Contraloría expone cuantía del desfalco en Algarrobo: un primo y un sobrino del exalcalde recibieron parte de los $1.193 millones malversados

Durante fines del año pasado la comuna de Algarrobo vivió 32 horas frenéticas, luego de la orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de San Antonio en contra del entonces alcalde José Luis Yáñez (ex-UDI), formalizado por malversación de fondos públicos, tras la cual quedó en prisión preventiva por 150 días después de encontrarse prófugo.

Y ahora la Contraloría General de la República emitió un contundente informe que deja en evidencia la cuantía de las irregularidades, exponiendo la desaparición de $1.193 millones, la existencia de trabajadores fantasmas, más de un centenar de transferencias bancarias -algunas a un primo y un sobrino del exalcalde- y otra serie de irregularidades.

En sus primeras líneas, la auditoría comprobó que Belén Carrasco, en su calidad de extesorera municipal y hoy con prisión preventiva, desde el 1 de junio de 2021 al 7 de noviembre de 2023 efectuó 107 transferencias bancarias que acumulan un total de $1.193.292.004, dirigidas a personas y proveedores que no prestaron servicios ni tenían vínculo contractual con el municipio.

El ente fiscalizador dio cuenta no solo de que Carrasco era la persona a cargo de visar aquellos pagos, sino que además existía una red que involucraba a operadores bancarios, la exdirectora de Desarrollo Comunal y al exdirector jurídico, quienes “no tomaron las medidas de control suficientes para resguardar que tales giros se efectuaran correctamente”.

“Se constató que si bien (Carrasco) en aludido decreto alcaldicio se estableció que ejercería labores en la Tesorería Municipal, no se precisó que tendría el cargo como tesorera (...) se desprende que doña Belén Carrasco efectivamente ejercía el cargo desde el 1 de junio de 2021, sin que la autoridad comunal haya emitido el acto administrativo”, dice el escrito, situación que en más de una ocasión fue pedida de aclarar al exedil por la Secretaría Municipal y concejales, según especifica la auditoría.

Por otra parte, la Contraloría constató que se habrían pagado una serie de montos a sobrino y primo del edil, quien hoy está en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, sin realizar las labores que especificaron. En el escrito se señala que Santiago Fuentes Yáñez y Juan Pablo Maldonado Aravena recibieron transferencias bancarias por $137.500.000 y $125.200.000, respectivamente, “sin haber prestado servicios en el municipio, y teniendo vínculos familiares con el alcalde de la época”.

Asimismo, durante la administración de Yáñez el municipio contrató a honorarios en cuatro oportunidades a un funcionario en específico, quien recibió un total de $34.200.000 para elaborar las conciliaciones bancarias; “no obstante, los informes de actividades por dicho servidor no demuestran que haya realizado la función”, afirma el informe.

Tras la extensa indagatoria de la Contraloría los resultados vinieron a comprobar la serie de irregularidades ya denunciadas, tachándolas de “vulnerar el principio de probidad”, al concluir que la conducta de la extesorera municipal -y pareja del exalcalde Yáñez- está fuera de lo definido por la Constitución.

Por lo tanto, se instruyó al municipio a que “adopte las medidas de control pertinentes a fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a acontecer. No obstante, los antecedentes respectivos junto al presente informe final serán remitidos al fiscal del sumario administrativo que instruye esta Sede Regional”.

Todo esto escalará a la indagatoria que está llevando a cabo el Ministerio Público, por lo que la Contraloría afirma que “se enviará una copia del presente informe final para su conocimiento (...) Asimismo, se remitirá copia al Consejo de Defensa del Estado, atendida la querella presentada sobre estas mismas materias”.

La Contraloría también ordenó un sumario, luego de comprobar que el edil presionó a un subalterno para favorecer a la empresa Amisoft, la cual “tuvo acceso a información y antecedentes previos al llamado de la licitación pública” para arrendar servicios informáticos.

Por último, la CGR efectuará el respectivo juicio de cuentas, para que los involucrados devuelvan el dinero.