Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano (PC) presentarán esta tarde un oficio a la Contraloría Regional de Valparaíso para que determine si la ordenanza aprobada por Zapallar -que obliga a menores de 16 años a andar con un adulto después de las 00:00 horas- se ajusta o no a derecho.

Luego de que la ordenanza fuera aprobada hoy por el concejo comunal, Serrano comentó que “medidas como esta ordenanza no hacen más que estigmatizar a las niñeces y juventudes, que es todo lo contrario al respeto de sus derechos. Además, sabemos que este tipo de normativas que operan desde la lógica de la estigmatización tampoco son exitosas para su supuesto objetivo de seguridad”.

Por su parte, Cuello sostuvo que “lo aprobado en Zapallar es una medida efectista y es abiertamente inconstitucional. Ninguna ordenanza ni acto administrativo puede restringir la libertad personal”.

Aunque el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind.), afirmó que la norma es “lo más constitucional que hay”, y declara el libre tránsito como principio general, los parlamentarios interpondrán un recurso en contra de esta resolución administrativa.

En la impugnación, los parlamentarios citarán la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 1989), que según Cuello establece el derecho a ser escuchados, pues “obviamente no le preguntaron a nadie. No hubo un mecanismo de escucha”, aseguró. Y un oficio de la propia Contraloría, de 2019, cuando rechazó una ordenanza de toque de queda juvenil en Quilpué.

Este último pronunciamiento surgió también a raíz de una denuncia de Cuello y del exdirigente estudiantil Ignacio Navarro. “La ordenanza de (Mauricio) Viñambres -dice el diputado- era similar. (Tenía) el mismo objetivo: enfrentar problema de seguridad mediante la restricción de la libertad personal”.

El exalcalde de Quilpué comentó a este diario que no alcanzó a aplicar la normativa “por la pandemia. Y ahí todo se paró. Y después me fui de alcalde”.

Sobre la ordenanza de Zapallar, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha señalado que “limitaría la movilidad de niños, niñas y adolescentes” junto con poner “un foco estigmatizador en una población específica, de manera indebida y vulneratoria de derechos”. Añadió que va contra las libertades que consagra la Constitución.

El alcalde Alessandri reaccionó al anuncio de los diputados y dijo que “tenemos un mandato de dar seguridad preventiva a la población y es lo que estamos haciendo, por lo tanto, si tenemos que defender esta ordenanza en los tribunales, lo haremos. Alguien tiene que dar la pelea para defender la seguridad de nuestro niños”.

Por su parte, el concejal Sebastián Chacana (UDI), quien votó a favor de la iniciativa, señaló que “lo importante y el objetivo principal de esta ordenanza es el resguardo de los menores para que estén en un ambiente seguro y alejado de los excesos, pero los más importante de todo es que la preocupación de los padres es el interés superior del hijo y evitar la vulneración de derecho de los menores”.

El edil, además, dijo que la norma se vuelve necesaria “por el creciente aumento de los niveles de inseguridad” y “preocupación por uso o explotación de menores”.

Alessandri sostuvo la semana pasada a La Tercera que “estamos trabajando (con otros alcaldes para la aplicación de la ordenanza), ojalá pueda hacerlo todo el litoral central. He hablado con varios, pero querían ver cómo quedaba esto, para ver si lo copiaban o no”.

Sin embargo, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme (RN), señaló que por ahora no están analizando dicha posibilidad, “principalmente porque no tenemos la capacidad de fiscalizar una medida como esa”.