Alcaldesa San Martín demanda a empresa contratista que mantiene a Las Condes en Dicom

Un informe de Contraloría que detectó un perjuicio patrimonial por más de $795 millones en un contrato de mantención de pavimentos terminó desencadenando una ofensiva judicial de la alcaldesa Catalina San Martín contra la empresa SuizCorp Spa. La acción, que apunta a deslindar responsabilidades en la empresa, provocó un efecto colateral: Las Condes, una de las comunas más ricas del país, terminó con millonarias deudas morosas en Dicom.
Una de las primeras acciones judiciales de la administración de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind.) fue dirigida contra la empresa SUIZCORP Spa, contratada durante las gestiones de sus antecesores, la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) y Joaquín Lavín (UDI).
El conflicto se originó a partir del Informe N° 464 emitido por la Contraloría General de la República, a pocos días de que San Martín asumiera el cargo. El documento advertía sobre el perjuicio patrimonial e incumplimiento del contrato “Obras de mantención de pavimentos y obras relacionadas en espacios públicos de la comuna de Las Condes” a la empresa contratista.

Según el órgano fiscalizador, las irregularidades detectadas habrían generado un perjuicio patrimonial para el municipio por un total de $795.604.651. Ante esto, el municipio decidió retener el pago de aquellas facturas y estampar una demanda civil en contra de la empresa.
La medida tuvo un alto costo: pese a ser una de las comunas con mayor patrimonio del país, la decisión de no pagar derivó en que el municipio de Las Condes fuera incluido en el sistema financiero Dicom, acumulando deudas morosas por un total de $430.926.000, gran parte de ellas asociadas a la empresa contratista.
Desde el municipio defienden la decisión de retener los pagos y sostienen que fue una medida intencionada para proteger el patrimonio de los vecinos, en medio de un proceso judicial que, asumen, sería la primera arremetida judicial de la alcaldesa de carácter civil, junto a la querella presentada meses atrás contra exfuncionarios de la Municipalidad de Las Condes en el marco del caso Cesfam.
El ruido de Dicom
El mayor ruido se produjo en el Concejo Municipal de Las Condes este martes, cuando el concejal Luis Haddad (RN) expuso su preocupación por un correo electrónico que llegó a las bandejas de entrada de todos los concejales de la comuna.
“Esto es en relación a un correo electrónico que nos llegó hoy (martes) de la empresa SuizCorp Spa. Hemos tenido problemas con esta empresa e incluso Contraloría se hizo presente el año pasado. Pero quiero enfocarme en el último párrafo, donde se solicita oficiar a la dirección jurídica y de finanzas para que entreguen una explicación sobre las facturas emitidas, aceptadas a la fecha y publicadas en el sistema financiero Dicom, considerando que estamos frente a la municipalidad con más recursos del país”, señaló Haddad.
Tras leer el mensaje, el edil concluyó: “Me preocupa el tema de Dicom. La empresa dice una cosa, la municipalidad responde otra, y lo que necesitamos los concejales es claridad”.
El correo, enviado por SuizCorp Spa, no solo detallaba la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato “Obras de mantención de pavimentos y obras relacionadas en espacios públicos de Las Condes”, sino que también acusaba directamente a la actual administración de retener pagos y cobrar ilegalmente garantías asociadas al contrato, con el objetivo —según la empresa— de trasladar la responsabilidad de las observaciones de Contraloría a la empresa contratista.
La firma contratista aseguró que las facturas fueron emitidas, aceptadas de forma irrevocable por el municipio y que la obra fue entregada dentro de los plazos establecidos, por lo que calificó de “arbitraria” la decisión de retener los pagos.
En el mensaje, SuizCorp advirtió que la maniobra del municipio buscaría eludir la responsabilidad administrativa de sus propios funcionarios, trasladando la carga a la empresa. Sin embargo, conocedores de estas tratativas afirman que la decisión de la empresa de enviar correos electrónicos a los concejales tenía un carácter más político que buscar zanjar la disputa en tribunales.
Frente a las dudas levantadas entre los mismos ediles, la alcaldesa pasó la palabra a la directora jurídica del municipio, Alicia de la Cruz, quien señaló al cuerpo colegiado que era correcto lo informado por el concejal en su alocución y agregó que “en protección del patrimonio municipal efectivamente se hicieron esas retenciones y hoy eso está judicializado, nosotros demandamos a la empresa, entonces eso se discutirá en tribunales”.
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