Crece caos oficialista en el Congreso: PPD y PS también quieren “su platita” y se resisten a recorte fiscal a partidos en próximas elecciones

A menos de una semana de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, instancia en la que por lo general los gobiernos aprovechan de fijar una hoja de ruta, las señales de desorden oficialista se siguen acumulando.

Si bien los diputados de la bancada PPD-independientes lideran la lista de salidas de libreto (al recurrir a Contraloría por el acuerdo entre SQM y Codelco, por reimpulsar un nuevo retiro previsional y desmarcarse en la votación de la reforma a la Ley Zamudio), el “chasconeo” comienza a extenderse por casi todas la colectividades de la alianza gubernamental.

De hecho, pasado mañana se termina la veda de un año que impone la Constitución a proyectos desechados, para que una reforma de un nuevo giro desde los fondos de pensiones (iniciativa popularmente apodada como “quiero mi platita”) pueda volver a discutirse en el Congreso, lo que podría dar paso a que más legisladores de la alianza gubernamental se sumen a la idea en la medida en que no avance la reforma previsional.

El cuadro complejo del oficialismo, sin embargo, está mucho más ramificado.

Por un lado, el PC, en cuyas filas no comparten completamente el énfasis de la agenda de seguridad, mantiene una abierta tensión con La Moneda, que le quitó el piso a la tesis de una supuesta persecución política al formalizado alcalde Daniel Jadue.

Los diputados liberales, en tanto, esta semana le comunicaron al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), que cortarían relaciones con el gobierno ante lo que consideran constantes “ninguneos” del Ejecutivo.

A ello se suma la molestia DC por el proyecto sobre aborto legal, anunciado por el Presidente. Si bien la Falange no es parte del oficialismo, sus legisladores son aliados clave de La Moneda.

Sin embargo, lo que terminó por descolocar al gobierno fue la votación de ayer en el Senado, en que la mayoría de los representantes del oficialismo, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra de la propuesta gubernamental que buscaba reducir el gasto público en las próximas elecciones por concepto de reembolso por cada voto recibido. Esta disposición estaba incluida en la reforma que extiende a dos días las elecciones de regionales y municipales, la cual considera un paquete amplio de medidas electorales.

Dado que en los comicios de octubre operaría el sufragio obligatorio, con el riesgo de una sanción de hasta $200 mil, se prevé que habrá una mayor concurrencia a las urnas. Ello impactará directamente en las arcas fiscales, pues actualmente los partidos y los candidatos reciben un reembolso por cada voto que hayan recibido. Por lo tanto, si aumentan los votantes, inevitablemente también el Estado -a través del Servicio Electoral (Servel)- tendría que incurrir en un mayor desembolso de recursos, estimado en 30 mil millones de pesos adicionales.

Según explicó la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha estado a cargo de tramitar la iniciativa, la idea del Ejecutivo era que estos cambios no incidieran en una mayor carga fiscal, por lo que se propuso una fórmula en que hubiera un piso y un techo de reembolsos por voto para que el gasto “sea fiscalmente neutro, puesto que de lo contrario implicaría alrededor de $30.000 millones adicionales a devolver”, dijo ayer en la mañana en la Comisión de Hacienda.

No obstante, la indicación del Ejecutivo solo obtuvo 25 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Con ello, al no reunirse la mayoría de 29 senadores, la norma se cayó.

En el tablero aparecía que toda la bancada PPD-indep. había votado alineadamente en contra del planteamiento del gobierno (Ricardo Lagos W. Jorge Soria, Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ximena Órdenes, además de Quintana). En tanto, los cinco senadores PS presentes en la sala también rechazaron (José Miguel Insulza, Alfonso de Urresti, Isabel Allende y Juan Luis Castro, además de Vodanovic). Solamente no votaron por estar pareados los socialista Gastón Saavedra y Fidel Espinoza. Por su parte, el senador PC Daniel Núñez también votó en contra.

Paradójicamente, la propuesta de ahorro y responsabilidad fiscal que elaboró el Ejecutivo contó mayoritariamente con votos de la derecha, de la DC y de independientes como Fabiola Campillai. Los senadores Esteban Velásquez (FREVS), Alejandra Sepúlveda (indep.) y Claudia Pascual (PC) fueron los únicos oficialistas que apoyaron la fórmula gubernamental.

En todo caso, algunos UDI, como el presidente de la colectividad, Javier Macaya, y Juan Antonio Coloma, optaron por abstenerse.

Si la resistencia prospera en la Cámara, que a partir del lunes comenzará a revisar esta reforma electoral, complicaría eventualmente al Ministerio de Hacienda, pero, al contrario, sería un botín atractivo para los candidatos que mantendrían el mismo valor del reembolso por voto, alrededor de $1.500. Ese monto a veces es cedido por el postulante a su partido, en la medida en que hayan asumido el peso financiero de la campaña. No obstante, al margen de ello, las colectividades reciben cerca de $560 por cada sufragio obtenido por sus candidatos.

La Moneda, en cambio, planteaba que la devolución fiscal fuera de $970 aproximados por cada voto para los candidatos y de $370, adicional, a los partidos.

Si bien ayer ningún senador oficialista explicó las razones por las que no apoyaron la propuesta de su gobierno, hoy consultada por La Tercera, la senadora Vodanovic admitió que el voto en contra se debió a una “descoordinación”, pues los partidos estaban conformes con el mecanismo de un piso que ofrecía el Ejecutivo. Por lo tanto, se mostró abierta a revisar la propuesta en próximas instancias legislativas.

Donde el caos se ha hecho más evidente es en la relación entre La Moneda y la bancada de diputados PPD e independientes.

Sin ir más lejos, ayer el diputado Raúl Solo, militante de la colectividad, acusó que la ministra del Interior, Carolina Tohá (también PPD), demostró “ignorancia” al criticar el rechazo de parte de la bancada a las modificaciones de la Ley Zamudio.

A raíz del desorden que se generó, la secretaria de Estado agendó una reunión para el próximo lunes a la que asistirán el presidente de la colectividad, el senador Quintana, y el jefe de la bancada de diputados PPD e independientes, Jaime Araya.

Pero eso no es todo. En las últimas horas el timonel se ha acercado a los diputados de la bancada para abordar una a una las controversias que han estallado esta semana y así calmar los ánimos.

Hoy, Soto reconoció que “hemos estado conversando con Jaime Quintana y hay buena disposición de ambas partes de bajar las tensiones, contribuir a calmar las aguas y generar los espacios que hoy están faltando”.

En referencia a los cruces, Soto explicó que “se juntaron varias controversias esta semana, donde existen diferencias de opinión, y eso evidencia una falta de comunicación y coordinación que hay que abordar”. En ese entendido, él hizo un llamado a que “en la bancada se nos trate con respeto y que el partido tenga más debate político y diálogo con sus parlamentarios, diputados y senadores”.

Lo propio han hecho los liberales. Luego de que el jefe del comité, el diputado Luis Malla, notificara al ministro Elizalde que evalúa dejar de participar en las reuniones con el gobierno, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, se reunió ayer con el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y expuso ante él la disconformidad que hay en la colectividad por el trato que han recibido por parte del Ejecutivo.