¿Otro Sierra Bella? Contraloría detecta irregularidades en la adquisición de terrenos del municipio de Casablanca

Este 2023 ya estuvo marcado por los casos de Sierra Bella en Santiago y Cesfam en Las Condes, donde las irregularidades en la adquisición de los terrenos o inmuebles donde serían edificados detonaron sendos escándalos. Pero podrían no ser los únicos de este año, toda vez que en el radar de la Contraloría General de la República (CGR) apareció uno nuevo: a través de una auditoría realizada a la Municipalidad de Casablanca, el ente persecutor dio cuenta de irregularidades en la compra -con sobreprecio- de un terreno de 2,5 hectáreas ubicado en la zona de Lo Vásquez.

Así lo evidencia la auditoría realizada por la CGR a la compra del terreno que tenía como objetivo instalar un polideportivo, pero que, según la pesquisa, fue adquirido por un monto casi cuatro veces más alto que el avalúo fiscal, a través de trato directo durante la administración del exalcalde Rodrigo Martínez (RN). Lo anterior derivó en la instrucción de un procedimiento administrativo.

Las alarmas ya comenzaban a prenderse hace algunos días en el municipio costero al conocer el informe de la CGR, y el actual alcalde Francisco Riquelme (RD) confirmaba la presentación de una querella contra “quienes resulten responsables” de la transacción que costó cerca de 150 millones de pesos, por un terreno que su avalúo fiscal solo alcanzaba los $40.000.000.

Y aunque, como se ha dicho, el objetivo era destinar el terreno a un centro deportivo, este, según Riquelme, “ni siquiera cumple con condiciones mínimas para habilitar un espacio recreativo” de esas características. “Los hechos podrían dar cuenta de la comisión del delito de fraude a una municipalidad, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal”, decía el edil.

En concreto, en el documento de 53 páginas la CGR da cuenta de la adquisición de terrenos por parte de la Municipalidad de Casablanca mediante “trato directo, sin establecer las causas que harían procedente recurrir a la modalidad excepción de contratación” y que “se comprobó que la Municipalidad de Casablanca adquirió terrenos a la empresa LYDA Ltda. (...) por un valor de $150.000.000 y $199.999.998 mediante trato directo”.

En el mismo escrito se señala que la empresa de propiedades CALVAC “licitó a remate un terreno similar al adquirido por el municipio” por el monto de $1.965 el metro cuadrado y que para la comuna costera el costo alcanzó los $4.035 el metro cuadrado, es decir, cuatro veces más que el monto al que estaba avaluado a nivel comercial.

Otro punto clave en el desglose del informe apunta a la cantidad de tasaciones realizadas al terreno. Según un dictamen de Contraloría, el mínimo de informes de tasación que deberían realizarse para la adquisición deberían ser tres, lo que en este caso fue solo una.

“Se advirtió que para realizar la compraventa del terreno de 2,5 hectáreas (...) la municipalidad tuvo a la vista un único informe de tasación (...), en el que se detalla el valor de la propiedad por $168.392, sin que consten otras tasaciones (...) para determinar el precio que se pagará resulta necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán requerirse dos o más tasaciones”, se lee.

Finalmente, el ente persecutor instruyó al municipio costero “un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones expuestas, remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control”.

Tras la presentación del informe, el actual edil destacó el documento y apuntó a la administración del exalcalde Martinez. “Contraloría nos da la razón respecto a la querella que presentamos hace unas semanas por posible fraude al municipio en la compra de un terreno en zona rural por parte de la administración alcaldicia anterior, esto ya no es solo una acción del municipio en la investigación de las posibles responsabilidades penales y administrativas”, señala.

En cuanto a lo mandatado por el ente persecutor, acota que “son dos procesos distintos los que están en paralelo, uno tiene relación a la querella presentada y que el Ministerio Público tiene que resolver, y la otra arista tiene relación con el ente fiscalizador, donde instruiremos un procedimiento disciplinario, solicitado por la Contraloría con un plazo de 15 días, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”.

En tanto, el exalcalde Martínez se defiende de las acusaciones afirmando que son “movimientos políticos para sabotear a su próximo contrincante en las elecciones municipales”, y respecto del informe de la CGR descarta “sobreprecio en la adquisición del terreno”.

“La Contraloría objeta las faltas administrativas respecto a las valorizaciones o tasaciones del terreno, que en este caso solo se efectuó una, pero quiero dejar en claro que Contraloría no habla de sobreprecio”, indica, reforzando que le quiere hacer presente a la CGR “que cuando yo adquirí el metro cuadrado a cuatro mil pesos, actualmente se han vendido terrenos en la misma zona hasta en nueve y diez mil pesos”.

“Las administraciones pueden ser honestas, bien ordenadas, pero nunca son perfectas, porque los alcaldes actuamos en base al Ok de otros funcionarios municipales, y eso produce muchas veces que haya faltas administrativas, que es muy distinto a que haya perjuicios al bolsillo de la municipalidad”, finaliza.