Alcaldes pasan a la ofensiva por seguridad: citan a reuniones de urgencia y pactan encuentro con Prevención del Delito
En medio de la reciente escalada de violencia en la RM, este miércoles la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch) sostuvo una reunión de emergencia para evaluar acciones en conjunto, mientras que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunirá con el subsecretario Eduardo Vergara para solicitar más injerencia en la toma de decisiones.
En medio de la escalada de violencia en la Región Metropolitana (RM) con que se inició la semana, con un saldo de 15 homicidios en solo cinco días, la tarde de este miércoles, a eso de las 13:00 horas, el directorio de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunió de emergencia para abordar la situación y buscar una manera conjunta de enfrentar la crisis de seguridad que envuelve a la región. “Nos declaramos en una situación de alerta”, señala Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, a La Tercera.
A la cita asistieron el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN); la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI); la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI); el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo (ind.); la alcaldesa de Parral, Paula Retamal (UDI), y el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI). A ellos se sumó el director del Observatorio de Seguridad y exsubdirector de Carabineros, Esteban Díaz.
La instancia, según explican desde Amuch, se produjo ante la “inactividad” y “falta de medidas” por parte del gobierno durante los primeros cuatro días del fin de semana largo -los más críticos- por los homicidios registrados. “No hubo ninguna respuesta ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. No fue hasta el miércoles que la ministra del Interior convocó una reunión”, detalla Alessandri.
Por esa razón los ediles aprovecharon la instancia para acordar el solicitar medidas urgentes, como redadas nocturnas con apoyo de tecnología militar. También señalan que ellos mismos habían solicitado fuerza de tarea al gobierno, hace siete meses, aunque, agregan, no tuvieron respuesta, pese a haberse reunido con el subsecretario Manuel Monsalve dos veces; con el presidente del Senado, senador José García Ruminot; con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
Pero no es la única instancia que promueven los alcaldes chilenos. Por otra parte, la máxima autoridad de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (ind.), cuenta que se reunirán este viernes con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para buscar salidas a la crisis de seguridad.
“Como asociación estamos trabajando con la Subsecretaría de la Prevención del Delito justamente para poder apoyar el trabajo municipal en lo que nos corresponde, que es cómo mejorar y actualizar nuestros planes comunales de seguridad (...) creo que en ese sentido, el gobierno debiera considerar que el anuncio que ha hecho no es suficiente respecto al tema de la presencia municipal en esta tarea y que la sola coordinación con el delegado no es suficiente. Creo que se podrían aprovechar aun más los insumos, el conocimiento y la experiencia que tenemos en el territorio”.
Ese es, justamente, uno de los principales requerimientos de los alcaldes: ser más escuchados y tener más injerencia en el abordaje del problema.
A su vez, la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, compuesta por Providencia, Independencia, Santiago y Estación Central, acorde reseñan en su entorno, estaban buscando espacio en sus agendas para reunirse y tratar la materia, a la vez que pretendían generar un encuentro con parlamentarios.
El paso al frente de los alcaldes es notorio. El edil de La Florida, Rodolfo Carter (ind.), señala en tal sentido que “las últimas medidas del gobierno del Presidente Boric claramente son tardías. Nosotros venimos diciendo hace más de un año que había que tomar medidas radicales, no solo el estado de excepción, sino una creación de un cuerpo de élite, que es lo que finalmente hoy día se está anunciando en una mezcla entre Carabinero y la PDI”.
También agrega que “todavía falta incorporar inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es elemental para poder intervenir estos grupos tan sofisticados que hoy día matan chilenos. Tardías las medidas, pero empiezan a caminar en la línea correcta. Lo que corresponde ahora es la ingeniería de detalle o la letra chica”.
La máxima autoridad floridana hace referencia al anuncio que hizo el Mandatario luego de encabezar el gabinete pro seguridad en La Moneda: la construcción de una cárcel de “alta y máxima seguridad” en la Región Metropolitana (RM).
“He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia”, indicó el Presidente. “Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de $90 mil millones y aumentará en 500 las plazas, los cupos, de este tipo de cárceles”, señaló.
“Si bien valoro el anuncio del Presidente y va en la línea de hacerse cargo de la emergencia, creo que todavía es deficiente respecto de la participación de los municipios en una fuerza de tarea que tiene que ver con las policías. Los municipios pueden tener mayor protagonismo en un tema como este”, dice sobre el anuncio el alcalde Carter.
Pero no todos sus pares quedaron tranquilos. “Debemos preguntarnos qué logramos construyendo más si no tenemos sistemas de control efectivos de las comunicaciones dentro de ellas. Básicamente, les estamos proporcionando más espacios para que continúen sus actividades delictivas. La prioridad debería ser mejorar los sistemas de bloqueo de señales telefónicas, y si es necesario bloquearlas completamente, debemos hacerlo”, señala el presidente de la Amuch.
Y mientras eso se discute, los alcaldes han ido exponiendo que cada uno ha iniciado acciones en sus zonas de manera particular debido a la situación crítica de la región.
Una de ellas es La Pintana, dirigida por Claudia Pizarro (DC), que cuenta con un programa piloto de Comunidad Protegida, a cargo de la Dirección de Seguridad Humana del municipio, que busca estandarizar el trabajo junto a vecinos en base a la corresponsabilidad.
“Una comunidad corresponsable facilita el trabajo policial y de los agentes comunitarios municipales y es capaz de mejorar sustancialmente la convivencia”, comentan desde el municipio. Esto, dicen, ha permitido la creación de comités de seguridad, instalación de alarmas comunitarias, televigilancia en el sector, así como mejoramiento de iluminación en espacios públicos y patrullaje de drones.
Así también lo han desarrollado en Colina. La alcaldesa, Isabel Valenzuela (UDI), reseña que producto de la crisis de seguridad han fomentado la constitución de Comités de Seguridad Vecinal y su participación en proyectos que permitan dotarlos de alarmas comunitarias y cámaras de seguridad. “Estoy convencida de que el trabajo conjunto con las comunidades es esencial para atacar la inseguridad, porque solamente de esa manera, trabajando juntos, podemos terminar con la delincuencia. Para ir en ayuda de las agrupaciones que tengan buenas ideas y proyectos en este ámbito creamos el Fondo de Seguridad Vecinal, Fondese, que entrega recursos para que los comités de seguridad implementen proyectos que lleven seguridad a sus barrios”.
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