Chats y llamadas con Hermosilla: Ha pasado un año y siete meses y fiscal Valencia aún no cumple con promesa de crear su registro de inhabilidades

Una de las preguntas que se le hizo a Ángel Valencia cuando enfrentó al Senado para lograr su aprobación como fiscal nacional era cómo manejaría sus potenciales conflictos de interés debido a todos los años que trabajó como abogado en causas penales. Sin ir más lejos, poco antes de iniciar su candidatura al cargo, oficiaba como defensor de Bruno Villalobos, exgeneral director de Carabineros indagado por mal uso de gastos reservados.

Para sortear cualquier tipo de suspicacia, en esa oportunidad Valencia dijo que crearía un registro de inhabilidades en el que transparentaría sus vínculos laborales y personales. Así, cualquier interviniente podría levantar reparos a su persona y se abstendría del uso de facultades como la de designar fiscales regionales para instruir casos.

A poco andar, fueron los abogados Karinna Fernández, también contendora en el concurso para fiscal nacional, y el exdirector de Chile Transparente, Alberto Precht, quienes en marzo del año pasado realizaron una inédita presentación en la que pedían al consejo general de fiscales regionales que instara para que Valencia cumpliera su compromiso. Esto, en base -además- a que en el pasado asesoró a Mario Desbordes por una causa vinculada al estallido social, y su participación contractual con municipalidades como Vitacura y Lo Barnechea que son blanco de indagatorias penales por corrupción.

“La publicación del listado de inhabilidades resulta indispensable a modo de rendición de cuentas y garantía del valor público de la justicia, resguardando los derechos de la ciudadanía frente a eventuales conflictos de intereses”, se leía en el documento.

La respuesta no se hizo esperar y en ella, la Fiscalía Nacional sostiene que “el Consejo General no tiene atribuciones para establecer un sistema de inhabilidades, el que sólo puede ser establecido por Ley y con causales de derecho estricto” y se escudaron en que “el Fiscal Nacional tiene prohibición de dictar instrucciones particulares en casos concretos que se investiguen”.

A un año y siete meses de asumido como fiscal nacional, Valencia -según respuesta de comunicaciones de la Fiscalía de Chile-, aún no realiza dicho registro.

Este jueves, y adelantándose a información de prensa de Chilevisión, el fiscal Valencia sacó un comunicado reconociendo que había tenido conversaciones en el pasado con Luis Hermosilla, hoy en prisión por delitos de corrupción. Pero aseguró que dichos chats corresponden al periodo en que ambos eran abogados litigantes privados y que el último intercambio fue en julio de 2022, antes de ser incluso candidato a fiscal nacional.

“No existe ningún mensaje pidiendo u ofreciendo apoyo para ser candidato a fiscal nacional”, se lee en el comunicado.

Una de las abogadas que exigió el registro de inhabilidades de Valencia dice que en el actual escenario urge que la máxima autoridad transparente sus potenciales conflictos de interés.

“Las revelaciones del caso Audio hoy nos da la razón, cuando solicitamos hace más de un año al Consejo de Fiscales que se creara un registro de inhabilidades del actual fiscal nacional, Ángel Valencia, dado su pasado como abogado ligado a Luis Hermosilla y a diversos poderes políticos”, dice Karinna Fernández.

Misma visión tiene la exconsejera del CDE María Inés Horvitz, que en conversación con El Mostrador dijo esta semana que Valencia tiene “una larga lista de personas con las que está inhabilitado” y que no fue completamente transparente al respecto.

Junto con ello, explica que “vemos con preocupación que esta autoridad designe por artículo 19 a fiscales regionales para investigar nuevas aristas, sin saber cuál es el criterio en cada designación. Ante la inexistencia de este registro de inhabilidades, es imposible poder cautelar cuáles son los criterios con los que está decidiendo que un caso pase de una mano a otra, o sean realmente conformes al mérito de cada caso, y no a otras razones que la ciudadanía desconoce”.

En la misma presentación de Fernández y Precht, se pedía aclarar la situación de la abogada María José Taladriz, su esposa. Hasta antes que Valencia arribara como fiscal nacional, se desempeñaba como una alta funcionaria del Ministerio Público. Era la subdirectora de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional.

En esa oportunidad, el gabinete de Valencia respondió que la profesional presentó su renuncia el 13 de marzo de 2023, la que finalmente se hizo efectiva el 18 de marzo de 2023, mismo mes en que los funcionarios públicos reciben un bono por su buen desempeño equivalente a un sueldo más. Eso, pese a que el propio Valencia había dicho que en el seno familiar habían conversado sobre la situación de que si salía electo, su cónyuge debía salir del Ministerio Público porque no podía ser él su superior jerárquico.

Con todo, dicen fuentes consultadas, actualmente existe un nuevo potencial conflicto. Y es que la Fiscalía Oriente leyó en los chats de la causa y tiene en el expediente transferencias entre Hermosilla y Chadwick, y María José Taladriz hoy trabaja en la Universidad San Sebastián donde el exministro del Interior es presidente de la junta directiva.

De hecho arribó a esa casa de estudios días después de salir del Ministerio Público, en abril de 2023, como jefa de la Unidad de Convivencia Escolar y Equidad de Género.

En la misma línea, dice también Fernández “preocupa que sea él, y no el FN (s) quien decida las designaciones en este caso, considerando la cercanía de Valencia con Andrés Chadwick y Manuel Guerra”.