¿Agentes de contrainteligencia?: las dudas entorno al rol de la Embajada de Venezuela en Chile por el crimen de Ronald Ojeda

Cuando el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, abandonó la sede diplomática el 29 de julio, bajó el vidrio de su camioneta para disparar una sentencia: “Muera el fascismo”.

El comentario del embajador fue recibido por los periodistas que lo esperaban afuera de la sede ubicada en Providencia. Luego aceleró la marcha y se fue raudo. La despedida de Méndez se dio luego de que Nicolás Maduro ordenara retirar a todo el personal diplomático de Chile y de otros seis países de la región que no reconocieran los resultados electorales que lo dieron ganador en medio de acusaciones de fraude.

Fue uno de los puntos candentes de las tensiones entre Chile y Venezuela, que han sido azuzados cada cierto tiempo por Maduro, o por su ministro de Interior, Diosdado Cabello, cuando lanzan dardos contra el gobierno de Gabriel Boric. Controversias entre ambos países que llegaron a su clímax cuando la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda había sido ordenado por el régimen chavista.

Y ahora un nuevo antecedente relacionado al poder Ejecutivo de Venezuela se sumaría a la investigación del plagio del exmilitar, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una toma de Maipú.

De acuerdo a un reportaje del New York Times, donde se relata la crónica del caso, en la embajada venezolana se habrían efectuado trabajos de contraespionaje. Citando fuentes en “condición de anonimato” y que entregan información previo a conclusiones, se señala: “Los investigadores chilenos creen que agentes de contraespionaje venezolanos han trabajado desde la Embajada de Venezuela en Santiago”.

Hoy la embajada se encuentra cerrada, complicando los trámites migratorios que deben realizar los miles de venezolanos avecindados en nuestro país.

El miércoles 5 de febrero, en medio de la formalización y reformalización de 21 integrantes de Los Piratas, la Fiscalía expuso por primera vez ante el tribunal que el crimen fue ordenado por Diosdado Cabello, desde Caracas.

Los investigadores presentaron el testimonio del testigo protegido número 7, quien afirmó que Cabello sostuvo un acuerdo con Héctor “el Niño” Guerrero, el principal líder del Tren de Aragua, y se efectuó un pago en Perú. Así es como se han ido siguiendo hebras que unen el asesinato con las cúpulas políticas de Caracas.

Fuentes investigativas que fueron consultadas por La Tercera señalaron desconocer la relación del caso con la embajada o con algún tipo de trabajo de planificación del crimen de Ojeda en la sede diplomática.

En ese sentido, aseguran que tanto en la investigación del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones no hay antecedentes que den cuenta de lo informado respecto a relacionar la planificación del crimen de Ojeda en la Embajada de Venezuela en Chile. Tampoco sospechas de aquello.

Por su lado, quienes desde el gobierno chileno conocen del caso explican que la relación puede venir de situaciones que se levantaron en el pasado respecto a quienes eran los diplomáticos que operaban en esa embajada. Lo que habría que despejar, entonces, es si es verdad que funcionarios de contrainteligencia venezolana trabajaron activamente en el recinto ubicado en calle Bustos 2021, Providencia.

En tanto, el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, también dijo desconocer la relación del caso con la embajada o con algún tipo de trabajo de contrainteligencia.

En paralelo, aseguró, ellos se encuentran concretando acciones judiciales: “En nuestro rol de querellantes activos en la causa, personalmente he efectuado recientes gestiones a nivel internacional y en la Corte Penal Internacional en torno al caso”.

Con el antecedente revelado por New York Times, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) Álvaro Bellolio criticó al Ejecutivo. “La estrategia del Ministerio del Interior genera dudas razonables. Enviar al subsecretario Manuel Monsalve a entregar información directamente a Venezuela, en vez de gestionar el tema de manera consular a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es al menos inusual”, apuntó la otrora autoridad a La Tercera.

“La gran pregunta es cuánta información se compartió en esa instancia y si existe algún vínculo con lo que ocurrió un mes después con Ronaldo Ojeda. ¿Fue una gestión diplomática o una concesión política? Ese es el punto que aún no se ha aclarado”, agregó.

Por su lado, el diputado Eduardo Durán (RN) fue más duro: “En cualquier país del mundo lo que ha hecho el régimen de Maduro es una declaración de guerra. Soy un hombre de paz, pero creo que la dictadura de Venezuela rebasó todos los límites. Ir a la Corte Penal Internacional no es suficiente, pero creo que debemos hacer más y convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para ver qué paso podemos dar como Estado”.

“Esto representa una grave amenaza a nuestra soberanía y a la seguridad de nuestro país. Exigimos que la Fiscalía inicie de inmediato una investigación para esclarecer estos hechos y determinar si hubo violaciones a las leyes chilenas”, agregó.

Por último, José Miguel Durana (UDI), afirmó que “esto es gravísimo”. “En nuestras propias narices, frente a nuestras propias Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad hay organizaciones criminales extranjeras, que desde la embajada de Venezuela en Chile operaban para ir acosando o eliminando a los detractores del gobierno de Maduro”.