¡Bájate... corre o te matamos!: los detalles del ataque “selectivo” a agricultor asesinado en Angol

Joel Ovalle Durán (68) decidió irse de La Araucanía en 2017. Junto a su esposa Raquel Cruces (65) decidieron radicarse en San Bernardo, Región Metropolitana, cerca de sus hijos, quienes por entonces estudiaban en Santiago.

El agricultor -quien era dueño de siete hectáreas en una parcela en Angol- tenía una serie de amenazas en su contra, las que fueron subiendo en intensidad entre 2012 y el año en que decidió emigrar a la capital. En 2012, por ejemplo, denunció el ingreso de desconocidos a su casa, los que provocaron daños en su propiedad, y en 2017 una serie de hostigamientos, que derivaron en que el Ministerio Público dispusiera medidas de protección a cargo de Carabineros en los alrededores de su domicilio.

Este martes 18 pasadas, las 17 horas, el agricultor sería víctima de una emboscada que hoy investiga la Fiscalía de la IX Región luego de que, tras recibir disparos de desconocidos, perdiera la vida, a un kilómetro de su hogar. Su muerte selló una violenta jornada en la Macrozona Sur. Horas antes, en Cañete, Andrés Cristián Millanao Cayupe, de 22 años, un joven trabajador forestal falleció luego de recibir un impacto balístico por la espalda mientras se encontraba efectuando labores para una empresa forestal a bordo de un skidder. A estos episodios se suman el ataque a un conductor de un camión este miércoles, quien recibió un disparo en la cara mientras transitaba por la comuna de Lumaco.

Cuando Ovalle solicitó medidas de protección en el pasado, era presidente de la Junta de Vigilancia de Alboyanco, más conocidos como “los parceleros”. Este grupo no estaba integrado por grandes dueños de terrenos, ni acaudalados de la zona, sino que de vecinos del sector que mantenían pequeños terrenos cuyo destino era la cosecha de frutas y verduras.

Pero este agricultor, según dicen sus cercanos, no era “un dirigente que estaba ahí por cumplir, ni para solo administrar”. Tenía -de acuerdo a los análisis que levantó Carabineros- un alto perfil de riesgo, dadas las declaraciones que emitía, desafiando constantemente a las comunidades radicales de Collipulli y Angol. “La solución es armarse, estos tontos… Yo les digo a la gente, apenas los vean, póngale balazos. La gente entrega todo, los echan y les queman la casa. Yo me voy con un balazo que me peguen, yo no voy a entregar mi casa”, dijo en junio de 2012 a La Tercera, algo que volvió a repetir en agosto de ese año. “Yo llamé a armarse a la gente. Personalmente, no voy a permitir que vengan estos desgraciados a hacerme algo a la casa, porque los voy a agarrar a balazos, y si me matan, más de uno se irá conmigo”, enfatizó en esa oportunidad.

Pasaron cinco años y Ovalle decidió irse. Su mujer se fue primero, aquejada de una dura enfermedad que debía mantenerla alejada de las tensiones de La Araucanía. Comenzó una nueva vida, lo mismo uno de sus hijos quien decidió radicarse en Estados Unidos. El 2020 llegó el coronavirus y el parcelero sintió la necesidad de volver a su campo, algo que concretó en abril del año pasado. Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avru), agrega que “cuando se fundó esta agrupación él fue uno de los primeros en apoyar la idea. Siempre estuvo luchando, tratando de sacar su zona adelante, algo que quiso volver a intentar cuando volvió de Santiago”.

Cuando Ovalle se fue desde La Araucanía a la Región Metropolitana las causas por violencia rural en la denominada “zona roja” eran 48, cifra diametralmente opuesta a las 165 que ingresaron en los últimos meses al Ministerio Público.

Al volver, el hombre de 68 años decidió alojar donde una hermana, mientras trabajaba en algunas reparaciones en su casa, la que ya no contaba con medidas de protección de Carabineros, dado que al irse renunció a ellas, y nunca más ingresó una denuncia por amenazas.

“Nunca se acostumbró a Santiago, porque le dio depresión y quiso volver al campo. Era una persona de esfuerzo, que con lo poco que tenía sacó adelante a su familia”, dice Ruth Hurtado, constituyente que conoció a Ovalle en 2012, mientras ambos trabajaban con víctimas de la violencia rural.

El 2021 avanzó lento para Ovalle. Aquejado por una serie de complicaciones de salud, no podía avanzar como quería en las reparaciones a su casa y su chacra, en la parcela número 18, por lo que necesitaba ayuda. Así contactó a un trabajador de la zona para que le ayudara en las faenas, especialmente en el tendido eléctrico.

El trabajo avanzaba a su ritmo, pero aún no le permitía instalarse para vivir ahí. Y en eso estaba el martes en la tarde, yendo a buscar al maestro que lo asistía, cuando sucedió.

Joel Ovalle se había trasladado hasta Collipulli para ir en búsqueda del eléctrico, quien resultaría ser la última persona que vio al parcelero con vida.

A las 17.00, cuando ambos viajaban en la camioneta de Ovalle, un grupo de desconocidos los emboscó y les disparó. El único herido terminó siendo el agricultor, quien murió horas más tarde en el Hospital de Angol. ¿El eléctrico? Ileso, pero profundamente choqueado, aunque logró reconstruir el ataque en un detallado testimonio entregado a la fiscalía y la PDI.

Según relató el sobreviviente del ataque, faltaba sólo un kilómetro para llegar a la casa de Ovalle cuando él sintió un ruido que parecía ser disparo. Pese a trascendidos de que había existido una persecución, el trabajador indica que la víctima nunca se habría dado cuenta de que eran seguidos y que fue en una curva cuando él escuchó un balazo que ingresó por la luneta de la camioneta (parte posterior) y de inmediato observó cómo el vehículo comenzó a detener la marcha, y al observar a Ovalle vio cómo éste se desvanecía y presentaba un chorro de sangre en su cuello.

Una vez detenida la marcha, refiere el testigo, una cantidad indeterminada de encapuchados abrieron su puerta y lo obligaron a bajar y huir de la camioneta. “¡Bájate!... corre o te matamos!”, le habrían gritado, y mientras comenzó a escapar, declaró ante la policía, sintió cuatro disparos más, esta vez en la zona del conductor. Sólo una vez que salieron vecinos del sector decidió volver al lugar encontrando a Ovalle con cuatro balazos en su cuerpo.

La principal hipótesis que se baraja en los investigadores es un “ataque selectivo”, dados los antecedentes por amenazas que mantenía Ovalle, por lo que la Fiscalía de La Araucanía y la PDI están en búsqueda de antecedentes que puedan vincular estos ataques del pasado con la persecución y el homicidio de Ovalle.

Las primeras pericias legistas que han levantado los investigadores dan cuenta de que el disparo que ingresó por detrás de la cabeza fue el que le habría quitado la vida. Las otras lesiones son: tres balazos en sus extremidades inferiores, de los cuales dos no salieron de su cuerpo, por lo que podrán ser blanco de las pesquisas. La camioneta en que se trasladaba junto al eléctrico presenta siete impactos de bala de una munición 9 milímetros, cuatro de ellos en puerta del chofer.

La muerte de Ovalle fue la segunda de la jornada, quizás, la más vinculante con la violencia rural para el Ministerio Público, la policía y el gobierno, dados los antecedentes que presentaba la víctima y su historial de constante pugna con las comunidades violentas de la zona.

El otro hecho que despertó las preocupaciones ocurrió a las 11 de la mañana de ayer, pero en Cañete, en la Región del Biobío.

Allí, Andrés Millanao Cayupe (22) falleció tras ser abordado por un grupo de desconocidos, quienes lo intimidaron y dispararon, mientras realizaba faenas forestales no reguladas. Hasta ahora para los investigadores no está claro si corresponde a un hecho de violencia rural.

Esta mañana, además, otros hechos de violencia tensionaron la zona. Un grupo de encapuchados llegó hasta un predio en Galvarino, donde efectuaron disparos e incendiaron el lugar. En medio de los disparos, uno los proyectiles alcanzó el rostro de uno de los trabajadores.

El delegado presidencial Pablo Urquízar sostuvo a La Tercera PM que “estos son hechos que están vinculados al terrorismo, al narcotráfico y crimen organizado, que son el fundamento del estado de emergencia. El gobierno ha puesto todas las herramientas del Estado para enfrentar este grave flagelo y poder detener a quienes cometieron estos hechos tan graves. Desarticular a las organizaciones que están detrás de esto es fundamental”.