Alertas que no fueron escuchadas: los personajes en tela de juicio por los disturbios en Brasilia

La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) produjo varias alertas sobre el riesgo inminente de ataques a edificios públicos por parte de radicales bolsonaristas que vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia el domingo, según informó este lunes el diario Folha de Sao Paulo.

Los textos se distribuyen a todos los miembros del Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin), una red que une 48 organismos en 16 ministerios diferentes. El periódico paulista obtuvo uno de ellos, fechado el sábado, el día anterior a los incidentes.

“Según la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), hubo un aumento en el número de fletes de buses para Brasilia para este fin de semana. Hay un total de 105 buses, con cerca de 3.900 pasajeros”, señalaba el despacho. “Se mantienen las convocatorias a acciones violentas y tentativas de ocupación de edificios públicos, principalmente en la Explanada de los Ministerios”, completó el texto, profetizando lo que sucedería al día siguiente.

Folha intentó hablar con el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), al que el Abin está subordinado, sin éxito. Y es a esa cartera donde apuntan algunos de los dardos. Integrantes del gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva citados por el diario paulista ven inacción del parte del GSI en la invasión del Palacio de Planalto.

El GSI, encabezado por el general de reserva Marco Edson Gonçalves Dias, es responsable de proteger el área interior de Planalto, desde donde despacha el Presidente de la República y los ministros.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, hizo pública la desconfianza y dijo que el GSI no actuó en la seguridad del palacio presidencial. “Quiero creer que el general Gonçalves Dias, que es el jefe del GSI, así como el ministro (de Defensa, José) Múcio están evaluando esta circunstancia. De hecho, su premisa es correcta: hay un contingente dedicado a la protección de lo que es sede de la Presidencia de la República. Los hechos muestran que este contingente no actuó. Y por qué no actuó es en realidad objeto de una investigación que no se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Justicia; hay una investigación específica por parte del GSI y el Ministerio de Defensa. Quiero creer que esta investigación se llevará a cabo”, dijo Dino.

El malestar con Gonçalves Dias se hizo evidente con la marginación del GSI de las inspecciones y allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad al interior del Planalto, tras los actos de vandalismo, indicó Folha.

Asimismo, al interior del Abin también existía malestar. La Unión de Profesionales de Inteligencia del Estado de Abin (Intelis) emitió una nota quejándose de que las alertas no fueron atendidas. ”El tema del extremismo violento observado en el país ha sido y sigue siendo monitoreado permanentemente, dentro de nuestras competencias institucionales, y las informaciones estaban y continúan siendo transmitidas de manera oportuna a los órganos competentes”, precisaron.

A su vez, tal como deslizó Dino, el ministro de Defensa no escapa a los cuestionamientos. Según asistentes de Lula, José Múcio se mostró “complaciente” con los campamentos de los simpatizantes de Bolsonaro, de donde salieron los manifestantes para invadir el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. En palabras de un miembro del gobierno de Lula, Múcio “está en el banquillo”. En general, los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) se quejaron de la lenta respuesta del gobierno. El ministro ya había sido criticado por defender una solución gradual sin el uso de la fuerza para la desmovilización de los campamentos bolsonaristas frente a los cuarteles del Ejército, señala Folha.

Pero han sido los funcionarios del Distrito Federal de Brasilia quienes han sentido de forma más directa las sanciones por lo sucedido el domingo en la capital. De hecho, el mismo domingo el ministro de Comunicación Social del gobierno brasileño, Paulo Pimenta, responsabilizó a las “autoridades” del Distrito Federal del asalto del Congreso.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al secretario de Seguridad Pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando, Florida, de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

Exministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, Torres estaba a cargo de la seguridad del DF desde el lunes pasado, aunque se había ido de vacaciones a Estados Unidos. El gobierno de Lula pidió al Tribunal Federal Supremo que ordene su captura.

Pero Torres se ha defendido de las acusaciones y del hecho de estar de vacaciones justo este domingo. En declaraciones a Folha dijo que “no hubo indulgencia”. Asegura que era “la primera vez” que se tomaba unas vacaciones en mucho tiempo. “En el extranjero, en el segundo día de las vacaciones con las que mi familia soñaba desde hacía meses, me sorprendieron las lamentables escenas”, señaló. “No vine a Estados Unidos a ver a Bolsonaro. Nunca lo conocí. Estoy de vacaciones con mi familia. No había ningún complot para que esto sucediera”, afirmó en su defensa el expolicía, para quien “la planificación estaba hecha”.

Pese a que el gobernador Ibaneis Rocha -aliado político de Bolsonaro- destituyó a Torres y pidió disculpas por la situación “inaceptable” por la que simpatizantes del exmandatario tomaron las sedes de los tres principales poderes del Estado, la justicia también tomó medidas en su contra.

El juez del STF, Alexandre de Moraes, apartó de su cargo al gobernador de Brasilia por 90 días, acusándolo de ser conocedor del asalto a las instituciones por parte de los simpatizantes de Bolsonaro. El magistrado tomó la decisión tras la petición del senador Randolfe Rodrigues y de la Fiscalía General de la República, considerando que los manifestantes contaron con la aprobación del gobierno de Brasilia para llevar a cabo los actos, según informó el portal G1 de Globo.

“(Estas) circunstancias sólo podían darse con el consentimiento, e incluso la participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública e inteligencia, ya que la organización de las supuestas manifestaciones era un hecho notorio, que fue difundido por los medios brasileños”, argumentó Moraes.

Ante el caos generado, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del gobierno central durante ese período.

Según la revista Carta Capital, el desempeño de Ibaneis Rocha ya había dejado desconfiado al equipo de transición de Lula, cuando simpatizantes de Bolsonaro se enfrentaron el 12 de diciembre pasado con la policía, incendiaron varios vehículos y supuestamente trataron de invadir el cuartel de la policía federal en Brasilia.