Caso Audio: tribunal da curso a querella contra fiscal Valencia por polémica cita con Hermosilla y Chadwick

Un recurso de protección, presentado por la defensa de Luis Hermosilla en el marco del caso Audio, fue el que derivó en una serie de cuestionamientos y diferencias al interior del Ministerio Público. En ese escrito, dado a conocer por La Tercera, el abogado Juan Pablo Hermosilla pedía el cambio de la fiscal que investiga la causa contra su hermano, donde revelaba el contenido de la reunión del penalista con el fiscal nacional Ángel Valencia y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

En el escrito, que aún está siendo revisado en la Corte de Apelaciones de Santiago, la defensa de Hermosilla afirmaba que Valencia presuntamente se habría comprometido con Chadwick y el penalista para entregar información respecto a las causas que se seguían en contra del expresidente Sebastián Piñera.

La información gatilló que el abogado Luis Mariano Rendón, querellante en algunas de las causas contra el exmandatario, caso Dominga y Alto Mando, presentara una denuncia administrativa en contra de Valencia que no fue respondida. A raíz de ese hecho Rendón presentó una querella en contra del propio máximo persecutor, a la que ahora se le dio curso.

La denuncia del abogado Rendón, presentada el 8 de noviembre ante la Fiscalía Nacional, acusaba a Valencia de “abuso de poder”, toda vez que fue a través de un comunicado del órgano que preside por dónde se desmintió la versión de la reunión con Hermosilla y Chadwick, ingresada en el recurso presentado por la defensa del penalista.

“Lo señalado por el señor Juan Pablo Hermosilla, en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación al origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual fiscal nacional, el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, es falso”, decía el comunicado del Ministerio Público, que también generó cuestionamientos de los organismos gremiales de la institución.

La denuncia de Rendón, según señala en su querella declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue recibida por la jefa de gabinete de Valencia, Catalina Wildner. Sin embargo, y en lo que argumenta la presentación de esta acción judicial, a más de un mes de que ingresara su denuncia, acusa no haber tenido respuesta.

Lo anterior, afirma en su escrito, quedó en constancia que tras “acusar recibo”, Wilder nunca más respondió los correos del abogado, quien consultó en más de una ocasión por el estado de su denuncia administrativa. Por lo mismo, la querella del profesional se basa en el delito “denegación o retardo de servicio”, contemplado en el artículo 256 del Código Penal, el cual estipula que lo comete “el empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos”.

La querella, declarada admisible por la magistrada Patricia Ibacache, sostiene que la falta de respuesta del fiscal Valencia ante una denuncia “constituye una denegación del servicio que el mismo fiscal debía brindarme, esto es, resolver, de la forma que estimase correspondiente, la denuncia que le presenté. El carácter malicioso y no meramente negligente de la conducta del querellado se desprende naturalmente del hecho que la denegación del servicio constituye el medio propicio para eludir la responsabilidad administrativa que se busca exigir con la denuncia”.

Seguido de aquello, el querellante solicita -como corresponde en una querella- una serie de diligencias, en concreto se trata de cinco peticiones. La primera requerida, es sobre la incautación de los correos de la jefa de gabinete del fiscal nacional, quien acusó recibido de la denuncia administrativa; mismo requerimiento para la mensajería electrónica del persecutor. Al mismo fiscal nacional, Rendón también pide que se le incaute su celular, así como también se le cite a declarar, lo mismo para Wildner.

La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía pide que se derive la querella al Ministerio Público, “en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además resolver la pertinencia de las diligencias pedidas”. Ahora, la causa queda en manos de la Fiscalía, la que deberá indagar si los hechos querellantes corresponden a presuntos delitos por parte del fiscal nacional.