Aislamientos prolongados, confinamientos solitarios y sin recreación: radiografía a la ex Cárcel de Alta Seguridad

Con el objetivo de monitorear e identificar los factores de riesgo asociados a la “prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a la población penal privada de libertad” de la Sección de Máxima Seguridad del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), el pasado 28 y 29 de noviembre y 21 de diciembre de 2023 el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó la ex Cárcel de Alta Seguridad ubicada en Santiago, Región Metropolitana. Y los resultados de esa visita hoy están a la vista, con serias advertencias.

Luego de entrevistas con la población penal, personal técnico e incluso el alcaide, además de visitas presenciales, el CPT logró constatar de manera preliminar que en esa sección opera un régimen de reclusión con características de aislamiento prolongado y confinamiento en solitario para personas sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva o la condena de privación de libertad, y que en algunos casos están asociados a bandas de crimen organizado y delitos de alta connotación pública.

El ahora REPAS se llamó durante 29 años Cárcel de Alta Seguridad (CAS). En su momento contaba con plazas para más de 200 internos ubicados en celdas individuales, quienes se apegaban a un régimen de salidas al aire libre por dos horas al día y visitas una vez a la semana a través de locutorios y televigilancia de 24 horas. Su nombre y expansión cambiaron el 25 de marzo de 2023 bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, quien la rebautizó REPAS en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria y del Plan de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado.

Ahora, entre los hallazgos encontrados por el CPT destaca el régimen de reclusión en la Sección de Máxima Seguridad a la que está sometida la población penal tanto en su ingreso, segmentación y permanencia.

De un total de 27 personas entrevistadas, 20 de ellas señalaron estar imputadas en una causa penal (74%) y siete indicaron estar con una condena en curso (26%). Este hallazgo en particular, según los investigadores, genera una tensión con la norma vigente, que establece que el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva en un régimen de máxima seguridad debe ser excepcional.

A eso se suma que las personas que ingresan a este régimen especial están segmentadas en celdas individuales en un contexto de confinamiento en solitario. En las celdas del primer piso hay cámaras fijas de vigilancia para el monitoreo permanente del recluso. “Esto respondería a condiciones excepcionales de seguridad que, según la norma, deben imperar en este tipo de unidad penal”, se lee en el informe.

También se constató que al 28 de febrero de 2024 el tiempo promedio de permanencia registrada en el régimen especial es de 238 días, lo que equivale a poco más de 7 meses: “De las 59 personas que hasta esa fecha se encontraban en la Sección de Máxima Seguridad, 21 de ellas (36%) han permanecido un total de 340 días, lo que se traduce en un aproximado de 11 meses”, sostuvieron los expertos en el documento. Asimismo, se señaló que hay un total de 29 personas (49%) que han estado sometidas a este régimen durante un período superior a 300 días.

Para el experto y parte de la comisión a cargo del estudio, Luis Vial, el aislamiento, en sus distintas expresiones, “es uno de los aspectos más sensibles en la privación de la libertad en cárceles”, que incluso puede llegar a ser constitutivo en algunos casos “tortura cuando hay una persona incomunicada, aislada en una celda, por más de 15 días continuos y por más de 22 horas diarias”.

Vial comenta a La Tercera que el interés por ahondar en este tema en el REPAS se debió a que el aislamiento en cárceles es una situación invisibilizada donde las personas pueden llegar a tener consecuencias graves tanto físicas como mentales. Algo que como comité ya han evidenciado en otros centros penitenciarios de máxima seguridad en Arica, Rancagua, Biobío y Valdivia.

Según la normativa, el desencierro de la población penal se efectuará entre 8:00 y 9:00 y el encierro entre 17:00 y 18:00 horas. En cuanto a las horas de patio con luz natural se consagra que al menos debe ser de dos horas y quince minutos. Sin embargo, a partir de la información recabada se constató que en el REPAS el régimen es de 22 horas de encierro y 2 horas de patio al aire libre.

“En algunos casos los internos entrevistados incluso señalan que tienen menos de 2 horas de patio, que no superan la hora y 15 minutos”, se sostuvo en el documento. Mientras, las salidas al patio son en horarios diferidos fijados por semana para cada ala y piso.

Asimismo, se observó que el desencierro y el traslado al patio se realizan con las personas privadas de libertad esposadas. “Para los funcionarios penitenciarios del recinto la severidad de este régimen de encierro en máxima seguridad es entendida como una medida necesaria y beneficiosa para el funcionamiento del REPAS (...) También se justifica como una medida que evita las extorsiones, amenazas, riñas y la comisión de delitos al interior de la unidad”.

En cuanto a actividades recreativas, de las cinco personas que respondieron en positivo a esta pregunta, dos dijeron que la actividad disponible es jugar pimpón. Las otras tres no mencionaron una actividad en particular. En algunos de los relatos se informó sobre la negativa de la autoridad penitenciaria a la solicitud de facilitar implementos para la realización de otras actividades y se constató que existe una cancha de fútbol que no se utiliza.

“Pedí una máquina para cortar el pelo y me la negaron, me afecta mucho no hacer nada”. “Estoy desesperado por no hacer nada en todo el día”. “No hay ninguna actividad además de ir al patio”, fueron parte de los testimonios recopilados.

El monitoreo realizado por el CPT advirtió que estas condiciones no responden al estándar que se dicta sobre la materia, relativo a que las personas privadas de libertad deben tener al menos una hora diaria de ejercicio.

En consecuencia, los expertos sostuvieron que la falta de actividades puede incidir en los niveles de violencia de los reclusos. Ante esto, el CPT consideró que los riesgos de mantener a privados de libertad en un régimen de máxima seguridad, con escasas actividades y una deficiente oferta programática, puede generar hechos de violencia dirigidos no solo entre ellos, sino también contra personal penitenciario.

“Cuando fuimos a investigar la población había hecho una huelga de sangre, que es lo que hace la gente en momentos determinados de desesperación, o incluso empiezan a pegar sus excrementos contra los muros. Empiezan a pelearse entre ellos, comienzan ideas suicidas. Porque finalmente ellos se encuentran en un contexto donde sienten que no tienen nada que perder”, expresa Vial.

La resolución Ext. N° 2081 dictamina que las visitas de las personas recluidas en máxima seguridad se llevarán a cabo en los espacios destinados según la infraestructura del lugar, una vez a la semana, por un lapso de tres horas cada vez. En la práctica, las visitas en la Sección de Máxima Seguridad son a través de locutorios con vidrio blindado y mampara, con comunicación vía teléfono intercomunicador y sin ningún tipo de contacto físico.

Esto, según el CPT, no satisface el estándar mínimo de dignidad y humanidad al no garantizan una comunicación significativa entre la población penal y sus familiares.

“Esta realidad no salvaguarda el derecho de los internos y de sus familiares a mantener una comunicación en condiciones adecuadas que sean propicias para la reinserción social”. Por el contrario, el CPT da cuenta que este escenario impacta en la salud mental de los reclusos, lo que repercute también en la experiencia psicológica sobre la cárcel y de su propio entorno familiar.

La situación empeora para la población extranjera, pues para sostener visitas estas deben estar empadronadas. Es decir, contar con sus papeles regularizados.

“Todas las personas extranjeras entrevistadas no han accedido a visitas. Ante ello, cabe recordar que las personas extranjeras imputadas representan el 80% del total de la población penal recluida en Máxima Seguridad. El motivo detrás de esta restricción respondería a la situación de familiares de nacionalidad extranjera que se encuentran en una situación migratoria irregular”.