Carolina Leitao y el plan Calles sin Violencia: “Les estamos diciendo a los delincuentes que los vamos a apretar y ¿qué harán ellos? Se van a ir a otra comuna”

El pasado 6 de abril el gobierno anunció su estrategia para enfrentar la crisis de seguridad desatada tras el asesinato de un tercer carabinero en menos de un mes. Bajo el nombre de Calles sin Violencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó el adelanto de un plan de intervención policial en 30 comunas del país. Entre las medidas anunciadas destacaban la reasignación de recursos del presupuesto para las medidas especiales de seguridad, reforzamiento de protecciones a policías en sus equipamientos y mejoramientos de planes operativos para reducir riesgos.

Pero más allá de las implicancias del anuncio, a solo horas de la presentación las dudas -y reclamos- comenzaron a rondar dentro de los municipios. Saber quiénes y por qué se incluían o excluían comunas fue el centro de la discusión. Esa presión, de hecho, dio paso a que el total de comunas seleccionadas se ampliara a 46.

“Nosotros nos enteramos del anuncio del gobierno por la prensa -al igual que todo Chile- luego de la muerte del carabinero Daniel Palma. Ahí se dijo que era un plan que se venía trabajando hace tiempo, pero nosotros nunca escuchamos de él”, asegura a La Tercera Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

La edil sostiene que al martes siguiente (18 de abril) de ese anuncio el gobierno convocó a las directivas de la AChM, de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCh) y de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) a reunirse con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subdere, Nicolás Cataldo, para entregarles la información oficial y así dar a conocer cuáles iban a ser los criterios de selección de cada comuna. Pero pese a que ya ha pasado una semana de la primera reunión oficial entre las asociaciones de municipalidades, Leitao reclama que aún hay dudas del plan que no se han logrado aclarar.

¿Cuáles fueron los indicadores de selección que se aplicaron?

El primer indicador que se utilizó fue ranquear las comunas por la cantidad de delitos de homicidio. Y el segundo factor era ranquear las comunas por tasa de habitantes, porque siempre las grandes le van a ganar a las chicas si solo hablas de cantidad.

¿A ustedes les avisaron en esa primera reunión cuáles serían las primeras 30 comunas seleccionadas?

No se dijo qué comunas serían parte del plan, porque eso no estaba 100% definido. Luego de la reunión que sostuvimos el martes en La Moneda hubo una filtración de 10 comunas que se nos había presentado en un documento a modo de ejemplo. Pero esas no eran las comunas definitivas ni con las que comenzaría el plan, sino que se incluyeron en esa presentación porque eran comunas que indiscutidamente, sin importar el criterio que se pusiera, iban a quedar en el plan.

En la primera reunión con los subsecretarios, ¿hicieron saber como alcaldes que faltaban comunas?

Desde la primera reunión hemos planteado tres grandes observaciones a los subsecretarios. La primera era que a nuestro juicio hablar de “comunas” era un error estratégico. Una de las primeras dificultades es que el plan se llama “Calles sin violencia” y, por supuesto, que todas las comunas de Chile aspiran estar ahí por razones obvias. El plan tiene un nombre que genera una gran expectativa, pero que está focalizado en una cosa muy específica que son los homicidios y los delitos violentos. El nombre no se condice con lo que se realiza en la práctica.

¿Y las otras dos observaciones?

Es obvio que para que un plan de resultado es imposible aplicarlo en todo Chile. Por la cantidad de recursos que se tiene, por más que uno aplique recursos adicionales y porque además los recursos son limitados, tanto del punto de vista financiero como humano. Entendemos que este debe ser un plan focalizado, pero la observación que nosotros le hicimos al gobierno fue que este plan no hay para qué anunciar comunas, porque en la práctica uno puede hablar de macrozonas y sobre todo en la Metropolitana. Y lo otro que dijimos en el caso de las grandes ciudades es que las comunas están conurbadas, hay una calle que las divide y por lo tanto la extensión del delito no obedece a razones comunales. Pero el gobierno ya había hablado de comunas y se le era muy difícil desdecirse de eso y decidió mantenerlo. Hablar de comunas es un error porque en la práctica la intervención va a ser macrosectorial.

¿Y cómo fue el paso para llegar a 46 comunas?

Después de toda la polémica de las comunas que quedaron dentro y afuera es que se nos anuncia que el Presidente decidió agregar otro indicador con componente regional, para que así todas las regiones tuvieran intervención. Así se incluyó a todas las capitales regionales para que, por ejemplo, si alguna comuna quedaba afuera por su tamaño, igual sería intervenida porque se entendía que había un componente regional que agregar.

¿Se conoce cuándo comenzarán a ser intervenidas estas comunas?

En la primera reunión no se habló de plazos, sino que se dijo que Santiago empezaba en abril y el resto en mayo. Nosotros no hemos tenido aún la reunión para definir eso, nos llamaron el viernes para decirnos quiénes estamos dentro del plan, pero no nos han explicado ni cuándo ni cómo parte. De hecho, estamos pidiendo reunirnos porque este plan incluye varias acciones.

¿Cuáles?

Son cuatro. En el caso de los homicidio se creará un grupo especializado de fiscalía y PDI para investigar esos delitos; eso significa contratar personal para la fiscalía dedicado a trabajar la investigación de los delitos. Hay una segunda área de trabajo que es el patrullaje policial que se reforzará en todas las comunas, pero no se ha dicho si ese patrullaje será todos los días, o solo uno; no hay claridad. Lo tercero es que se hace un trabajo especializado para sacar de circulación las armas. Ahí se verá cuáles están inscritas y los lugares donde existe mayor denuncia de armas. Tampoco sabemos cómo se hará. Y la cuarta es buscar personas que están prófugas de la justicia y eso implica hacer intervenciones territoriales de control de vehículos aleatorios.

¿Cómo evaluaría el plan desde su perspectiva?

Yo no me puedo desmarcar de que siempre uno espera que la comuna de uno esté incluida en un plan como este. Y eso lo agradezco y creo que los datos así lo demuestran. Desde el punto de vista de temas que para el municipio son absolutamente imposibles de abordar, como crimen organizado y delitos violentos, desde esa lógica uno está al menos satisfecho de que nuestra comuna sea prioridad. Pero desde el ámbito de ACHM creo que fue un error ponerle nombre de comunas. Cuando uno le pone nombre se generan muchas dudas para los alcaldes que no serán nombrados porque ellos sí quieren que sus comunas tengan calles sin violencia y les quedan dudas si Carabineros que van a patrullar las comunas serán en desmedro de las suyas. Espero que el gobierno lo aclare. Al menos se nos informó que estos no saldrían de las comunas aledañas. Espero que eso sea así y se cumpla.

¿Cuáles son las preocupaciones que persisten sobre el plan?

Hay una preocupación importante de que el delito no se desplace. Este plan tiene que estar focalizado en la detención y condena de personas, por eso está pensado en esta fiscalía especial. No basta con el patrullaje policial, porque con eso el delito se va a desplazar. Pero con este plan le estamos diciendo a los delincuentes que los vamos a apretar y ¿qué harán ellos? Se van a ir a otra comuna, es obvio. Y lo otro preocupante es la estigmatización de las comunas, porque el delito tampoco es en toda la comuna, sino que hay focos y lugares delictuales, pero hay otras zonas en donde las personas quienes viven tranquilos y no quieren ser estigmatizados. Por eso creemos que hablar de comunas es una mala práctica como una fórmula de abordar el tema entendiendo que lo que el gobierno quiere decir es que es un plan focalizado, que entiendo que debe ser así.

¿Ha podido recoger las inquietudes de las alcaldías que quedaron fuera?

Sí. Es obvio que todos los alcaldes que no están van a salir a exigir que el gobierno los incorpore. Si usted anuncia algo para 30 comunas va a tener 15 enojadas. Y eso yo lo respaldo, creo que tienen razón. He conversado con algunos que me han pedido que les explique en qué consiste el plan, cómo va a incidir, si habrán más recursos involucrados. Ellos tienen una legítima preocupación que comparto y cuando uno les explica el plan, muchos van a ser intervenidos de alguna manera, directa o indirectamente.

¿Cómo vio la incidencia de la ministra Carolina Tohá en esta definición tan errática? Según la reciente encuesta Cadem ha sido una de las autoridades que más ha bajado su aprobación.

La ministra ha sido muy valiente porque su tarea no es ser la ministra más popular. Yo creo que debe pensar en ser la que tenga los mejores resultados y a veces esas cosas no se ven en el corto plazo, sino en el mediano o largo. Más que ser la ministra más popular, tiene que ser la con mayor liderazgo para enfrentar una agenda muy difícil y tener suficiente impronta para sacar la agenda de seguridad. Si eso va a significar que baje su popularidad es parte del costo de llevar adelante una agenda compleja.

Hoy la ministra está siendo objeto de fuego cruzado de Apruebo Dignidad, ¿cree que se le está desempoderando por parte de la coalición?

Apruebo Dignidad le ha traído varias dificultades al gobierno y ahí la responsabilidad es cómo se relaciona con sus ministros, con la agenda que impone el gobierno y de llevar adelante. Uno puede tener diferencias, pero cuando uno es gobierno y quiere impulsar una agenda, tiene que estar dispuesto a cosas que no le gustan tanto, pero hay que sacarlo adelante. Apruebo Dignidad no ha tenido la suficiente mirada estratégica para entender que cuando uno es gobierno tiene que sacrificar algunas cosas y las diferencias se ven en privado, no en público votando en contra de un proyecto del gobierno. Hay maneras de expresar molestias que incluso se acuerdan políticamente.

¿Cree que la baja evaluación de la ministra pueda afectar la implementación del plan de seguridad?

No, porque el plan es del gobierno. A la ministra le toca liderar, pero aquí hay otros actores, los subsecretarios, otros ministerios como el de Hacienda, la Aduana... Llevar adelante no puede significar que te empiezan a poner cortapisas desde el día uno. Habrá muchos parlamentarios de regiones que reclamen por sus comunas, pero si son parlamentarios de gobierno tendrán que juntarse con la ministra y manifestarle en privado sus preocupaciones.