Copy paste sin explicación: errores en acusación a Montes dan paso a recriminaciones en la derecha

“Como se ha señalado antes, el ‘caso convenios’ es un entramado de ilegalidades y vulneraciones a nuestro ordenamiento jurídico. En este apartado detallamos algunas de dichas vulneraciones de la ley: 1) Artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 y siguientes del Código Penal: correspondientes a delitos y faltas de fraude al Fisco: al momento de la redacción de esta acusación, Daniel Andrade, exdirector de Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, han sido detenidos y formalizados por el Juzgado de Garantías de Antofagasta”.

Ese es uno de los párrafos que ayer fue apuntado por la defensa del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), como un ejemplo de los varios errores formales y de fundamentación que tenía la acusación constitucional presentada por las bancadas opositoras en contra del secretario de Estado.

Si bien el objetivo de la presentación, que fue firmada por representantes de la mayoría de los comités opositores -salvo de Evópoli-, era señalar la negligencia y la falta de supervigilancia del titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) en los traspasos irregulares de fondos públicos a ciertas organizaciones, entre ellas la Fundación Democracia Viva, casi ninguna de estas normas del Código Penal -citadas en el escrito- tiene una relación directa con el caso.

El hecho detectado por el equipo que dirige el abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle, provocó inmediatamente recriminaciones en la derecha.

Uno de los más molestos era el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, quien si bien no facilitó firmas de su grupo parlamentario para presentar el libelo, se había comprometido respaldarlo en la sala. “Me molesta que esté mal hecha (la acusación). Si queremos hacer una buena gestión, tenemos que ser serios. Una vez más, la presiones de ciertos grupos buscando ventajas, lo que han logrado es afirmar la figura del ministro Montes, que a todas luces tiene responsabilidad política”.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, reaccionó con resignación. “Esto quiere decir que no basta con tener las ganas y el ímpetu. Hay que analizar las cosas con más reflexión y recurrir a quienes tienen experiencia. Nosotros en RN no nos involucramos en esta presentación, porque quienes sugirieron esta acusación fueron otras bancadas y nosotros nos limitamos a respaldarlos”.

Desde la UDI, en tanto, tampoco se involucraron en la redacción, pero al igual que RN sí facilitaron firmas de diputados. El problema, admiten desde estas bancadas, es que, incluso, se hicieron algunas recomendaciones, pero que no fueron incorporadas ante la premura de los comités del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano de presentar el escrito inmediatamente después del plebiscito.

¿De quién fue el error? Desde estas últimas bancadas, que fueron las encargadas de redactar el escrito, evitaron responsabilizar a algún asesor en particular. Sin embargo, al cierre de esta edición ya estaba meridianamente claro que los errores estaban en un capítulo que elaboraron los republicanos.

De hecho, el borrador de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha (ambas militantes socialcristianas), quienes fueron las primeras en impulsar el libelo contra Montes, no contenía las referencias equivocadas al Código Penal.

Frente a las críticas, el jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, asumió la responsabilidad como patrocinante del escrito. “Lamentablemente cuando los documentos pasan por tantos niveles de revisión, información e intervención es difícil culpar a alguien. Pero en esto hay que ser hidalgo. Si yo puse la firma, me hago responsable. Esto es parte de ser hombre y ser profesional. Lamentablemente el documento venía con un error. Hay que dar la cara, no tengo problema en asumir la equivocación, pero eso no obsta que estamos hablando de un ministro negligente, que está comprobado que tenía información y, cuando la tuvo, no hizo nada hasta que el escándalo estalló”.

Los errores apuntados por la defensa de Montes iban desde cosas triviales; por ejemplo, las páginas no estaban numeradas o supuestas notas al pie página que no tenía ningún texto asociado.

A juicio de Ruiz-Tagle, estas desprolijidades eran parte de un trabajo basado en “copy paste”, lo que constituía una “descortesía” con los diputados.

No obstante, los errores más gruesos estaban en el marco jurídico de la acusación, donde aparecían citadas, sin una explicación clara, normas del Código Penal (CP). Lo extraño es que estas disposiciones ni siquiera figuraban en la querella que presentaron los republicanos en junio del año pasado por el caso de Democracia Viva.

Por ejemplo, la acusación citaba el artículo 127 del Código Penal, que se refiere a modalidades de prescripción en crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado; el 214 habla de la usurpación del nombre de otra persona; el 205 sobre la falsificación de certificados; el 207 respecto de la presentación de testigos falsos y el 208 menciona que la retractación es atenuante en casos de un testimonio falso.

En tanto, el artículo 9 hace una referencia muy general que tal vez podría tener una lejana relación con las imputaciones a Montes. “Las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas”, dice la ley.

El único que tiene alguna relación con el caso es el número 236 del mencionado Código. “El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio (...)”.