Álvaro Ramis, vocero de Dar la palabra a la gente: “La figura de la convención mixta es un fetiche que desmerece el gran objetivo de construir un acuerdo legítimo”

Da la palabra a la gente es una plataforma integrada por distintos personeros, que busca darle legitimidad al proceso constituyente. Uno de sus voceros, Álvaro Ramis, aborda en esta entrevista las negociaciones que están llevando adelante los partidos políticos. El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano plantea sus reparos ante la posibilidad de que el nuevo órgano redactor para elaborar la Constitución tenga una composición mixta. “Ese resultado va a ser bastante difícil de defender. Los liderazgos sociales, culturales y académicos que tienen que salir a explicarle a la sociedad ese producto, se van a ver seriamente confrontados por una sociedad que va a decir bueno, hemos retrocedido a la época de los senadores designados”, advierte.

¿Cómo surgió esta plataforma en la que está participando?

Tiene un origen diverso. Por un lado, el mundo de una coordinadora sindical feminista que se llama Sindicalismo con Nosotras. Hay otro sector que es la Coordinadora Social Shishigan, donde está Matías Toledo, quien es un dirigente social y cultural del sector de Puente Alto. Venimos más bien del mundo académico y de la difusión. Hemos seguido el proceso constitucional desde hace muchos años y particularmente durante la Convención en términos de estar atentos y participar de la discusión.

¿En qué ve el riesgo de que no se logre esa legitimación?

Principalmente por la figura de la convención mixta, que es un fetiche. Yo creo que no aporta nada realmente a la legitimación social y, al contrario, desmerece el gran objetivo que es poder construir un acuerdo legítimo. Recordemos que esto ya fue rechazado en plebiscito. Entonces revivir esa figura a la sociedad es como bueno decir mire su voto, no valió, le desconocemos su opción. En segundo lugar, el Parlamento es una institución tan deslegitimada como muchas otras, pero tal vez con mayor intensidad. Entonces traspasas al órgano constitucional su propia deslegitimación. En tercer lugar, genera nuevamente la idea de que esto es un acuerdo de cúpulas. Entendemos que en esta fase se necesita un acuerdo.

Usted comenta lo del órgano mixto del plebiscito de entrada, pero el órgano mixto de ahora no es con parlamentarios, sino que con expertos designados por el Congreso.

Exacto, es peor por decirlo así. Es una mayor elitización de la discusión porque uno podría estar de acuerdo en una comisión de expertos consensuada para asesorar, pero no para decidir. Es decir, sin derecho a voto. Entonces que exista un cuerpo de expertos, si se quiere, nominado para poder asesorar y llevar adelante todo el apoyo técnico jurídico que eso requiere. La Biblioteca del Congreso, de hecho, podría ejercer ese rol, tiene bastante efecto en muchas materias. El punto fundamental acá se trata de quién vota y eso es lo que creo que agrava los problemas ya existentes.

En algunos sectores del oficialismo dicen que luego del 4 de septiembre la alianza sufrió una derrota también “de la forma”, es decir, del órgano 100% electo y que lo importante es no perder el fondo, o sea el tener una nueva Constitución. ¿Comparte ese análisis?

Yo creo que el Rechazo tuvo que ver con la forma en la cual se dio la parlamentarización, por decirlo así, del proceso de la Convención y no por su naturaleza de 100% electa. Asimilar la Convención a un modelo parlamentario con alta exposición, con las formas propias del Congreso fue homologando la discusión a un proceso que fue sobreexpuesto, donde muchas discusiones fueron muy de formas y de egos. La discusión sobre las presidencias, por ejemplo, me pareció absurda. Hubo una serie de prácticas que se introdujeron en la discusión de la Convención, que más bien la deslegitimaron en el transcurso de su desarrollo, pero no en el origen de electo.

¿Cuáles son los elementos más relevantes que se deberían cautelar en miras a este acuerdo que está a punto de llegar a su fin?

Yo llamaría la atención de algo que dijo Roberto Gargarella, un constitucionalista argentino, que lo denominó como el problema de la extorsión electoral. Es decir, que se trate de ver que muchas de las personas no tenemos una posición en blanco y negro, no estamos en posiciones binarias, sino que estamos de acuerdo en algunos cambios y en otros momentos en otras posiciones dispuestos o más bien tendientes a conservar ciertas estructuras del orden actual constitucional y, por lo tanto, tratar de abrir la mayor cantidad de ventanas posibles para que el resultado no sea binario. Podríamos pensar una salida donde algunos elementos de la propuesta constitucional puedan ser votados y dirimidos en el plebiscito de salida, por ejemplo. O que el transcurso de la discusión se pueda ir tratando de zanjar con modalidades abiertas para que lo defina después el próximo Congreso, de manera que sea una Constitución que fluya, por decirlo así, democráticamente y no zanje todas las cosas de una manera binaria.

¿Cómo ha visto la forma en que se han llevado las negociaciones estos tres meses?

Yo destacaría la buena voluntad, por un lado, de (Javier) Macaya, de la UDI; creo que ha sido un líder que ha antepuesto el interés general de debate en contraste con Renovación Nacional, que ha sido mucho más duro en la negociación, lo que me parece bastante inesperado. Por otra parte, la presión de sectores como el Partido Republicano para boicotear el acuerdo me preocupa, debido a que es necesario el logro del acuerdo. Por parte del oficialismo, creo que llamaría la atención respecto a que no cualquier acuerdo va a ser beneficioso para el interés general y, por lo tanto, la premura en llegar a un acuerdo intempestivo muchas veces puede ser más bien un camino a una nueva derrota.

¿Cuál es su opinión respecto de la posibilidad de llegar a un órgano mixto con mayor proporción de escaños electos?

Yo anticipo que ese resultado va a ser bastante difícil de defender. Los liderazgos sociales, culturales y académicos que tienen que salir a explicarle a la sociedad ese producto, se van a ver seriamente confrontados por una sociedad que va a decir bueno, hemos retrocedido a la época de los senadores designados, hemos vuelto antes del 2005 a prácticas que ya creíamos superadas.

Pero eso era otro escenario, ahora a los expertos los designará el Congreso. ¿No cree que la opción responde a un criterio de realidad para llegar a acuerdo en vez de que fracase la mesa?

El principio de realidad puede justificar muchas cosas, pero también está el hecho de los efectos que provoca un mal acuerdo. Un mal acuerdo puede ser peor que una postergación de los acuerdos.

¿Qué llamado le haría a los negociadores que están cerrando el acuerdo?

Que piensen que es un acuerdo que tiene que tener legitimación social. La legitimidad social que adquiera el acuerdo será clave para poder sostenerlo y para que la nueva Constitución resultante también tenga arraigo social. Un acuerdo que no tenga en consideración estos factores va a contar con una reticencia y una mirada altamente desconfiada de parte de la ciudadanía.