Contraloría detecta $ 78 mil millones sin rendir en la Subsecretaría de Educación y Seremi de la RM: envió los antecedentes a Fiscalía y al CDE

Un total de $ 78.737.404.844 sin rendir detectó la Contraloría General de la República tras un análisis de las transferencias realizadas por la Subsecretaría de Educación y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana a organismos privados, municipios, fundaciones, entre otros, para diferentes programas educativos y variadas iniciativas de este tipo.

Según logró determinar el informe N°170 de la Contraloría, entre 2007 y 2023 la Seremi evidencia un total de $ 2.888.393.255 sin rendir, es decir, que las entidades que recibieron esos recursos de parte de la cartera de Educación no han demostrado en qué se utilizaron esos montos y cómo se ocuparon esos traspasos. Se trata de convenios, principalmente, sobre programas de apoyo al deporte, interculturalidad bilingüe, Elige Vivir Sano, formación de adultos, sexualidad afectiva, transporte escolar rural, aulas conectadas, entre otros.

La Subsecretaría de Educación, por su parte, según el análisis realizado entre 2016 y 2023, suma $ 75.849.011.589 sin rendir. Hasta la fecha la repartición no cuenta con un respaldo que de cuenta y compruebe la forma en la que se invirtieron esos millonarios montos.

La complejidad de los hallazgos determinados por la entidad encabezada por Dorothy Pérez, llevó a que el organismo abriera sumarios administrativos y remitiera todos los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, por si estiman que exista algún tipo de ilícito. En ese escenario la CDE podría querellarse contra presuntos responsables y la Fiscalía abriría investigaciones penales.

Durante la fiscalización a la Seremi de Educación de la RM, Contraloría logró establecer que en programas que se ejecutaron entre el 2007 y 2013 aún no se han rendido más de $ 1.500 millones, pese a que ya han pasado 9 años. Precisamente por el tiempo que ha pasado no existen antecedentes para establecer el real estado de dichas rendiciones y la Seremi informó que no cuentan con la documentación de aquello.

Hasta el año pasado hay registro de 30 beneficiarios que sí realizaron sus rendiciones por un total de $ 260 millones. Sin embargo, en estos no existe detalle de los montos que presentaron. También existen rendiciones en las cuales los sostenedores de los establecimientos no han sido identificados, pese a haber rendido.

Uno de los antecedentes más llamativos del análisis realizado por Contraloría es que al 31 de diciembre del 2023 siete de las personas que recibieron recursos de la institución gubernamental están fallecidas y no rindieron un total de $ 33.821.505 que les fueron transferidos en recursos para la educación. La misma repartición, también tiene $ 977 millones que no han sido rendidos, de los cuales -según el informe- “la SEREMI desconoce quién debe ser la unidad que revisa, aprueba y/o rechaza la rendición de estos fondos, lo que no se aviene con el principio de control”.

Por otro lado, se constató en las rendiciones de la Seremi de Educación de la capital, que desde el 2021 hubo una disminución en los recursos otorgados, por un total de $ 59 mil millones, de los cuales no consta una revisión y aprobación de las rendiciones. En el mismo informe, la Contraloría también advierte “deficiente sistema de control y seguimiento para las transferencias de recursos y sus rendiciones”, junto con señalar que hay una “ausencia de gestiones por parte de la SEREMI para corregir y/o solicitar comprobantes de ingresos”.

El ente fiscalizador también analizó una planilla Excel sobre los deudores de transferencias reintegrables, donde se “constataron diversas debilidades de control por parte del servicio examinado, toda vez que en dicha planilla se presentan omisiones de datos, tales como, falta de información respecto del monto de la transferencia y nombre de la entidad receptora de fondos, unidad revisora de las rendiciones, fecha de la rendición realizada por el beneficiario, monto de la rendición, entre otros”.

En el caso de la Subsecretaría de Educación, el ente fiscalizador también logró determinar que 349 beneficiarios de recursos que rindieron sus gastos, por un total de $ 1.557 millones, pero de los cuales no existe detalle de lo que presentó cada uno.

En la misma institución, Contraloría analizó los convenios colaborativos de los cuales los recursos provienen de la institución. De esta forma, se determinó que entre 2016 y 2017, existen 24 sostenedores de colegios beneficiados que aún se encuentran en “proceso de rendición”, los que suman un total de $ 5.142.975.185 sin rendir.

Pero en este caso, la Contraloría además halló una situación más compleja, pues hay tres sostenedores de colegios que ya no existen, pues sus colegios fueron traspasados a los Servicios de Educación Pública Gabriela Mistral (La Granja, Macul y San Joaquín) o Barrancas (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel). Es decir, ahora ya no dependen de los municipios correspondientes, sino de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).