Cómo el nuevo cambio de plazo para el ingreso del proyecto de ley que deja atrás el CAE enredó al gobierno

“Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre”.

Con esas palabras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificaba el 15 de mayo pasado una de las últimas fechas autoimpuestas por el gobierno en torno a la presentación del proyecto de ley que moderniza el sistema de financiamiento de la educación superior y deja atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ese mismo compromiso fue repetido en varias ocasiones por el propio Marcel, así como también por otros secretarios de Estado. Por ejemplo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo después que “es un año para concretar y concretar compromisos como la ley para el término del CAE y eso va a ser antes del mes de septiembre de este año”, mientras que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que “es el mes de septiembre como horizonte temporal, como máximo, que vamos a presentar esta propuesta para el debate respecto a la resolución del nuevo sistema de financiamiento respecto al CAE”. El mismo Cataldo, hace menos de un mes, reiteró en CNN que “esto va a ocurrir pos 18 de septiembre, pos esa semana, porque es una semana de receso legislativo y también de interrupción por las Fiestas Patrias; (será presentado) antes de fin de mes”. Incluso, el propio titular del Mineduc fue más específico en 24 Horas y señaló el 1 de este mes que “la semana del 23 (de septiembre) el proyecto debería ser enviado al Parlamento”.

Es más: el mismo Presidente Gabriel Boric hasta hace dos semanas anunciaba un “impulso legislativo” de parte del Ejecutivo durante septiembre, incluyendo el CAE: “Vamos a retomar la discusión sobre eutanasia, sobre el derecho a la muerte digna, y también vamos a ingresar el proyecto de ley que termina con el CAE, con el Crédito con Aval del Estado, e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior”.

Y aunque se alcanzó a delinear una salida comunicacional con el 30-S a la vista y que incluía una cadena nacional este domingo 22 en que el Mandatario anunciaría el proyecto, el Ejecutivo finalmente tomó la decisión de postergar todo, ahora con octubre como nuevo plazo, sorprendiendo con esto a personeros del propio oficialismo. En conversación con Radio Infinita, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, tras ser consultado sobre si será presentado después del 30 de septiembre, respondió: “Va a ser después”.

Las razones para esto son variadas y van desde la falta de acuerdos en torno al aspecto específico de la condonación (cómo, a quiénes beneficiar y a quiénes dejar fuera), la “sobrecarga” legislativa esgrimida por Cataldo, las posibles acusaciones constitucionales derivadas del caso Audio, hasta el choque de fechas con el ingreso de la Ley de Presupuesto 2025. Las respuestas han ido mutando. Elizalde, incluso, transparentó durante el reciente fin de semana que se postergaba “para que quede elaborado de mejor forma”. El mismo ministro antes había señalado también que “todavía está pendiente el cumplimiento tributario, que es fundamental para saber cuáles son los recursos que se van a tener disponibles para otros tipos de prioridades”, mientras que Vallejo aseveró que “se nos retrasó unos días producto del trabajo previo que se requiere en el aspecto prelegislativo y también por agenda de gobierno”.

El problema para el Ejecutivo, aun cuando el propio Cataldo desdramatizó durante los últimos días la nueva postergación, es que este nuevo cambio desató una ola de reacciones en contra, incluso desde su propio sector.

Por ejemplo, Jaime Araya, jefe de la bancada de independientes y el PPD, señaló que “el gobierno debiera acelerar el ingreso del proyecto; se hizo un extenso y acabado trabajo prelegislativo, por lo tanto, no se entiende esta demora, más aun si se incumplen compromisos de la Ley de Presupuestos; se requiere generar confianza para tener éxito en la tramitación del proyecto, y este atraso va a causar dudas y desconfianzas, exactamente el efecto contrario que necesitamos”. En una línea similar, a pesar de no dramatizar con la postergación con tal de hacer un buen proyecto, el también PPD Raúl Soto señaló -ambos a El Mercurio- que “hay que ser más prudentes con los plazos autoimpuestos para no volver a incumplirlos”.

Por su parte, Emilia Schneider (FA), presidenta de la Comisión de Educación, aseguró a La Tercera: “Espero no existan más retrasos en la presentación del proyecto de ley que termina con las deudas educativas, porque ya fue un compromiso del ministro Mario Marcel ante la Cámara de Diputados y Diputadas, de presentar este proyecto durante septiembre”.

A su vez, la diputada Alejandra Placencia (PC), miembro de la misma comisión, fue más tajante: “Nos parece preocupante la señal que se da desde el gobierno. Principalmente porque es un proyecto que ha tenido tiempo de trabajo”.

La diputada Karen Medina (ind.), en tanto, apuntó directamente a Cataldo: “Yo le haría un llamado al ministro de Educación a que no se preste para estar jugando con las ilusiones de la gente, a que no se preste a autoimponerse plazos que no van a cumplir, porque no tienen claridad de cómo presentar este proyecto, porque tampoco han tenido el trabajo legislativo suficiente para tener el apoyo de todas las fuerzas políticas”. Por su parte, la también diputada independiente Mónica Arce dijo que “si el proyecto se va a aplazar para perfeccionarlo y avanzar en la condonación universal, por supuesto que podemos esperar. Pero si solo se está posponiendo para dilatar su discusión, no contarán con nosotros para ninguna discusión de la Ley de Presupuesto del 2025″.

En la vereda de la oposición, Miguel Mellado (RN) aseveró que “de nuevo vemos al gobierno que no cumple sus mismos plazos y sus mismos compromisos. No cumplió la condonación de CAE, porque es imposible sacar 12 mil millones de dólares de la caja. Tampoco el ajuste que iba a hacer, porque no se coloca de acuerdo ni con sus propios parlamentarios”. Mientras, su compañera de partido e integrante de la comisión de Educación Marcia Raphael aseguró que “creemos que el gobierno está dilatando el ingreso de este proyecto de ley, ya que aún no tienen claro la fórmula que utilizarán para darle solución a una promesa de campaña (...) necesitamos que el gobierno deje de jugar con las expectativas de los estudiantes; que deje de utilizar estos anuncios como una herramienta electoral. Claramente si lo atrasa para octubre, difícilmente se alcance a discutir e ingresar en el Presupuesto 2025″. En una línea similar de crítica a los plazos no cumplidos estuvieron los UDI Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira. Incluso desde el gremialismo anunciaron que acudirían al Servel y la Contraloría por un posible uso indebido del anuncio del proyecto, que ahora se acercaría a las elecciones de fines de octubre.

El tema, más allá de las explicaciones, es que este plazo da cuenta de un nuevo cambio de fecha del Ejecutivo en torno a este proyecto.

Durante su primera cuenta pública, el Presidente Boric ya había dicho: “Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa”.

Ese mismo plazo durante 2023 fue ratificado por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, en entrevista con La Tercera, cuando aseguró tener “el compromiso de entregar y finalizar un proceso de propuesta durante 2023″.

Eso no ocurrió y, justo antes de que culminara el año pasado, una nueva fecha fue comprometida: “Va a haber una propuesta en esta materia antes de la próxima discusión presupuestaria”, sostuvo el ministro de Hacienda en radio Agricultura. La ministra Vallejo fue más allá y dijo que lo anterior “debería ocurrir en el primer semestre del próximo año (2024)”.

Esto, porque en los ‘compromisos del Ejecutivo’ en el marco de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2024 fechados el 28 de noviembre de 2023, en el punto 31 de ellos se leía que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.