Complejo Penitenciario Pedro Montt: Justicia no afloja y avanza con planes por nueva cárcel en Santiago pese a la resistencia de los alcaldes

Desde que el gobierno confirmó que avanzará en la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana, la polémica entorno al anuncio no ha amainado. De hecho, los cuestionamientos, esbozados principalmente por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), han ido al alza.

Pese a ello, las autoridades del Ministerio de Justicia insisten en que el proyecto va. Desde la cartera recalcan que para resolver la problemática de la segregación oportuna de internos de alto nivel criminológico, construir en los terrenos ubicados en Avenida Pedro Montt es y seguirá siendo la mejor opción disponible.

Y es que planteada la necesidad de avanzar en este nuevo penal, ideado bajo la lógica de albergar y contener preferentemente a sujetos ligados al crimen organizado, la zona de Santiago asomó como “favorita”, lo que descartó la segunda opción: Tiltil.

En esa comuna Gendarmería posee un amplio terreno, pero no hay agua, y hasta ahora los análisis que realizan profesionales de Justicia con sus pares del Ministerio de Obras Públicas (MOP) no han permitido dar con una solución rápida. Siguen con los estudios, pues a futuro se pretende avanzar en la construcción de “Santiago 2″ -donde se habilitarían 2.500 plazas-, pero se desechó como la fórmula más rápida.

Por lo mismo, desde el Ejecutivo han continuado con los planes para que durante 2025 se comience con la construcción del nuevo penal en Santiago que contempla 500 plazas, entre máxima y alta seguridad.

El lunes el ministro Luis Cordero envió al Ministerio de Vivienda el oficio mediante el cual se solicita aplicar la Ley 21.636 para modificar el Plan Regular de Santiago y ampliar lo que hoy se conoce como Santiago 1.

Y acto seguido, desde la cartera liderada por Carlos Montes confirmaron la recepción y activación de los procesos correspondientes. Explicaron, en ese sentido, que iniciaron coordinaciones con Justicia para elaborar la propuesta de cambio normativo al plan y así presentarlo al municipio encabezado por Hassler. Una vez que eso se materialice, la mencionada comuna tendrá un plazo de 15 días para pronunciarse

Si bien ese informe no será vinculante para la determinación que tome Vivienda respecto a la modificación para construir, una vez que esta llegue el ministerio analizará los antecedentes e informará su determinación “con la mayor premura posible”, según indicaron al ser consultados por este medio.

Uno de los grandes debates que se han dado es si la construcción constituye realmente la ampliación de Santiago 1 o si se trata de algo totalmente nuevo. La diferencia es que la ampliación no requiere de una aprobación por parte del municipio, mientras que la segunda fórmula sí.

Aunque hay quienes persisten en debatir el punto, desde el gobierno son claros en transmitir en que esto no resiste un doble análisis. Porque, como subrayan fuentes oficialistas, aunque la nueva cárcel implicará la construcción de una edificación independiente a Santiago 1, tiene carácter de ampliación porque estará emplazada al costado inmediato del recinto.

Recuerdan que ese era justamente el objetivo y espíritu de la Ley 21.636, promulgada en diciembre del año pasado, y en cuyo mensaje incluyó: Es “necesario introducir disposiciones complementarias especiales a la normativa sobre planificación territorial, con el objeto de establecer consideraciones particulares en atención al interés público y al necesario y apropiado resguardo de la seguridad de la población, vinculadas a la reconstrucción, ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios”.

Desde el Ejecutivo mencionan que si se quisiera seguir la tendencia de no construir cárceles en sectores urbanos, el Congreso no hubiese aprobado el citado cuerpo legal, pues el objetivo del mismo es abrir la posibilidad para modificar planes reguladores, los cuales justamente tienen efecto sobre zonas urbanas.

De igual formal, desde el gobierno hacen presente que mientras dicha norma apunta a subsanar asuntos urbanísticos que trababan la construcción de recintos penitenciarios, el nuevo proyecto anunciado por el Presidente Gabriel Boric tiene por objeto acortar los trámites que alargan los procesos de construcción.

A modo de ejemplo, busca que los procesos de evaluación ambiental sean más acotados, al igual que la toma de razón de bases de licitación y la adjudicación del proyecto a una empresa determinada.

Aunque la tramitación del proyecto que facilitaba la construcción de recintos carcelarios fue pública e incluso celebrada en su momento, desde La Moneda reconocen que los alcaldes no recibieron una notificación especial respecto de los planes en la RM. Sin embargo, una vez que se hizo el anuncio, han sido al menos tres las autoridades que han tomado contacto directo con la alcaldesa de Santiago.

Luego de que Boric hiciera la confirmación, fue el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien llamó a Hassler, y más tarde la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo lo propio. A los días, tras regresar de sus vacaciones, el ministro Cordero también levantó el teléfono para conversar personalmente con la jefa comunal.

La idea era transmitirle que este trabajo venía hacía meses, que era la mejor opción y que estaba lejos de ser una medida improvisada a raíz de la crisis de seguridad. En todo caso, desde el municipio descartan que La Moneda se hubiese acercado y aseguran que todos los diálogos relacionados con el caso tuvieron lugar porque la alcaldesa tomó contacto con ellos.

De acuerdo con el detalle de las gestiones que ha desplegado Justicia sobre esta materia, fue en febrero que, en medio de una revisión del Plan de Infraestructura se incluyó la ampliación de Santiago 1, amparados en la aprobación de la Ley 21.636.

Así, en marzo, de acuerdo con antecedentes entregados por la cartera encabezada por Cordero, se realizaron las primeras reuniones con el Ministerio de Defensa para que se adquiriera el terreno donde hoy funciona el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC). Durante el mismo mes, además, se presentaron ante la Dirección General de Concesiones del MOP los ajustes al Plan de Infraestructura.

Luego, el 16 de mayo, Cordero remitió el oficio 2632, donde solicitaba iniciar el trámite de adquisición del terreno donde está IDIC, y desde junio que se han realizado coordinaciones con Bienes Nacionales para la ejecución del proyecto.

Durante este mes, además, se incorporaron formalmente los trabajos respecto a Santiago 1 en la formulación presupuestaria 2025, se oficio al Ministerio de Vivienda y siguieron las reuniones con los representantes del IDIC. De acuerdo con el cronograma, en los próximos días tendrán lugar reuniones con Defensa y la Dirección de Presupuesto.