Caso Sierra Bella: PDI incauta computador de alcaldesa Hassler y su exjefe jurídico en el marco de investigación penal

Durante la jornada de este martes 18 irrumpieron en dependencias de la Municipalidad de Santiago efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI. El objetivo de los policías era lograr la entrega voluntaria de algunas especies tecnológicas de la alcaldesa Irací Hassler y de estrechos colaboradores que fueron clave en el fallido proceso de compra de la ex Clínica Sierra Bella, adquisición que quedó trunca tras un lapidario informe de Contraloría que estableció el pago de un “precio injustificado” y que hoy tiene a la jefa de la municipalidad en calidad de imputada en una investigación que dirige el fiscal Centro Norte, Patricio Cooper.

Fuentes de la Municipalidad de Santiago dieron cuenta que durante esta tarde personal policial pidió entrevistarse con Hassler, quien estuvo acompañada de su defensor. Ahí accedió a la entrega de su notebook. Asimismo, el otrora jefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle, también estuvo presente en la pesquisa y -de igual forma- visó el decomiso de su computador.

Una situación similar ocurrió con la directora de Salud, Beatriz Chamorro, y el exjefe de Secplan, Luis Mayorga, quien fue desvinculado tras conocerse el informe de Contraloría que objetó en duros términos la millonaria compra por más de ocho mil millones del inmueble. Este último fue el único que accedió a la entrega de su celular institucional, ya que la alcaldesa y el resto de los funcionarios negaron tener teléfonos institucionales y, por lo mismo, no autorizaron que la PDI se llevara sus actuales móviles.

Hassler, además, permitió que la PDI extraiga la base de datos de todos sus correos electrónicos. Con esto se buscaría analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron tras la fallida compra del inmueble que -según estableció Contraloría- se iba a adquirir por cuatro veces su precio en el mercado, faltando al debido uso de los recursos públicos que se les exige a las autoridades. La auditoría determinó que la jefa comunal desistiera de su proyecto estrella de “clínica municipal”, anunciara querellas contra los tasadores y pidiera la renuncia de Chiffelle y Mayorga.

Todas las incautaciones fueron de forma voluntaria, es decir, que la PDI no llegó con orden de un tribunal.

El fiscal Cooper recibió el jueves pasado el informe de Contraloría en que en 32 carillas se desmenuzaban inconsistencias que llevaron a objetar la compra. El Ministerio Público y el CDE estaban en la lista de destinatarios de la auditoría, por lo que el trabajo realizado por los fiscalizadores es un insumo más para la indagatoria penal que se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Una de las reservadas diligencias que ya se han llevado a cabo es la incautación del vale vista por $ 2.465.862.002 que el municipio de Santiago ya había emitido a favor de los vendedores de Sierra Bella, la Inmobiliaria San Valentino, y que permanecía en una notaría capitalina. Esto fue solicitado por el abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johanes Kaiser. Este pago correspondía al 30% del precio pactado y ante la negativa del ministro de fe a hacer entrega voluntaria, el fiscal Cooper acudió ante la justicia, quien despachó una orden de entrada y registro para incautar el documento.

La PDI esta jornada junto con extraer los correos de Hassler, lo hizo también con respecto a los otros funcionarios contra quienes se dirige -hasta el momento- la indagatoria. Fue así como se ingresó a las bases de e-mail de Chamorro, Mayorga y Chiffelle, además de la secretaria de este último, Marisol Veit, quien envió el borrador de la escritura pública a la notaría.

El jueves pasado se notificó a Hassler de los resultados del informe de Contraloría que objetaban la compra de la exclínica por su “precio injustificado” y ordenaba un sumario para establecer responsabilidades administrativas.

En resumen, el ente fiscalizador, en un informe de 32 carillas, cuestionó a la alcaldesa no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de un inmueble por cuatro veces su valor de mercado.

Asimismo, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez echó abajo el proyecto de Irací Hasler de tener “la primera clínica comunal”, ya que le advirtió que eso excede sus funciones como jefa edilicia, teniendo a su cargo sólo la “atención primaria de salud” y no la red hospitalaria, ni de clínicas.

Como estoque final, se abrió un sumario para establecer la responsabilidad de haber seguido adelante con las maniobras de compra de Sierra Bella, pese a la orden expresa de Contraloría de suspender estas acciones.

Desde el municipio confirmaron las diligencias y sostuvieron que seguirán colaborando “de manera transparente en este proceso”.