Andrés Mahnke no va más: Gobierno notificó al defensor nacional que no seguirá en su cargo

El objetivo de dar una señal institucional de renovación fue parte de los argumentos que el Gobierno tuvo a la vista para decidir que Andrés Mahnke no siga a la cabeza de la Defensoría Penal Pública. El abogado fue elegido por la ex Presidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2014, por tres años, y luego ratificado por Sebastián Piñera para un segundo periodo de tres años más. Por estos días se debía decidir si se le permitiría un nuevo ciclo, el último que por ley se contempla para este cargo (un máximo de 9 años), pero el lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le notificó que no va más.

La decisión del Ejecutivo se da en medio de la fuerte polémica levantada por las críticas de la alcaldesa de Providencia y precandidata presidencial Evelyn Matthei, quien en el matinal Bienvenidos dijo la semana pasada que los defensores penales públicos “se han convertido en los peores enemigos de la ciudadanía”. Esto, ya que a juicio de la jefa comunal los profesionales buscaban cualquier “treta” para dejar libres a imputados. “El otro problema que tenemos son los defensores penales, que en el fondo han buscado una serie de triquiñuelas (…) y a ellos lo único que les interesa es dejar a los delincuentes sueltos. Hay que ver cómo le pagan a ellos, probablemente le pagan por delincuente suelto”, sostuvo en esa oportunidad.

Al interior del Gobierno aseguran que el ministro Larraín tiene una buena opinión del trabajo de Mahnke en la Defensoría Penal Pública, pero que se decidió un cambio de perfil y una prudente renovación de liderazgo, ya que el abogado egresado de la Universidad de Valparaíso lleva seis años. La decisión fue notificada el lunes 16 tras la sesión de la Comisión Coordinadora de Justicia Penal. En la oportunidad fue invitado a exponer el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, quien presentó ante el ministro de Justicia y autoridades de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, Sename, y el propio Mahnke, los resultados de la encuesta “Imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública”.

Presentes en la cita sostienen que una de las principales conclusiones del estudio fue que la mayoría de los consultados, más del 80%, evalúa con una nota entre el 1 y el 4 al sistema de justicia en Chile. Los resultados inquietaron a Larraín, quien socializó la necesidad de que todas las instituciones hagan un análisis de los nudos críticos del sistema, para así corregirlos y buscar la forma de que la confianza de los ciudadanos en el sistema crezca.

Fuentes del Ejecutivo señalan que la decisión se notificó antes de esa cita y que en nada tuvo que ver la encuesta Cadem. “No hay ningún reproche a Mahnke, pero no es recomendable que cargos de ese tipo se mantengan nueve años”, explican.

La decisión de Justicia respecto a la no continuidad de Mahnke aún no se ha oficializado a los funcionarios de la Defensoría. Termina su periodo el 24 de diciembre y ahí se deberá llamar a concurso mediante el sistema de Alta Dirección Pública para escoger a su sucesor de una de las entidades más importantes del sistema penal que provee de defensa técnica a quienes no pueden pagar un abogado.

Si bien al interior de la institución hay una buena evaluación de la gestión de Mahnke, no son pocos quienes en privado han criticado su más reciente decisión. Por la pandemia se extendió durante varios meses el concurso para ocupar el cargo de defensor regional metropolitano norte. A la terna llegaron tres candidatos: el abogado Octavio Suffán, actual jefe jurídico de esa repartición, el jefe de estudios de la zona sur Mario Palma, y Daniela Baez, jefa de gabinete de Mahnke durante cinco años. A menos de 24 horas de que se le notificara que no seguiría en el cargo por un tercer periodo, el defensor nacional cerró el concurso nombrando a su mujer de confianza en el cargo. La única de los tres sin experiencia en litigación y que ahora tendrá que dirigir los equipos jurídicos de defensa en casos como el fraude en Carabineros, muertes en el Sename, SQM y causas del estallido social, entre otros. “Daniela es muy capaz, pero nunca ha pisado un tribunal”, así la define una importante abogada de la Defensoría.

Con su decisión, Mahnke determinó que su ahora ex jefa de gabinete pueda estar por cinco años más en la Defensoría. Consultado por los motivos por los que se eligió a Baez por sobre sus contendores, desde la entidad se sostuvo que ella fue la que obtuvo más puntajes en el concurso y que el criterio fue técnico.

Con la salida de Mahnke son muchos los nombres que circulan en el ambiente penal y que podrían emprender la batalla por este cargo. Un candidato seguro, dicen en la institución, sería el ex defensor, exdirector de Gendarmería y exdirector de la ANI Luis Masferrer. También estaría interesado Román Zelaya, actual subsecretario de Pesca, y Octavio Suffán, quien quedó en la carrera por la jefatura de la defensoría norte. Éste último ha llevado casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y encabeza en la actualidad la defensa de Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM.

Otros que estarían interesados en ocupar la vacante que dejará Mahnke son los actuales defensores regionales de la V y VIII, Claudio Pérez y Osvaldo Pizarro, respectivamente, o la ex defensora regional metropolitana sur Viviana Castell. También suena como probable aspirante al cargo el ex jefe de la defensoría de Santiago Carlos Mora Jano, quien hace poco emprendió en el mundo privado sumándose al estudio de Rivadeneira, Colombara y Zegers. Otros dicen que también sería una buena candidata externa la abogada Johanna Heskia, penalista y socia de Alejandro Espinoza, quien tuvo un breve rol como defensor de Víctor Pérez en la acusación constitucional.

Con todo, quien suceda al actual defensor nacional deberá, dicen en el Gobierno, cumplir con un perfil técnico que además genere consensos políticos, ya que su continuidad por un segundo periodo dependerá de un próximo gobierno. Entre los desafíos estará algo que Mahnke dejó avanzado: impulsar la ley sobre autonomía, un histórico anhelo de la institución y que es dejar de depender de Justicia.

Otros sostienen que tiene que ser una abogada o abogado que intente mantener una impronta de neutralidad de la institución frente al estallido social, una de las críticas que se oyen en el Ejecutivo respecto al rol que han ejercido algunos de sus miembros frente a esta crisis. La idea, dicen, es que la entidad defienda con el mismo ahínco a aquellos imputados sindicados como “primera línea”, como también a carabineros y militares que se vean afectados por un proceso penal impulsado por el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público, y así honrar su propio lema: “Sin defensa, no hay justicia”.