Boicot a la PSU: los detalles de la denuncia del gobierno por Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes de la ACES

"Estamos del lado de los estudiantes, estamos del lado de las familias y serán otros los que van a tener que responder por sus responsabilidades civiles o penales por la interrupción de este proceso".

Estas fueron las palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el pasado martes en la tarde, luego de dos jornadas en las que se vio interrumpida la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a lo largo de todo el país. Dicha jornada, el secretario de Estado informó que el gobierno iba a presentar querellas y denuncias por Ley de Seguridad Interior del Estado, contra los responsables de los desórdenes que impidieron el normal funcionamiento de la rendición del examen.

Esto se debió a llamados a funas en los locales de rendición y también por la filtración de la prueba electiva de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que en un hecho inédito obligó a suspender la rendición del test. Según detalló ayer el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dentro de los querellados y denunciados "están los dirigentes de las ACES que incitaron y promovieron la interrupción de la PSU".

El escrito contra los dirigentes se hizo llegar directamente al Ministerio Público, en la forma de denuncia, y se invocó el artículo 6° ,letra c, de la Ley Sobre Seguridad del Estado. En específico, este cuerpo legal contempla que "cometen delito contra el orden público" los que "inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".

Los hechos que el gobierno puso en conocimiento de las autoridades dan cuenta que el lunes pasado, a las 17.00 y en dependencias de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, en Ñuñoa, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que actualmente se encuentra liderada por Víctor Chanfreau. En esa ocasión -de acuerdo al Ejecutivo-, este último realizó una serie de declaraciones, que incluían llamados a tomarse colegios en los cuales se rendiría la PSU, y anunció que las futuras movilizaciones serían aún más intensas que las anteriores.

En otro apartado de la denuncia, se indica que esta agrupación denominada ACES ha manifestado estar detrás de una serie de manifestaciones que han tenido como objetivo -y que en cierta medida lograron- entorpecer e impedir el normal desarrollo de la prueba. Además, se indica que estas mismas acciones han sido reivindicadas a través de las redes sociales de esta agrupación.

En la última parte de la presentación, se indica que la PSU es administrada por el Demre, que tiene por finalidad llevar adelante el proceso de selección de las casas de estudio pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch), que cuenta con una compleja elaboración y planificación, y que esto último trae consigo elevados costos económicos y humanos para el Estado. Además, asegura que es una herramienta que ha servido de ayuda para una parte importante de la población.

Y como resumen, se indica que los últimos balances realizados por el gobierno -que incluyeron desórdenes, cortes de tránsito y tomas de colegios, entre otros- dieron cuenta de que en cerca de 70 establecimientos resultó imposible la rendición del test. Esto, por las acciones violentas que habrían realizado personas de las ACES, o que bien respondieron al llamado que esta agrupación realizó.