Un nuevo intento de acuerdo buscarán este martes los senadores de la Comisión de Constitución del Senado con el fin de dar una respuesta a la presión que le puso el presidente electo Gabriel Boric al Congreso para avanzar en un “indulto” a quienes siguen privados de libertad por episodios relacionados con el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Sin embargo, ya en dos oportunidades anteriores, la Sala y los jefes de bancada del Senado han devuelto el proyecto a esa comisión sin pronunciarse sobre el fondo. Así ocurrió en septiembre y en noviembre pasado. En ambas ocasiones, se solicitó a la instancia que rehiciera su informe con el fin de encontrar una alternativa jurídica.

El problema de la moción -de autoría de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz(PPD) y Alejandro Navarro (Inp)- es que la idea de un “indulto” concita graves reparos técnicos, pues la medida solo beneficiaría a condenados y no a la mayoría de “los presos de la revuelta” que aún figuran en pleno proceso de investigación judicial.

Por ello, las alternativas jurídicas que le quedan al Congreso serían entrar a regular el mecanismo de las prisiones preventivas o legislar derechamente una amnistía. De hecho, el senador y jefe de bancada DC, Francisco Huenchumilla, presentó una indicación sustitutiva que reemplaza gran parte del texto por una amnistía.

Según la estadística que proporcionó Gendarmería a la mesa del Senado, hay 211 personas privadas de libertad por causas relacionadas con el estallido social. Entre ellas, 67 están en calidad de condenadas y 144 en prisión preventiva.

Además, hay otro inconveniente. Para ser aprobado el proyecto requiere del apoyo de al menos 22 senadores. No obstante, hay dos disposiciones -que buscan regular el funcionamiento y las atribuciones de los tribunales- que necesitarían de 25 votos. La estimación que existe en el Senado es que ni siquiera se llegaría al piso mínimo de 22.

De hecho, una de las voces más críticas a la iniciativa ha sido la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), a pesar de que ella comparte la preocupación de buscar una solución a quienes están privados de libertad por causas relacionadas con el estallido social.

“No se puede indultar a quien no está sancionado y el problema son las prisiones preventivas”, dijo la semana pasada Rincón, quien cree que existe un “abuso de la herramienta judicial” que permite a la fiscalía mantener transitoriamente a una persona en la cárcel mientras se investiga su responsabilidad penal.

En esa línea, Rincón junto a un grupo de senadores impulsa una moción, también de autoría de Huenchumilla, para limitar las detenciones preventivas y evitar que un imputado esté más tiempo en prisión que la pena que tendría si es condenado.

En el gobierno están abiertos a está fórmula. Incluso, el martes pasado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, expresó su disposición a buscar una salida por esa vía, aunque precisó que debiera ser una norma de beneficio general, es decir, no solo favorecería a “presos de la revuelta”, también alcanzaría a personas que están siendo investigadas por diversos delitos.

“Es complejo hablar de indulto cuando a alguien se le está procesando, es más bien una amnistía encubierta. Por otro lado, se está confundiendo con otro problema real, no es solo con los presos de la revuelta, que son las prisiones preventivas. Tenemos muchas personas que están por un tiempo prolongado y, a mi juicio, indebido, cuando son investigados y después un 40% son declarados inocentes o son condenados a penas que no merecen privación de libertad”, dijo Larraín el martes pasado en el Senado

“El indulto beneficia solo a quienes han sido condenados. No beneficia a quienes están en proceso. Para beneficiar a esas personas tendrían que legislar una amnistía y lo otro es meterse en las prisiones preventivas. Pero si vas a legislar sobre las prisiones preventivas, tendrías que legislar para todas las personas que están en prisión preventiva. Si no, desde mi punto de vista, sería faltar a la igualdad ante la ley”, complementa la senadora UDI Luz Ebensperger, integrante de la Comisión de Constitución del Senado.

“Lo que se ha discutido es obviamente hacerle cambios al proyecto para buscar un apoyo más transversal en el Senado. Es probable que haya una indicación en la línea de la amnistía. También están las indicaciones para acotar el catálogo de delitos, el tiempo en que se aplique la amnistía, tanto para personas condenadas, procesadas o formalizadas, cumpliendo distintas medidas cautelares”, explica el senador Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los autores del proyecto.

Explica que otra de las apuestas es modificar las disposiciones relacionadas con los tribunales con el fin de bajar el quórum de 25 votos y dejarlo en 22 para todo el texto. De hecho, si la idea de una amnistía prospera, solo bastarían los 22 apoyos en el Senado y 78 en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“He simplificado el proyecto de manera que no requiera un quórum de ley orgánica constitucional (25 votos)”, explica Huenchumilla, quien agrega que está consensuando su indicación -que reemplaza el indulto por una amnistía- con otros senadores. La enmienda incluye dentro de los beneficiarios a imputados por agresiones a carabineros.

En mayo del año pasado, la misma Corte Suprema en su oficio dirigido al Senado a propósito de la tramitación de esta iniciativa, ya había observado que “el proyecto que se denomina indulto general, no coincide con lo que la doctrina ha considerado históricamente como tal, sino más bien como lo que corresponde a una ley de amnistía”.

En ese oficio, fechado el 18 de mayo de 2021, la Suprema explica que si bien el indulto y la amnistía buscan la extinción de la responsabilidad penal, la iniciativa presentada también pretende favorecer a imputados y no solo a condenados.

No obstante, el efecto de una amnistía, explica el máximo tribunal, es que se trataría a esas personas beneficiadas como si “nunca hubiesen delinquido”.