¿Amparo, protección o pedir el sobreseimiento? El debate en La Moneda para enfrentar arremetida de la fiscalía contra Piñera

Apenas el Ministerio Público anunció la semana pasada la decisión de abrir una investigación en contra del Presidente Sebastián Piñera por eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias, el propio Mandatario se puso en contacto con sus abogados para ver qué camino judicial seguir.

Esto, luego de que se publicara un reportaje de Ciper Chile y Labot en el cual se señala, entre otras cosas, que el 10 de diciembre de 2010 Carlos Alberto Délano -amigo del Jefe de Estado- compró la participación de todos los socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última de estas estaba condicionada a que la zona no se declarara como de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera.

Las diligencias del Ministerio Público, de hecho, se centrarán en esa tercera cláusula, debido a que desde el organismo aseveraron que no estaba en el expediente que fue tramitado hace cuatro años en la fiscalía, cuando se indagó el llamado caso Exalmar. En esa oportunidad, el fiscal Manuel Guerra sólo tuvo a la vista los términos de acuerdo del contrato fechado en octubre y no el original, que fue revelado en la filtración mundial de los Pandora Papers.

La defensa del Mandatario está siendo liderada por el abogado Juan Domingo Acosta, quien es cercano a Piñera y lo ha defendido en otras ocasiones, por ejemplo, en la acusación constitucional que se impulsó en 2019 en su contra en medio del estallido social. Además, están colaborando Samuel Donoso, quien defiende al Jefe de Estado en la causa penal que se sigue adelante en su contra por delitos de lesa humanidad, y también se le ha consultado su parecer al abogado Luis Hermosilla, estrecho colaborador y amigo del exministro del Interior Andrés Chadwick. En una segunda línea estaría también el penalista Gabriel Zaliasnik.

En Palacio han pedido la recomendación de esos penalistas para ver cuáles son las herramientas con las que cuenta el Mandatario para enfrentar a la fiscalía antes de que esta dé inicio a las diligencias que serán dirigidas por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Ella misma ya investiga en calidad de imputado a Piñera por las querellas en su contra por delitos de lesa humanidad.

En la estrategia judicial se barajan tres escenarios: recurrir de amparo o protección ante las cortes de Apelaciones y Suprema, o -de plano- pedir ante un tribunal de garantía el sobreseimiento definitivo del caso.

En los dos primeros casos se apuntaría a una “amenaza a la libertad personal” y un “abuso” por parte de la fiscalía e infracciones al debido proceso por parte del organismo que dirige el fiscal nacional, Jorge Abbott. En ese sentido, los penalistas en sus informes al Jefe de Estado destacan el Artículo 1 del Código de Procedimiento Penal que plantea que “la persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo”. En ese sentido, dicen fuentes conocedoras del análisis, el levantar una nueva investigación penal cuando documentos similares fueron analizados en el pasado, ya que la “tercera cláusula” estaba en el expediente que tramitó Guerra, infringiría ese principio del sistema penal chileno.

“Es como si en el caso Caval la fiscalía ahora se diera cuenta de que no investigó un par de hechos y quiera volver a abrir el caso, no corresponde”, dicen quienes han sido consultados por La Moneda.

Quienes se inclinan por pedir el sobreseimiento saben que esta vía requiere mayor trabajo, ya que ahí deberá ser la defensa la que deba demostrar ante el tribunal la inexistencia de un delito y que no le cabe participación alguna al Presidente. De rechazarse esta petición por un juez de garantía, también existiría una oportunidad para recurrir de amparo, ya no contra la decisión de la fiscalía, sino en contra de la propia resolución de primera instancia.

Con todo, cada vez son más las voces que se imponen respecto de los riesgos de estas arremetidas. “Cualquier tribunal va a amparar el derecho a investigar y sería un duro revés el que incluso dichos recursos se declararan inadmisibles”, dice una de las fuentes consultadas.

En un momento, según afirman en Palacio, trascendió la alternativa de acudir al Tribunal Constitucional (TC), pero eso fue descartado rápidamente.

En la discusión respecto de cuál es la alternativa mejor para Piñera no solo se han involucrado los abogados, sino que también asesores del Segundo Piso que encabeza Cristián Larroulet y los ministros del comité político, Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres).

De igual manera, el Presidente ha consultado a exministros sobre su situación, como Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y también a exasesores como Benjamín Salas, quien dejó La Moneda a principios de este año.

Desde el Ejecutivo reconocen que se han analizado los pros y contras de cada una de las alternativas. En ese contexto, por ejemplo, agregan que Bellolio ha detallado las implicancias políticas y comunicacionales de cada una de las opciones, mientras que Ossa ha transmitido aprensiones con la idea de presentar un amparo debido a los efectos políticos que podría tener la medida si es que la Corte Suprema lo termina rechazando, debido a que se podría instalar públicamente la idea de una derrota, lo que sería difícil revertir.

Hay quienes al interior del Ejecutivo plantean que la mejor opción es dejar que la investigación siga su curso y dar una señal de “tranquilidad” respecto de que no hay temor a que nuevamente se indague a Piñera y que, posteriormente, cuando sea el momento adecuado, pedir el sobreseimiento. Sin embargo, quienes se oponen a este camino sostienen que para llegar a eso deben pasar varias diligencias previas.

En La Moneda transmitían, hasta el cierre de esta edición, que aún no hay una vía zanjada, pero que esperan resolverlo esta semana. Las mismas fuentes agregan que habría una inclinación por presentar un recurso de amparo debido a que sería la herramienta “jurídica que más correspondería”.

Al interior de Palacio reconocen que han sido días complejos para Piñera tras la apertura de la investigación y que, por lo mismo, deben analizar bien las implicancias políticas de cada una de las decisiones que se tomen. Sobre todo, pues también tiene abierto el flanco político de la acusación constitucional que impulsa la oposición en contra del Mandatario. Por lo mismo, han intentando hacer “control de daños” en las distintas áreas