Alegó ser un consumidor pasivo: corte confirma baja de aspirante del Ejército que responsabilizó a su madre por dar positivo a examen de marihuana

Poco más de cuatro meses estudiaron desde sus casas los alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército el 2020 a causa de la pandemia. A su regreso hasta la escuela matriz, ubicada en Rinconada de Maipú, la institución uniformada sometió a un examen de drogas a sus aspirantes. Uno de ellos dio positivo para marihuana, lo que le costó su baja. Pese a que apeló a que su madre era la consumidora y, por ende, él fue un “consumidor pasivo” durante la cuarentena, el Ejército lo desvinculó. El exalumno ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual rechazó la acción y confirmó que no existió ilegalidad en su desvinculación.

El caso, que finalmente se resolvió en el tribunal de alzada, inició el 2 de septiembre de 2020. Ese día, y de manera aleatoria, la Escuela de Suboficiales sometió a un examen de orina a sus aspirantes, para detectar si habían consumido drogas mientras estaban cursando sus estudios de manera remota a causa del Covid-19.

Entre los estudiantes sometidos al examen en el Hospital Militar estaba el cabo dragoneante D.I.J.F., quien días después recibió el resultado positivo de su examen, lo que generó que fuera dado de baja tras iniciar el proceso sancionatorio en su contra.

Aquello motivó que el abogado del exfuncionario, quien cursaba el segundo año en la Escuela de Caballería Blindada en Iquique, ingresara un recurso de protección en contra del general de División Rodrigo Pino, quien era comandante de Educación y Doctrina del Ejército de Chile. El estudiante sostenía que su desvinculación había sido arbitraria e ilegal, ya que, según sostuvo, él no era consumidor de marihuana, sino que su madre lo era y, por ende, él había sido un consumidor pasivo durante el encierro.

Al haber dado positivo en el examen institucional, el aspirante recurrió a la Clínica Alemana para que realizara el mismo examen. En el recinto privado, el 11 de octubre de ese año su resultado fue negativo, lo que generó que este presentara su reclamación ante el sumario que se había abierto en su contra y el cual determinaba su baja inmediata al no cumplir con las normas que impiden que los funcionarios de la institución sean consumidores de algún tipo de estupefaciente.

En un texto ingresado por el aspirante en noviembre, aseguró que su madre está autorizada para el consumo de marihuana al estar diagnosticada de fibromialgia y artrosis, lo que genera grandes dolores en su cuerpo. Según alegó, su progenitora es consumidora hace cinco años de cannabis, debido a que eso le permite calmar sus dolores.

Según explicó el aspirante, debido a que tuvo que regresar a su casa durante la pandemia, en la cual estuvo por cuatro meses y 27 días, “involuntariamente se transformó en un consumidor pasivo, ya que absorbía el humo de esta droga que fue recetada para los dolores de su madre”, según consta en el informe enviado al Ejército, al cual tuvo acceso La Tercera.

A raíz de que el estudiante tuvo un resultado positivo, se realizó una contramuestra en el Laboratorio de Análisis Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, la que también concluyó que el estudiante incurrió en el consumo de drogas.

En medio del proceso sancionatorio, y ante los argumentos esgrimidos por el aspirante, la institución uniformada solicitó un informe al laboratorio de la universidad. En el texto, entregado en febrero de 2021, el informe técnico explica que “un consumidor pasivo siempre estará por debajo al corte de concentración, cuestión que en atención a los resultados (...) indican que para la muestra del Laboratorio de Drogas del Hospital Militar, hubo un consumo activo de marihuana en los días anteriores a la colección de muestra”.

Por lo anterior, y luego de todo el proceso administrativo, el Ejército finalmente confirmó la baja el 24 de marzo de 2022. Cerca de un mes después, D.I.J.F. recurrió con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual finalmente falló que “no se advierte un acto ilegal y arbitrario, toda vez el acto fue dictado en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la autoridad competente”.

Junto con eso, agregó que la corte “no constituye una segunda instancia del procedimiento disciplinario desarrollado y, al ser ajustado a derecho el procedimiento adoptado por la autoridad, el acto y su decisión, no cabe estimar la vulneración de alguna de las garantías constitucionales que el protegido estima”.