro, sostiene esta figura "atenta contra la independencia e imparcialidad de la judicatura, que ésta se ejerza, aunque accidentalmente, por jueces no profesionales y que no forman parte de la carrera judicial, como quiera que ello vulnera el derecho de los ciudadanos –no de los jueces- de ser juzgados por jueces independientes e imparciales establecidos por la ley con anterioridad, o principio del juez natural, consagrado en los tratados internacionales de DD.HH.".

Piñeiro añade que "concordamos entonces con que los principios de independencia e imparcialidad pueden ser también afectados, al menos potencialmente, por la circunstancia que pueden existir conflictos de intereses entre formar parte de un tribunal, y no existir impedimento legal para el ejercicio de la profesión de abogado, ni siquiera ante la misma Corte; lo que igualmente atenta contra la transparencia en el ejercicio de la jurisdicción".

Desde el gobierno de Ricardo Lagos han sido varios los intentos por cambiar el sistema de integración de las cortes.

Araya recuerda que durante esa administración se pensó por primera vez establecer un sistema de ministros suplentes, pero la idea se desechó porque el presupuesto del Poder Judicial se disparaba. También se evaluó mantener la figura, pero con la restricción de nombrar solo a profesionales dedicados  a la academia que no ejercieran la profesión.

En la primera administración de Piñera se puso en tramitación otra iniciativa que apuntaba a eliminar los abogados integrantes,  transformando a los fiscales judiciales en ministros de la Corte a la que pertenecen.

El texto enviado entonces por el mandatario al Congreso hacía un duro diagnóstico del  sistema: "A pesar del significativo aporte que muchos abogados integrantes de excelencia han realizado a la labor de la Judicatura, existe acuerdo que esta institución, por su regulación y características, está expuesta a posibles conflictos de intereses y no cumpliría a cabalidad con garantizar los estándares y la imagen de transparencia que la labor judicial requiere".

En senador Harboe plantea que el 2019 es un año propicio para retomar el debate por la integración de las cortes del país. "Ahora vamos a promover un nuevo proyecto que apunta a cambiar el sistema para terminar con la figura de los abogados integrantes. Es necesario", subraya.

A comienzos de marzo, el gobierno  nombró como integrantes de la Corte Suprema a los académicos Daniel Peñailillo Arévalo, de la Universidad de Concepción; Leonor Etcheberry Court, de la Universidad Católica; Jean Pierre Matus, académico de la U. de Chile y quien asesora al Ejército en un modelo de prevención de delitos,  María Cristina Gajardo Harboe, de la Universidad de Chile y Julio Pallavicini de la misma casa de estudios.

También al ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry;  Íñigo de la Maza Gazmur, académico UDP ; al abogado Diego Munita Luco, quien a través de su compañía Munita Luco y Asociados oferta servicios de derecho mineros y aguas, y a los ex integrantes de la Corte de San Miguel Antonio Barra Rojas y Ricardo Abuauad Dagach.

Rojas y Abuauad el año pasado acogieron los recursos de amparo que dieron la libertad condicional a cinco condenados por delitos de lesa humanidad en Peuco, determinación que gatilló un intento de acusación constitucional contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama que integraron la misma Sala.

Revise el decreto de nombramiento aquí.