El informe emitido por Contraloría, que detectó una serie de irregularidades en la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), tiene a sus afiliados preguntándose qué hacer. Algunos municipios ya decidieron renunciar a la entidad, mientras otros están llevando la decisión sobre el tema al concejo, para votar por la salida del organismo.

“El martes vamos a tomar una decisión sobre nuestra participación en la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares”, señaló Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto y vicepresidente segundo de la entidad.

El miércoles en el concejo municipal, Codina propuso a los ediles llevar a votación la decisión de continuar o no en el organismo, proponiendo esta determinación como una medida de prevención hasta que “quienes están al mando de la administración de la Asociación puedan aclarar esta situación”.

“No voy a calificar. Creo fervientemente en el estado de derecho y la presunción de inocencia, pero esto me preocupa mucho. La Contraloría pocas veces emite este tipo de informes”, comentó el alcalde a los concejales de la comuna, recalcando que su intención de someter la continuidad puentealtina a votación es para que “Puente Alto no se vea traspasando recursos cuando no existe la claridad total de qué se está haciendo con ellos”.

La situación es compleja. El ente contralor denunció a la Achifarp al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras descubrir que la organización que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), no cuenta con estados financieros ni antecedentes bancarios que respalden en qué se ha invertido el dinero que poseen, o las cuotas que pagan los asociados; además, no existente protocolo frente a los procedimientos de adquisición, registro y análisis de los medicamentos comercializados a través de los municipios.

También se ordenaron sumarios por los medicamentos Avifavir e Interferón, adquiridos supuestamente para tratar el Covid-19, que pese a la prohibición de la autoridad sanitaria para su uso o comercialización, seguía almacenado en grandes lotes en bodegas de la Asociación.

Además del desorden administrativo que detectó Contraloría, existen millonarias deudas por parte de la Achifarp. Según el informe, hay una deuda con la Universidad de Concepción por $215.476.800 -de los que solo se han cancelado $25 millones- por estudios sobre la efectividad de los fármacos antes mencionados. Contraloría no cree que el organismo pueda pagarlo, pues, en su cuenta corriente al momento de la auditoría contaba con fondos por $ 29.003.433.

El ente fiscalizador también detalló la ilegalidad de un convenio firmado entre la Asociación y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que pertenecen al Programa Regular, algo que no tendría relación con la organización. El acuerdo involucra en total $613.611.753, y ya se está investigando en un sumario a los municipios de Recoleta, Paillaco y la repartición que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Aunque el informe de Contraloría no cuestiona el modelo de negocio de la Asociación, que cuenta con 49 socios según su página web, ya hay quienes sí lo hacen. Uno de ellos es el alcalde de San Javier, el DC Jorge Silva, quien ya decidió la salida de su municipio de la Asociación. “La semana pasada tomamos la determinación como municipio de no continuar formando parte de las farmacias populares, por cuanto el convenio que se suscribió no atendía a las expectativas que nosotros teníamos”, señala.

La renuncia de Silva ocurrió la semana pasada, antes de conocerse los resultados del informe. Por eso, aclara que su decisión radicó en un tema económico. “No tuvimos ningún favor en los precios de los medicamentos, por lo tanto, por votación en el Concejo Municipal, decidimos finalizar el vínculo que tenemos con la Asociación”, señaló. Según cuenta, a su municipio se le cobró anualmente una cuota de $5 millones.

Las denuncias de Contraloría están resultando incómodas para varios municipios. La Tercera quiso conocer la opinión del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya (Comunes), denunciado junto a Recoleta por irregularides en convenios, pero no hubo respuesta. Huechuraba (cuyo alcalde, el PPD Carlos Cuadrado es secretario general de la Asociación), Renca y Quilicura tampoco quisieron hacerlo.

Quien sí lo hizo fue el alcalde de Zapallar, el UDI Gustavo Alessandri. “La Contraloría ha emitido un informe que da cuenta de una situación que hay que ponerle especial atención, por lo que estamos evaluando si seguiremos o no en la Asociación, esperaremos a ver mayores resultados respecto a esta investigación”, señala.

Alessandri explica que, pese a considerar favorablemente la iniciativa de farmacias populares, pues permite vender medicamentos para sus vecinos a precios bajos, las conclusiones del contralor ha preocupado no solo a su municipio, sino a varios otros socios. “Creo que debemos tomar cartas en el asunto, no podemos ser socios de estos manejos. Eso sí, aún esto está en investigación, por lo que tampoco quiero adelantarme a emitir juicios”, recalca.

Los alcaldes consultados para este artículo concuerdan en que, pese a que podrían suspender su participación en la Achifarp, las farmacias populares o solidarias que ya funcionan en sus comuna continuarán haciéndolo.

“Salirnos de la asociación no implica ningún perjuicio a nuestra Farmacia Solidaria o Popular, ya que compramos directamente a los distribuidores o a la Cenabast”, asegura Codina.

Similar respuesta da Alessandri, quien reconoce que, en su caso, “la farmacia municipal que vende a precio de costo se mantendrá y continuará vendiendo a esos precios, independiente de si seguimos o no siendo socios, pues compramos directamente a los distribuidores”. En San Javier ocurre lo mismo.

Para ser socio de esta organización, Alessandri explica que se debe solicitar el patrocinio de algún municipio miembro, aunque desconoce si se debe o no cancelar una cuota inicial. “Yo le pedí al alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez (PC) que me patrocinara”, señala. En el caso de San Javier, Jorge Silva explica que, para pertenecer a la Asociación, anualmente debió pagar una cuota de $5 millones.

La Tercera también consultó a la Achifarp para conocer los detalles de los precios de cuotas y procesos de incorporación, así como conocer el detalle de los municipios que han cancelado su participación en la organización los últimos meses, pero no hubo respuesta.