Asociación de Farmacias Populares en punto de quiebre: así sucumbió el proyecto estrella del alcalde Daniel Jadue

El 15 de octubre de 2015 el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), marcó un hito al inaugurar la primera farmacia popular de Chile, a la cual llamó “Ricardo Silva Soto”. Sin embargo, a la fecha, la fórmula que en su momento se posicionó como el proyecto estrella del jefe comunal, no deja de sumar cuestionamientos. Esto, porque al constituirse la Asociación Chilena de Farmacias Populares (AChifarp) -que tiene al comunista a la cabeza- comenzaron una serie de problemas con los proveedores. De hecho, producto de uno de los litigios que abrió la empresa Best Quality Products SpA en contra de la entidad, el 4° Juzgado Civil de Santiago ordenó ayer jueves su liquidación forzosa.

Desde un inicio varios de los pares de Jadue miraron el modelo con suspicacia, pero de a poco el proyecto los entusiasmó y ya en 2019 eran 104 los establecimientos abiertos bajo esa modalidad en distintas comunas del país. De hecho, hacia fines de ese año el expresidente Sebastián Piñera incluyó como parte de su política nacional de medicamentos el “favorecer el desarrollo de farmacias de dependencia municipal”. Así, actualmente son 138 los centros de este tipo que se han habilitado en el país, según se indica en el portal de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Por lo mismo, al notar la rápida proliferación del modelo, el alcalde avanzó hacia la citada AChifarp, con el objetivo de que las diferentes comunas pudiesen unir fuerzas, comprar en conjunto y así lograr mejores precios. Pero la felicidad no duró mucho. En 2021 se presentó una denuncia por fraude en contra de Jadue en su calidad de presidente de la asociación, luego se abrieron aristas civiles por el no pago a proveedores y en abril de este año la Contraloría detectó irregularidades en la gestión, remitiendo los antecedentes a fiscalía y CDE.

Con todo el jefe comunal de Recoleta no ha desaprovechado oportunidad para defender la propuesta y deslizar que están enfrentando “acusaciones falsas”.

Durante la pandemia la asociación acumuló una millonaria deuda con Best Quality Products SpA una empresa comerciante de mascarillas y otros insumos médicos. Por lo mismo, la firma llevó el conflicto a la arista penal y a la civil, y aunque en un principio vieron frustradas sus intenciones de que los bienes de AChifarp fueron embargados, por medio de las reclamaciones que llevaron los abogados Eduardo Lagos, Isaac Ramírez y María Paz Guerra en el 4° Juzgado Civil de Santiago, lograron que se ordene la liquidación forzosa.

Eso, en términos prácticos, implica la salida de Jadue de la administración de la asociación y la llegada de un liquidador que llegará a hacerse cargo de la entidad. Éste tomará control de los bienes, deberá indagar sobre todos los acreedores existentes que tenga la firma y deberá diseñar un plan para hacer frente a las deudas -que hasta ahora suman más de mil millones- que se constaten con ellos, pues desde ya se entienden como “vencidas”, por lo que se debe proceder a su pronto pago.

El proceso, en primera instancia, no tocaría los bienes de los municipios que son parte de la AChifarp, pues el control se ejerce sobre los bienes que son propiedad de la misma. Eso sí, como hay comunas que tendrían cuotas impagas con la asociación, el liquidador eventualmente -como explican quienes son parte del proceso- podría disponer medidas sobre activos de determinado municipio.

Así las cosas, por ejemplo, si Recoleta quisiera recuperar los $200 millones que en su momento prestó a la citada organización, tendría que sumarse como acreedor durante el proceso.

Sobre las etapas que vienen, desde la Superintendencia de Insolvencia y Remprendimiento señalaron a La Tercera PM que dentro de los 32 días siguientes, se deberá celebrar una junta constitutiva de acreedores ante el tribunal, en la que se discutirán materias como forma de realización de los bienes de la empresa, ratificación de los liquidadores que se harán cargo del procedimiento, entre otros.

Asimismo, precisaron que, en atención a que la resolución de liquidación forzosa fue dictada ayer 30 de junio por el tribunal, “queda para la empresa, si así lo decidiere, el derecho de presentar un recurso de apelación”. Esa diligencia fue confirmada durante la noche de ayer por el alcalde Jadue; pero como indicaron abogados que son parte del proceso, no detendría el procedimiento de liquidación.

Tras la resolución, AChifarp lanzó un comunicado en que expresó su descontento. Y junto con cuestionar la forma en que Best Quality Products Spa llevó el proceso, por cuanto, según ellos, “rechazaron todas y cada una de las opciones de pago propuestas”, reprocharon el actuar de los municipios que no han cumplido sus compromisos con la sociedad.

“Lamentamos que de las 93 municipalidades que son parte de AChifarp, sólo 29 de ellas mantienen sus cuotas al día, mientras que 63 se encuentran morosas por una suma total de más de 1.200 millones de pesos. Recursos que, sin duda, nos hubieran permitido asumir entre todas y todos de manera solidaria el normal funcionamiento de la asociación”, subrayaron.

Eso sí, en el comunicado, que divulgó por medio de Twitter el alcalde Daniel Jadue, también insistió en dar “tranquilidad” a los usuarios de las farmacias comunales. “Aclaramos que las farmacias populares seguirán entregando medicamentos e insumos médicos a precio justo, puesto que su funcionamiento no depende de AChifarp sino de los respectivos Departamentos de Salud de cada municipalidad”, complementó.

Por su parte, el abogado Mario Vargas, quien lleva la arista penal de la arremetida de Best Quality Products SpA contra la agrupación de municipios, sostuvo: “Desde que presentamos las acciones en contra de AChifarp y en particular en contra de quien la preside, teníamos la convicción de que se habían incumplido contratos, defrauda a nuestro representado y la resolución así lo confirma”.

“El señor Jadue defraudó a nuestro cliente con más de 1000 millones de pesos, sin pagar las obligaciones. Vamos a insistir en que esta es una quiebra fraudulenta, porque se entregaron documentos de carácter falso, se llevaron especies de las farmacias cuando estaban con embargo y una serie de otras situaciones que tienen carácter de delito, eso sumado a lo que lleva la Fiscalía por estafa, cohecho y el fraude al fisco que indaga el Consejo de Defensa del Estado. No vamos a desistir en la persecución de las farmacias populares para que salden sus obligaciones, y en particular, en contra del señor Jadue, quien es quien ha estado detrás de la coordinación para defraudar a nuestros clientes”, cerró.