Combate al narcotráfico en fronteras: La "cumbre" de Defensa y Contraloría por decreto que entrega facultades a las FF.AA.

Hace algunos unos días, el Ministerio de Defensa pidió una audiencia con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

El objetivo era conversar sobre el decreto que firmó el Presidente Sebastián Piñera el martes 9 de julio, documento que entrega facultades a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras.

La cita se concretó el viernes pasado, cerca de las 10.00. Y al encuentro asistieron el ministro Alberto Espina y el subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli.

Según quienes conocieron del encuentro -que se extendió por más de una hora-, Espina le explicó a Bermúdez el decreto, sus fundamentos jurídicos y cómo va a operar en la práctica. De esta manera, el titular de Defensa recalcó que el decreto tiene acciones limitadas que corresponden a combatir el crimen organizado, solo en zonas fronterizas y con apoyo logístico, de transporte y tecnológico.

Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, el contralor pidió durante la cita algunas precisiones sobre el decreto: por ejemplo, por qué el gobierno decidió que las FF.AA. pasen de ayudar en coordinación a la colaboración; y cómo será el rol de la coordinación con el Ministerio del Interior.

Además, Bermúdez -dicen fuentes de gobierno- habría pedido una mayor definición de zona fronteriza, versión que, sin embargo, es desestimada por otras fuentes.

La reunión se produjo en medio de las críticas que han surgido respecto de las atribuciones que tendrán, en la práctica, los militares en la zona fronteriza. A eso se han sumado cuestionamientos de la oposición que apuntan a la constitucionalidad del decreto. Esto, porque en la centroizquierda afirman que cualquier cambio en las funciones que desarrollan las Fuerzas Armadas debe ser establecido a través de la ley, y no mediante un decreto.

De hecho, algunos parlamentarios de la DC y el senador Alejandro Navarro han presentado requerimientos a la Contraloría para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

En el gobierno, en todo caso, indican que durante la cita con el contralor no se abordó el tema de la constitucionalidad. Eso sí, de acuerdo a las mismas fuentes, Bermúdez habría transmitido que antes de decidir la toma de razón del documento, revisará en detalle las presentaciones de los legisladores.

En La Moneda afirman que esperan que la toma de razón del decreto se concrete con éxito y celeridad, para que se pueda comenzar a ejecutar lo antes posible.

Desde que ingresó a Contraloría, hay un plazo de 15 días para ese proceso, aunque son prorrogables por otros 15 días más.