Control de identidad: Unicef y expertos detallan punto a punto por qué trasgrede tratados internacionales

Durante la tarde de ayer, Unicef rompió el silencio. El organismo internacional se había mantenido al margen del debate anterior a la presentación del proyecto de ley que modifica el control preventivo de identidad. La propuesta ha sido cuestionada por distintos sectores, debido a que incluye a adolescentes de entre 14 y 18 años.

A pocos días de conocerse el contenido del proyecto, enviado el viernes al Congreso, la institución internacional difundió un comunicado en el que tomó posición en el tema.

"La aplicación del Control Preventivo de Identidad para adolescentes a partir de los 14 años contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile", afirmó Unicef. También expuso que la iniciativa "no avanza en medidas para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a amenazas de discriminación (artículo 2 de la CDN), y de injerencias arbitrarias y ataques a su honra y reputación (artículo 16 de la CDN)".

De esta forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia puso en el tapete las contradicciones que, a su juicio, este proyecto de ley presenta frente a la Convención, ratificada por Chile en 1990. Este duro juicio es apoyado por diversos especialistas en derecho internacional.

En este sentido, la encargada en Protección Infantil de Unicef Chile, Ludmilla Palazzo, aclara que la Convención "es un instrumento que establece ciertos principios, como el de interés superior del niño, la no discriminación, la promoción de su presencia y desarrollo y la escucha de su opinión".

"Si miramos esos cuatro principios fundamentales, esta medida está claramente en contravención con la Convención, en sus principios y varios de sus artículos", enfatiza.

La oficial también cuestionó la necesidad de esta medida. "Si se controla es porque se supone que hay una amenaza al orden público, pero en el contexto del control preventivo esta amenaza en realidad no existe, porque si la hubiese, Chile tiene leyes consistentes para enfrentar hechos delictuales en curso".

Ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, desestimó que exista la posible contradicción alertada por el organismo internacional. "La Unicef puede estar muy tranquila", aseveró.

No obstante, la explicación del gobierno no fue considerada suficiente por la representante del organismo de Naciones Unidas. "La convención insta a los Estados Parte a avanzar progresivamente en la protección y garantía de los derechos. Al tener una ley que obliga a mitigar riesgos de posibles acciones arbitrarias o discriminatorias contra un grupo de adolescentes, no se avanza sino se retrocede en las garantías que ya tienen estos sujetos", precisa.

Por otra parte, la encargada de Protección de Unicef señala la contradicción que esta medida genera con la agenda de infancia impulsada por el gobierno. "Este gobierno y el Estado han puesto a los niños como centro de su agenda política y han asumido compromisos públicos de avanzar en metas concretas para mejorar la vida de los niños. Si estamos avanzando, por qué tenemos que retroceder", se pregunta.

Asimismo, pone acento en lo "peligroso" que puede ser establecer una legislación especial para abordar los delitos de alta connotación pública. "Aquí no se está haciendo una ley para todos, sino para un grupo de los adolescentes. Los menores en conflicto con la ley penal son el 4% y se sabe más o menos donde están. No es efectivo buscarlos en la calle. Además, sólo el 2% de los delitos son cometidos hoy por adolescentes", indica.

"Los países que han logrado políticas preventivas de seguridad son los que han pensado desde la política de protección social, entregando oportunidades reales a los adolescentes. Con una política represiva es muy poco probable que disminuyan los delitos cometidos por adolescentes", recalca.

En tanto, expertos en derecho internacional también se mostraron contrarios a la inclusión de los menores de edad al control de identidad preventivo y respaldaron la posición de Unicef.

Carolina Salinas, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, considera que se trata "de una medida que no se condice con los términos y el espíritu de la convención y muchas tratados de derechos humanos".

Agrega que pese a especificar que los tratados no hablan directamente del control de identidad, "sí sientan las bases para una obligación del Estado de proteger el ejercicio de los derechos humanos de los niños. Dentro de ellos está la garantía a la libertad personal y el libre desplazamiento".

La académica enfatiza que en esta discusión se habla de menores de entre 14 y 18 años. "Es una edad en que ellos ni siquiera tienen, desde el punto de vista legal y civil, la posibilidad de actuar por sí solos. Entre el menor y la sociedad, las autoridades, median los padres", dice.

Sobre la opción que el control preventivo permita advertir la comisión de delitos, Salinas asevera que en esta discusión "no estamos cuestionando que un menor infractor pueda ser sujeto de control o poder judicial, incluso hoy las policías cuentan con el control de identidad investigativo. Acá hablamos de los niños como concepto universal y, por supuesto, debemos pensar en los niños inocentes. En el que va a tener limitada su libertad personal sin tener una causa para ello".

Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se muestra de acuerdo con el planteamiento de Unicef y considera que el proyecto "podría significar una contradicción entre Chile y las obligaciones internacionales a las que Chile ha adherido. Y ello supone en la práctica, una legítima preocupación frente a una posible amenaza a los derechos del niño".

"Me parece que el accionar de las instituciones, haciendo uso de esta facultad, ha dado suficientes muestras de convertirse en una facultad cuyo uso discrecional lleva más a la arbitrariedad y la discriminación Es un ejercicio demasiado abusivo, bastante libre de escrutinio y control", indica.

El experto asegura que se trata de "una amenaza para los niños que los hiciéramos objetos de este control". En este sentido, advierte que "es un hecho que la juventud no se siente cercana a la autoridad, y también que la policía tiende a ver en ellos sujetos de sospecha. Los jóvenes tienen una posición contracultural que no es necesariamente delictiva, pero hay veces que algunos llevan esas dudas a la mera criminalización de la juventud".

Además, mostró su preocupación por la situación de los menores de edad en situación de pobreza, a quienes considera con esta norma "quedarían más expuestos a la persecución policial".

"Debemos ser coherentes desde el momento en que nos interesa proteger a la niñez, que su contacto con la administración de justicia y especialmente su contacto con la policía, no debe ser en un escenario criminalizador, sino protector", señala Abbott.