Agenda de Derechos Humanos a paso lento: crece la presión oficialista para que La Moneda acelere tramitación de iniciativas

Sólo con la presencia de algunos asesores de gobierno, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara inició este miércoles la discusión de una iniciativa sensible para la izquierda oficialista.

La idea de los parlamentarios de la alianza gubernamental, que tienen el control de esta comisión, era comenzar a discutir un proyecto de autoría de la diputada Lorena Pizarro (PC) que genera una calificación jurídica de ausencia por desaparición forzada. Ello permitiría que especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos en dictadura poder contar con una consideración especial en el Registro Civil, por ejemplo, para solicitar certificados, distintos al de defunción, que reconozcan la situación particular de aquellas víctimas.

A pesar de que esta iniciativa fue escogida por el gobierno para ser patrocinada en una acotada agenda de Derechos Humanos anunciada por los ministros Cordero, Álvaro Elizalde, Carolina Arredondo y Antonia Orellana, el pasado 5 de septiembre, hasta la fecha, La Moneda todavía no presenta indicaciones ni pone urgencia a las cuatro mociones parlamentarias que serán parte de este paquete legislativo.

En vista de la demora del Ejecutivo -que en los próximos días ingresaría las indicaciones y las urgencias en al menos un par de iniciativas comprometidas-, un grupo de legisladoras de izquierda acordaron igualmente iniciar el debate del proyecto de ausencia por desaparición forzada.

A más de un mes de que el gobierno anunciara su agenda de Derechos Humanos -que ya dejó afuera algunos proyectos que generaban más resistencia en la derecha-, la impaciencia en sectores del oficialismo había comenzado a crecer.

Desde La Moneda señalan que a pesar de que podría haber consenso amplio para sacar estas iniciativas, precisan que son temáticas sensibles, por lo que es necesario tomarse un tiempo para dialogar con organizaciones. Además, se requiere de un análisis jurídico detallado para evitar errores.

No obstante, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la diputada Lorena Fries (Convergencia Social), señaló que en este año en que se cumplieron 50 años del Golpe de Estado de 1973, “esta agenda debe tener importancia”. “Hay proyectos que están en carpeta y hay otros que anunció el gobierno que esperamos que se puedan despachar antes de fin de año. Por lo tanto, esperamos lo hagan rápidamente y le pongan urgencia”, expresó.

Esta exigencia es compartida por la bancada del PC, donde esperan, incluso, que el gobierno amplíe su agenda con otras medidas, como el proyecto que sanciona el negacionismo, el que deroga o anula la Ley de Amnistía y el que establece la materia de derechos humanos como una asignatura obligatoria a nivel escolar.

Esta demora, además, se ha acentuado con el suspenso en el que se encuentra el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, anunciado por el Presidente Gabriel Boric, el pasado 30 de agosto, que aún no culmina su trámite ante la Contraloría, en vista de que se trata de un decreto presidencial.

La diputada Lorena Pizarro (PC) dijo que “quiero pensar que no se ha puesto discusión a los proyectos comprometidos por el Ejecutivo, porque hoy está todo centrado en la discusión de Presupuesto, pero los compromisos se deben cumplir… Espero que los proyectos empiecen a tener discusión por voluntad política del gobierno, prontamente. Es necesario”, dijo.

También a cuatro años del estallido se ha reactivado la presión para que La Moneda refuerce los programas de reparación a víctimas del estallido o bien incursione derechamente con una ley que aborde esta problemática. De hecho, este miércoles, una veintena de diputados oficialistas, junto a la senadora Fabiola Campillai (independiente), dieron una señal pública para exigir acciones gubernamentales.

La diputada Nathalie Castillo (PC) dijo que muchos parlamentarios y “sectores sociales vinculados a la revuelta popular” esperan “que se nos entregue en forma detallada cuál es el plan del gobierno para avanzar en esta materia de reparación. Sabemos que hay esfuerzos de manera sectorial, Salud, Justicia, pero esto debe ser integral. Para eso esperamos un mensaje presidencial (un proyecto de ley) o bien una política robusta que dé garantías de protección, acompañamiento y reparación”.

Por ahora, la agenda de Derechos Humanos de La Moneda se limita a cinco iniciativas, cuatro de ellas surgidas de mociones parlamentarias. Sólo una de estas medidas (la que genera la certificación de ausencia por desaparición forzada) se encuentra en la Cámara. Las otras tres mociones ya están más avanzadas en segundo trámite en el Senado.

Dentro de las propuestas parlamentarias que serán apadrinadas por el Ejecutivo, la más controvertida es la que libera el secreto de los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el obispo Sergio Valech.

No obstante, la idea de La Moneda es precisar que el levantamiento del secreto de la Comisión Valech se realizará sólo cuando la víctima o sus herederos den su consentimiento. Por ello, la redacción de la enmienda gubernamental obligará a realizar varias consultas políticas, jurídicas y también con organizaciones.

Otra iniciativa que será patrocinada es la que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. Fue presentada en 2014 por la entonces diputada socialista Clemira Pacheco, que en su momento contó con un apoyo casi unánime de la Cámara. Estas indicaciones ingresarían en las próximas semanas con la respectiva urgencia.

También será impulsada por La Moneda una iniciativa de hace 20 años atrás, presentada en 2003 por los entonces diputados DC Gabriel Ascencio, Jorge Burgos y Rodolfo Seguel, que buscaba terminar con leyes secretas desde el año 1900. Si bien esta moción ya fue aprobada por la Cámara con amplio apoyo, el análisis jurídico detectó algunas falencias y complejidades, entre ellas, diferencias en el catastro de normas. De hecho, hay tres listados que no necesariamente coinciden: una de la Biblioteca del Congreso, otra de Contraloría y otra del Diario Oficial. Incluso, hay normas tan antiguas en las que ha sido difícil encontrar el texto en cuestión. Otra dificultad serán los reparos que puedan surgir de las FF.AA. cuando se consulte su opinión.

La única iniciativa legal propia y nueva que impulsará el Ejecutivo será la política para proteger los sitios de memoria. Actualmente se está desarrollando un trabajo prelegislativo con organizaciones de derechos humanos, por lo que el proyecto será presentado probablemente a inicios de 2024.